Se acerca el día y se dispara, por no decir fraude, la picaresca. A partir del 1 de enero de 2026 será obligatoria la baliza V-16, ese dispositivo luminoso para alertar de accidentes o incidencias en carretera. El problema, con la nueva norma, es que esos aparatos tienen que estar homologados y en el mercado existen balizas muy parecidas a las legales que no reúnen las características exigidas. La confusión parece asegurada y la venta de estas últimas, alerta Facua-Consumidores en Acción, se está disparando.
Esta organización recalca que lo más grave en este asunto es que muchos de esos dispositivos luminosos no homologados se venden en cajas con la etiqueta de la DGT. Esto ocurre porque esas balizas son hoy legales, a pesar de que la Dirección General de Tráfico intentó retirarlas del mercado.
“Una sentencia del Tribunal Supremo tumbó esa petición”, recodaba ayer una portavoz de la DGT. Así que esos aparatos siguen en el mercado y se pueden utilizar, en estos momentos, como sustitución de los triángulos. Eso se acabará en un mes, cuando el uso de la V-16 pasará a ser obligatorio y esos pirulos luminosos, que hoy algunas empresas están vendiendo como homologados, pasarán a ser ilegales.
Si las empresas que los venden no avisan se aconseja mirar un código que solo llevan los aparatos legales
Ahora esos dispositivos a punto de pasar a la historia conviven con los 200 modelos que han conseguido homologación. ¿La diferencia? Las viejas balizas solo emiten luz, mientras que las que serán obligatorias a partir del día 1 de enero de 2026 tienen adosada una tarjeta SIM que envía información en tiempo real sobre el lugar donde ha ocurrido la incidencia. Esos datos permitirán alertar del accidente en los paneles luminosos de las carreteras y también al resto de conductores, a través de los GPS de los vehículos, que circulan por esas vías.
Las multas que vienen
Para eludirlas habrá que probar engaño
En estos momentos es imposible calcular cuántos conductores han podido caer en la trampa de esas balizas que algunas empresas están vendiendo como homologadas con las siglas DGT grabadas en las cajas. Son esos dispositivos luminosos que hasta el próximo mes de enero pueden usarse en sustitución de los triángulos que ahora pasarán a mejor vida. En caso de multa por el uso de uno de estos dispositivos no homologados el conductor tendría que demostrar que hubo engaño en la compra. Pero eso no será fácil, pues el consumidor tiene que conocer la norma cuando adquiere un producto. En estos momentos las ofertas se multiplican en el mercado y son muchos los conductores que recurren al comercio electrónico para hacerse con una de esas balizas. En estos casos probar el fraude sería más fácil si en esas ofertas se asegura que el dispositivo cumple con lo exigido con la nueva norma
El negocio abierto por la venta de las nuevas balizas se estima en un volumen de 1.400 millones de euros. Hay que repartir dispositivos para los más de 30,5 millones de conductores que circulan por España.
Con estas cifras no tiene que extrañar que algunos busquen hacer su particular agosto con la implantación de esta norma de tráfico vendiendo como homologados dispositivos que no lo son.
Facua ha pedido a la DGT que impulse una campaña, con comunicación directa con los conductores, para alertar de que es muy fácil caer en el error. Aunque a menos de un mes para que la V-16 sea obligatoria se intuye que se llega tarde.
El problema es que se venden aparatos que son legales, pero que no reúnen lo exigido por la nueva norma
Desde la Dirección General de Tráfico se insiste en que ellos poco más pueden hacer que repetir lo que vienen diciendo desde hace ya meses: que antes de comprar esas balizas hay que confirmar que la que se adquiere está homologada.
Esto se puede consultar en la página web de la DGT, donde se enumeran los 200 modelos autorizados a la treintena de empresas –muchas son chinas– que se reparten el goloso pastel.
Y repiten que nada pueden hacer para frenar los aparatos luminosos, sin conexión por SIM, después de que los jueces se negaran a retirarlos del mercado para evitar, precisamente, esta confusión. El anuncio de la implantación de esta baliza se hizo ya años atrás.
Cuando se compra hay que comprobar que el dispositivo adquirido esté homologado
Hay un detalle que puede ayudar a diferenciar entre un dispositivo homologado y otro que no lo está. Cada baliza lleva un código que arranca con las letras LCOE o IDIADA, seguido de una serie de números. Eso confirma que el aparato reúne las condiciones exigidas. Que ese dispositivo está preparado para comunicar la ubicación del vehículo accidentado o averiado a la plataforma de la DGT 3.0. Con esos datos se podrá avisar al resto de conductores de la incidencia y trasladar esa información en tiempo real a los paneles de las carreteras.
El precio de las balizas autorizadas oscila entre los 40 y 50 euros. Así que hay que sospechar de ofertas que estén muy por debajo de esa cantidad. Y la DGT avisa: a partir del 1 de enero no habrá excusa si no se tiene ese pirulo en caso de accidente o incidencia. Lo que no hará Tráfico, revelan, es buscar los primeros días si los conductores que no han tenido ningún percance llevan o no ese dispositivo en el coche. Con esto se va a dar un tiempo a los ciudadanos para que se adapten a la nueva norma.
