La Fiscalía de Barcelona crea una nueva sección pionera de protección a personas vulnerables: “Buscamos una justicia más humana”
Justicia
El nuevo servicio quiere centrar su actuación en combatir la violencia contra niños, adolescentes, discapacitados y víctimas de violadores en serie
Nueva sección judicial especializada en delitós violentos y sexuales. Félix Martín,Rocío Pintor Pavón, Elisabet Jiménez Cabestany, y Laura Rodríguez-León Rodríguez.
La fiscalía de Barcelona ha presentado este viernes una nueva sección pionera para la protección de la infancia, la adolescencia, personas con discapacidad y aquellas personas que se encuentren en circunstancias de “vulnerabilidad situacional”, como por ejemplo mujeres víctimas de violadores en serie. Desde su entrada en funcionamiento, ha recibido aproximadamente 200 procedimientos, entre ellos el caso Flecha, aunque en su mayoría son por violencia sexual y violencia familiar a menores.
El Servicio Especializado en la Protección de Personas Vulnerables abordará la violencia desde una nueva perspectiva, afrontando el proceso desde el inicio y acompañando a la víctima, siempre teniendo en cuenta sus circunstancias. “La creación del servicio supone un cambio fundamental. Pasamos de un modelo centrado exclusivamente en el delito a uno que sitúa en el centro a la víctima y su protección durante todo el procedimiento”, ha señalado el fiscal Félix Martín, responsable de la nueva sección. “No se trata de hacer más, sino de hacer mejor investigación, mejor preparación de la prueba, mejor protección y, en definitiva, una justicia más eficaz y más humana”, ha añadido. La nueva sección contará con las fiscales Elisabet Jiménez Cabestany, Rocío Pintor Pavón y Laura Rodríguez-León.
Los fiscales de la sección de personas vulnerables abordarán los casos de violencia y agresiones sexuales a todos estos colectivos desde el inicio, teniendo en cuenta las dificultades específicas que entrañan estos asuntos y evitando que el proceso judicial las revictimice. Así, valorarán factores como “el miedo, la dependencia o el aislamiento” que pueden suponer dar el primer paso de denunciar; la presión que sienten muchas víctimas en el momento de mantener el relato, y cómo la tardanza de la justicia en dar una respuesta puede “debilitar su testimonio”. También tendrán en cuenta que la confrontación en una sala de interrogatorios puede resultar “traumática y revictimizante”, y que el contacto visual o físico con el agresor puede causar un daño añadido. “La justicia no puede ser igual para todos si no tiene en cuenta que hay personas que parten de situaciones profundamente desiguales. La verdadera igualdad exige que el sistema se adapte a quienes más lo necesitan”, ha remarcado Martín.
Durante la presentación, ha destacado que “estos casos no son procedimientos aislados”, sino investigaciones que requieren tiempo, metodología específica y una visión global del comportamiento delictivo. La especialización, subrayaron, permitirá ofrecer criterios homogéneos en cuestiones técnicamente complejas, reforzando la seguridad jurídica y mejorando la eficacia de la respuesta penal.
El núcleo: la protección de la infancia
Uno de los ejes centrales del nuevo servicio es la protección de menores, especialmente en contextos de violencia sexual y familiar. La fiscal Elisabeth Jiménez, una de las cinco fiscales de la sección, ha explicado que el objetivo es atender la evolución madurativa de los menores, más allá de su edad; tratar de conseguir más corroboraciones —además de la del menor— para lograr una sentencia condenatoria; preparar el juicio desde un momento muy inicial del procedimiento; y trabajar en red con los equipos técnicos que asistan a las víctimas, como pediatras, psicólogos y trabajadores sociales.
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Lo que se pretende es proteger a los menores durante el proceso, evitar que tengan que declarar varias veces y que cuando lo hagan sea en condiciones adecuadas, sin confrontación visual con el agresor para evitar daños accesorios. “Barnahus es un modelo fundamental”, ha defendido la fiscal, un lugar en el que todos los operadores jurídicos, forenses, pediatras y policías se encuentran para evitar que el menor tenga que acudir a la Ciutat de la Justícia. “Nuestro objetivo es que el menor participe en el proceso sin sufrir daños innecesarios, y esto pasa por no declarar repetidamente, minimizar el número de veces que debe contar su historia y que sea escuchado en un entorno adaptado y seguro, sin confrontación visual con el agresor”, han señalado. Para lograrlo, pondrán el foco no solo en el relato de la víctima, sino en mejorar la investigación del delito obteniendo “corroboraciones periféricas” para “construir una prueba sólida”.
Agresores sexuales en serie y trastorno mental
La nueva sección también se ocupará de investigar a los agresores sexuales seriales para asegurar que los procedimientos penales queden agrupados y no dispersos entre varios juzgados. “Así habrá concentración probatoria y permitirá que las víctimas declaren una única vez, evitando la revictimización”.
Otra de las causas que asumirá será la investigación de agresiones cometidas por personas con un trastorno mental. “Esto conlleva establecer criterios homogéneos sobre imputabilidad y medidas de seguridad y realizar protocolos de detección de las enfermedades mentales en la detención o en momentos iniciales de la investigación, garantizando sus derechos desde el inicio y orientando adecuadamente el procedimiento penal”, señalan.
“Nunca va a ser suficiente y vamos a hacer todo lo posible y nunca nos vamos a dar por satisfechos por atender como se merece a una víctima de estos delitos”, ha señalado Martín, que ha dicho que la vulnerabilidad, entendida en su sentido más amplio, es y será el centro de su cometido, ya sea por edad, por enfermedad o por situación.
