Reino Unido evalúa vetar X en caso de confirmarse que Grok ha vulnerado la normativa de seguridad en línea.

Polémica

La propia Ofcom ya manifestó al anunciar el comienzo de las pesquisas que la posibilidad de un veto absoluto representaría la medida final en caso de determinar que X está vulnerando la reglamentación.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 12: In this photo illustration, a screen displays a post by Elon Musk on the X app, showing an AI prompt-created image, made with Xai's Grok app, depicting Musk wearing a bikini, on January 12, 2026 in London, England. Today the UK communications regulator Ofcom launches a formal investigation into Elon Musk's social media platform X regarding its AI chatbot, Grok.ÂThe probe centres on reports that Grok has been used to generate non-consensual sexual deepfakes, including

Representación producida por Grok que exhibe a Elon Musk, dueño de X, luciendo un bikini (Foto de Leon Neal/Getty Images)

Leon Neal / Getty

Las Claves

  • El Reino Unido evalúa vetar X si Grok incumple la ley de seguridad online británica mediante la creación de contenido sexual ilícito.
  • Ofcom investig

El Reino Unido contempla la posibilidad de vetar por completo a X, en caso de comprobarse que Grok, su inteligencia artificial (IA) incorporada, ha quebrantado la ley de seguridad online británica (OSA). Esta acción extrema sería factible gracias a un apartado de la OSA que faculta a Ofcom —el organismo regulador de telecomunicaciones en el Reino Unido— para pedir un mandato judicial que establezca “medidas de interrupción de la actividad” contra cualquier plataforma o app que viole la normativa mencionada. 

La falta que Ofcom está analizando actualmente, y que podría provocar la clausura de X, coincide con el motivo por el cual naciones tales como Indonesia o Malasia han vetado Grok en sus regiones: la creación de contenido visual de índole sexual que quienes utilizan Grok generan empleando retratos de individuos sin su autorización, abarcando incluso a niños. Dicha indagación, tal como afirma The Guardian, posee el apoyo por parte del Gobierno de Reino Unido. 

Entre seis y nueve meses

Es probable que Ofcom progrese con prudencia siguiendo el protocolo para evitar que X pueda solicitar una revisión judicial.

Específicamente, lo que estipula la OSA no consiste en una clausura inmediata, sino en una interrupción de hecho: las disposiciones contempladas en la normativa abarcan forzar a una operadora de red a restringir la entrada a un sitio o demandar a los gestores de cobros internos o a los patrocinadores que suspendan sus prestaciones a esa entidad. Tales acciones representan un veto efectivo para el servicio afectado.

En este sentido, Ofcom investiga si X omitió analizar el peligro de que los individuos visualicen material ilícito en su sitio y, por lo tanto, no implementó acciones pertinentes para impedir que el público acceda a contenidos prohibidos, tales como la difusión no consentida de fotos íntimas y archivos de explotación sexual de menores. Asimismo, examina si la red social de Elon Musk ha fallado en retirar con prontitud esa información ilegal y si ha descuidado la seguridad de sus miembros ante infracciones a la normativa de privacidad al consentir la alteración de fotografías sin autorización. Finalmente, el organismo del Reino Unido evalúa si la empresa no ha considerado las amenazas que X podría suponer para la infancia y si carece de sistemas de comprobación de edad eficientes para restringir su entrada a materiales pornográficos.

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Al respecto, conviene señalar que a partir de julio del ejercicio anterior rige en Reino Unido una normativa, igualmente contemplada en la OSA, que exige implementar un mecanismo de comprobación de edad eficaz con el fin de evitar que los jóvenes entren a materiales para adultos. Dicha exigencia no se limita únicamente a los sitios web eróticos, sino que abarca a cualquier espacio digital donde se pueda visualizar este material sexual, tales como Instagram o la misma X. 

Por lo general, una indagación de Ofcom se prolonga entre seis y nueve meses, y aunque en esta situación el impulso de resolver con rapidez pueda incrementarse por el respaldo del Gobierno británico, es difícil que esta entidad autónoma no emplee el tiempo requerido para proceder respetando los protocolos fijados en la legislación. Proceder de otra forma implicaría el riesgo de que X pida una revisión judicial, un trámite donde un magistrado evalúa si la resolución adoptada por una institución estatal fue conforme a la ley.

Otras medidas

Sanciones de 18 millones de libras esterlinas (21 millones de euros) o el 10% de sus ingresos mundiales, imponiéndose la cifra que sea superior.

En otro sentido, la misma Ofcom ya señaló al anunciar el comienzo de las pesquisas que la posibilidad de un veto absoluto representaría la opción final en caso de determinar que X vulnera la OSA, e indicó que tal disposición se limita a “casos graves de incumplimiento continuo”. En realidad, las normas internas de Ofcom igualmente precisan que la clausura no representa un castigo común, conforme a la legislación, y que este tipo de acciones carecen de carácter ordinario. “Reconocemos que las medidas de disrupción de la actividad empresarial constituyen una intervención regulatoria significativa y, por lo tanto, es improbable que consideremos apropiado solicitar a los tribunales medidas de disrupción de la actividad empresarial  cuando hayamos identificado incumplimientos”, expresó Ofcom en comentarios recopilados por The Guardian.

No obstante, existen diversas acciones que Ofcom podría ejecutar aparte de la suspensión definitiva de X en Reino Unido. De este modo, tiene la facultad de exigirle pasos concretos para acatar la OSA o subsanar los daños derivados de ignorar la normativa. Asimismo, cuenta con la potestad de aplicar sanciones de 18 millones de libras esterlinas (21 millones de euros) o el 10% de su facturación global, optando por la cifra más elevada. Aunque la facturación de X no es de dominio público, proyecciones de eMarketer indicaban que alcanzaría los 1.973 millones de euros por publicidad durante el ejercicio anterior, lo cual supondría un castigo económico de poco menos de 200 millones de euros.

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