Salut premiará económicamente a los CAP que eviten alargar más de la cuenta bajas laborales
Sanidad
La medida se impone tras constatar que la demora en diagnósticos o pruebas impera en muchos centros
La medida pretende que ninguna baja se alargue más de lo necesario por falta de diagnóstico o tardanza excesiva en la realización de pruebas.
El Departament de Salut de la Generalitat premiará con incentivos económicos a los Centros de Atención Primara (CAP) que eviten bajas laborales sin diagnóstico o que se alarguen por demoras en la realización de pruebas. Esto incluye a todos los cuadros médicos, confirma a Guyana Guardian un portavoz de esa Conselleria, y los fondos destinados a esos incentivos procederán del Ministerio de Sanidad.
La medida llega, indican las mismas fuentes, tras constatarse que algunas bajas se alargan mucho más de lo que tocaría principalmente por la tardanza en la realización de pruebas que deben de confirmar si la situación del paciente ha mejorado o no tras el primer diagnóstico que propició esa baja.
Salut pone ejemplos. No es de recibo “estar cinco meses para obtener un diagnóstico, como pasa ahora en algunos casos de cuadros no urgentes”. ¿Cómo se valorará qué centros merecen este premio? “Tendrán que demostrar que han incluido mejoras para paliar esta situación o que el periodo de bajas por incapacidad laboral ha descendido respecto a balances de años anteriores”, avanza el mismo portavoz.
No es de recibo “estar cinco meses para obtener un diagnóstico, como pasa ahora en algunos casos de cuadros no urgentes”, dice la Conselleria
Un ejemplo para demostrar que se ha cambiado el método de trabajo y se presta más atención a ese asunto “sería incluir un sistema informático que avise sobre la realización de pruebas para confirmar diagnósticos. Así se aseguraría un control permanente de esos pacientes”, añaden esas fuentes. Si las pruebas son más rápidas se da por hecho que la baja laboral durará lo que tiene que durar. Se quiere evitar, por otro lado, que se cursen bajas sin un diagnóstico razonado y claro.
Desde la Conselleria recalcan que la incapacidad temporal “responde a un problema de salud y se aborda como tal”, por lo que se fijan indicadores de referencia, como en cualquier otra actividad, pero “siempre bajo criterio médico”.
Las primera críticas
Pérdida de confianza médico-paciente
Plataformas de profesionales como el Fòrum Català de l’Atenció Primària (FoCap) y La Capçalera ya han impulsado un manifiesto, adelanta la cadena SER, para reclamar a Salut que retire la medida. El FoCap considera que es una coacción económica para acortar el tiempo de baja laboral que provocará una pérdida de confianza en la relación entre médico y paciente. La Capçalera, denuncia, por su parte, que “no es una medida aislada sino que responde a una estrategia” para reducir el número o la duración de las bajas laborales. Lamenta, según esa misma información, que esa Conselleria pretenda que los médicos actúen “con una lógica de eficiencia económica y de ahorro y no con el criterio de proteger a la población”.
La medida anunciada por Salut se conoce días después de hacerse público un informe que revela que las incapacidades temporales han pasado de 4,7 millones de episodios (de contingencias comunes) en el 2017 a casi 8,6 millones en el 2024, lo que ha incrementado el gasto en incapacidad temporal en un 58% en el mismo periodo de tiempo.
Un informe revela que las incapacidades laborales casi se han doblado en España en solo siete años
Esta es una de las conclusiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef() Ese informe revela, asimismo, que la duración media de las bajas ha aumentado en los últimos años un 14,8%, al pasar de una duración media de 40 días en el 2017 a 45,9 días en el 2024. Ese organismo advierte de una falta de control entre médicos y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) en el proceso.
Este incremento de las bajas laborales, según los datos recopilados por la Airef, tiene una cara factura- Ha provocado que el coste por las incapacidades temporales se dispare. Así, el gasto para la Seguridad Social alcanzaba en el 2014 los 5.400 millones, para pasar en el 2017 a 7.000 millones.