El Govern ha abonado subvenciones por valor de 46,5 millones de euros a empresas sociales que emplean a personas con discapacidad. Así consta en una resolución del director general de Economia Social i Solidària de la Generalitat, David Bonvehí. Los plazos de la administración han soliviantado a un centenar de cetis o centros especiales de trabajo de iniciativa social, que denunciaron a través de Dincat “un trato inadmisible”.
Dincat, que agrupa a unas 300 entidades sociales, es una de las principales plataformas del sector. En unas recientes jornadas en las que anunció que el Govern fomentará la contratación de trabajadores con discapacidad, el propio David Bonvehí reconoció que la tramitación de las subvenciones se alarga más de lo deseable, pero aseguró que se debe a que el procedimiento se ha cambiado y aún está pendiente de ajustes.
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El departamento de Empresa i Treball reaccionó a las críticas de Dincat asegurando que las primeras subvenciones se pagarían en diciembre, y así ha sido. Dincat lamenta que ayudas que cubren los primeros meses del año no lleguen hasta diciembre. Los 46,5 millones que acaba de desbloquear la Generalitat corresponden al periodo comprendido entre enero y mayo, por lo que el resto de ayudas del 2025 ya no llegarán hasta el 2026.
La tramitación ya era farragosa antes, pero cetis que han lanzado incluso una campaña en Change.org aseguran que los plazos de ahora se han disparado. La resolución de la Generalitat reconoce que los centros que se beneficiarán de las ayudas presentaron las solicitudes “en tiempo y forma”. Prácticamente, el 100% de las peticiones se han aprobado, salvo en un caso, una empresa de Badalona que pedía. 3.314 euros.
La indignación de una joven con discapacidad
Esa única empresa rechazada alegaba tener dos trabajadores, pero según la resolución sus salarios no son subvencionables. Otras 198 empresas sí han visto atendidas sus peticiones, aunque la administración ha rebajado un poco sus expectativas. Las subvenciones que reclamaban sumaban en total 48,7 millones. La Generalitat, sin embargo, ha acabado concediendo 46,5. Para esas rebajas hay 12 motivos administrativos.
Discapacidad intelectualUn colectivo de 230.000 personas
Se calcula que en España hay alrededor de 230.000 personas con discapacidad intelectual. De ellas, solo 15.000 disponen de empleo. Y de esas 15.000,unas 10.000 trabajan en centros especiales y 5.000 en empresas ordinarias. En Catalunya hay 79.000 personas que tienen discapacidad intelectual reconocida.
Así consta en la última radiografía sobre el colectivo realizada por Dincat, con datos relativos al 2022. “La falta de formación adaptada y los escasos recursos dificultan el acceso de estas personas a un empleo y a una vida independiente”, explica la fundación Aura, otro nombre clave de la inclusión sociolaboral.
Los centros disconformes con la cifra final tienen un mes desde la decisión de la dirección general de Economia Social i Solidària para presentar un recurso administrativo. Entre las empresas beneficiadas las hay con plantillas reducidas, por ejemplo con un único puesto de trabajo subvencionable. Otras, por el contrario, tienen más de 300, como es el caso de un macrotaller de Igualada. Y las hay todavía más grandes...
Un funcionario municipal con movilidad reducida
Los trabajadores que se benefician de las ayudas son un total de 17.811 y se engloban en tres categorías, en función del grado de discapacidad y del porcentaje que se subvenciona de su salario mínimo interprofesional. A 4.296 personas de estas plantillas se les subvenciona el 65%, a 7.820 el 60% y a 5.695 el 30%. Las ayudas a las empresas pueden oscilar entre 5.000 euros y más de un millón. Al menos dos centros han superado esta cantidad.
Las plantillas de estas dos empresas, ambas con sede central en Barcelona, son de 346 personas en un caso y de 857 en el otro. El resto del dinero se reparte entre fundaciones, asociaciones, empresas con plantillas vulnerables, entidades sin ánimo de lucro y varios consejos comarcales con trabajadores con discapacidad. Si no fuera por iniciativas como las suyas, el paro en este sector tan frágil sería todavía peor.
