Las Claves
- El conflicto del hospital de Torrejón revela fallos en la vigilancia administrativa y una quiebra estructural profunda del sistema sanitario público español.
- La gestión pública tradicional presenta rig
El conflicto suscitado respecto al hospital de Torrejón, motivado por unas grabaciones en las que su director general sugiere limitar la atención médica para incrementar los beneficios financieros, manifiesta distintas equivocaciones de peso: un dilema moral y directivo de las entidades concesionarias y una carencia de la administración en la elaboración del acuerdo, que omite instrumentos de vigilancia efectivos para subsanar actuaciones improcedentes en una parcela tan vulnerable como la sanidad.
Sin embargo, el fallo más grave sucedería si se pensara que los inconvenientes de la sanidad española se deben a las circunstancias de algunos centros de gestión privada en la Comunidad de Madrid. Dicha visión puede ser ideológicamente calmante, aunque es dañina puesto que aparta la mirada de la cuestión auténtica: una quiebra estructural de mayor calado que impacta a todo el sistema sanitario público.
Vista de la entrada al hospital de Torrejón de Ardoz bajo la dirección del grupo sanitario Ribera.
Hay una coincidencia generalizada entre especialistas, administradores y observadores en que el esquema de salud soluciona eficazmente los cuadros clínicos difíciles, si bien flaquea de manera continua en los aspectos esenciales: la entrada al sistema, la coordinación del cuidado y las listas de espera. No se trata de una carencia médica, técnica ni exclusivamente financiera; es, ante todo, una dificultad de índole organizativa.
La raíz de estos inconvenientes se halla en que gran parte de las instituciones de salud estatales continúan funcionando bajo las normas de la gestión pública tradicional: poca habilidad para captar y mantener profesionales cualificados, falta de estímulos por rendimiento, partidas presupuestarias inflexibles y una autonomía de gestión bastante restringida en los puntos de asistencia. Es un esquema diseñado para la gestión administrativa y enfocado hacia la certidumbre legal, aunque resulta evidentemente insuficiente para un sector tan intrincado como el de la sanidad.
La urgencia de progresar en dichas transformaciones de gestión es una visión común entre los especialistas, sustentada además por tres evidencias sólidas. La primera señala que las prestaciones de titularidad estatal pueden estructurarse de maneras variadas sin renunciar a su esencia comunitaria. Bajo una perspectiva legal, no se circunscriben únicamente a la administración pública tradicional, sino que es posible ofrecerlas a través de una dirección pública directa con independencia funcional –consorcios, fundaciones o empresas públicas– o mediante acuerdos con organismos del tercer sector. Lo fundamental en cada situación es que el sustento económico, la programación, el marco normativo y la responsabilidad ante la ciudadanía permanezcan en el ámbito público.
La dificultad principal del sistema sanitario público reside en su administración: resulta urgente aplicar modificaciones de forma instantánea.
El no admitir esta realidad ha provocado una falsedad tan difundida como errónea: calificar de privatización todo sistema organizativo que prescinda de la gestión estatal inmediata. Tal malentendido ha sido reforzado adicionalmente por la protección de la condición de funcionario por ciertos grupos, una aspiración laboral válida que no tendría que asimilarse al beneficio común.
La segunda realidad reside en que España representa una excepcionalidad dentro del marco europeo, debido a que gran parte de las naciones dejaron atrás hace tiempo el modelo de administración directa en sus centros hospitalarios. El tercer punto destaca que los datos empíricos existentes señalan de manera reiterada que los centros sanitarios públicos bajo modelos de gestión rinden con mayor eficacia que aquellos gestionados administrativamente. Investigaciones realizadas por la Escuela Andaluza de Salud Pública y por IASIST, que analizan a más de 200 hospitales, revelan grados de productividad hasta un 20 % más elevados, conservando estándares de atención médica similares.
Considerando lo expuesto previamente, queda claro que el modelo de salud requiere implementar transformaciones estructurales de calado. Proyectos tales como CAIROS surgen con dicha finalidad: transitar de la burocracia administrativa a una verdadera dirección pública, dotada de más poder resolutivo, independencia comprometida y enfoque en los logros. El estancamiento en este proceso deriva en una peor disponibilidad de los servicios, en el desvanecimiento de la credibilidad de la población y en un progresivo desplazamiento hacia alternativas particulares, lo cual termina por socavar el compromiso tributario y los fundamentos del Estado del bienestar.