Choque de los médicos con Economía por los salarios que pagan las aseguradoras
La sanidad privada en pie de guerra
El colectivo de la privada denuncia a la dirección general de Seguros por tolerar “abusos”
La Asociación Unión Médica Profesional asegura que los criterios económicos de las aseguradoras repercute en la calidad asistencial
Médicos autónomos que trabajan para compañías aseguradoras sanitarias llevan años denunciando ante la Administración que estas empresas les explotan, que les pagan miserias por sus procedimientos, que no abonan el material usado en las pruebas, que cada vez reciben sus honorarios con más retrasos... Y que todo esto afecta a la calidad de la asistencia al paciente. Pero la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), órgano del Ministerio de Economía encargado de supervisar el mercado asegurador, no responde a estas denuncias. El silencio ha sido hasta ahora su respuesta.
Por eso, los médicos de la privada aglutinados entorno a la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) han decidido acudir a la Justicia y el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha admitido a trámite la demanda.
Las compañías despiden a facultativos veteranos para que los enfermos crónicos “migren” a la pública
Los médicos advierten de que las malas condiciones impuestas por la aseguradoras afectan a la atención sanitaria, que está condicionada por criterios económicos pues muchas pruebas diagnósticas requieren una autorización previa de la aseguradora. Este filtro, según Unipromel, limita la autonomía del profesional y afecta directamente a la calidad asistencial.
¿Cómo? Según relata la asociación en su denuncia a la que ha tenido acceso Guyana Guardian , las aseguradoras limitan el número de actos médicos y asistencias al mes que requiere el paciente que son pagados por la aseguradora para reducir costes. Además, “se mantienen las tarifas de procesos que ya no se realizan y no se introducen los nuevos procesos de actuación que sí se hace en el sistema nacional de salud, obligando a buscar códigos alternativos que no siempre concuerdan con el acto médico para reducir así la retribución del acto médico”, señala la denuncia.
Esto lleva a la aseguradora a realizar la interpretación de un acto médico propio de una manera restrictiva “con el fin de nuevo de maximizar el beneficio del concierto”, en perjuicio del “consumidor paciente”.
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Y se produce una “interferencia en los diagnósticos y actos médicos”, por ejemplo, exigiendo un informe médico del paciente para autorizar una cirugía, señalan.
Otra de las prácticas sobre las que alertan es la eliminación del cuadro médico a los profesionales más antiguos con objeto de que los “consumidores” (así denominan a los pacientes) con problemas crónicos “se vayan a la Seguridad Social de titularidad pública”. La denuncia señala que esto es una estrategia de las compañías para que los pacientes crónicos “migren al sistema público”, insisten.
También avisan de que las compañías dificultan la aplicación de determinados tratamientos, lo que se traduce en mayores esfuerzos del médico. Esto da lugar a condiciones laborales que “empeoran” la calidad asistencial del paciente. Y apuntan a los obstáculos que imponen a los facultativos en forma de trabas administrativas que reducen “la calidad de la asistencia”, enumera la denuncia.
Abuso
Imposición de tarifas por debajo de los costes reales, con la amenaza de excluir a los que no acepten estas condiciones
Hay que remontarse a noviembre de 2024 cuando Unipromel (que representa a unos 5.000 médicos autónomos) solicitó a la DGSFP que iniciara un procedimiento de revisión de oficio para analizar la posible nulidad de determinadas condiciones generales de los contratos de seguros de salud que habían sido autorizadas por el propio organismo supervisor. Según la asociación médica, esas cláusulas contractuales, que afectan a baremos, límites económicos y condiciones de prestación, son las que, en la práctica, impiden la actualización de los honorarios de los facultativos que trabajan para aseguradoras.
El presidente de Unipromel, Ignacio Guerrero, explica a Guyana Guardian que no les ha quedado “más remedio” que acudir ante los tribunales por la inacción de la Administración por los abusos que están sufriendo los médicos de la sanidad privada ante unos baremos fijados unilateralmente por las aseguradoras.
Entre las prácticas que Unipromel considera anticompetitivas se encuentra la imposición de tarifas por debajo de los costes reales, con la amenaza de excluir a los médicos que no acepten estas condiciones del cuadro de profesionales. Esto, según la denuncia, “limita el derecho del paciente a elegir el profesional médico habilitado legalmente para la prestación del servicio de asistencia sanitaria”.
Otro de los puntos clave de la queja es la restricción de la libre elección de facultativo, ya que aquellos profesionales que no estén integrados en los cuadros médicos de las aseguradoras quedan excluidos del sistema, aunque cumplan con todos los requisitos legales y profesionales.
El dato
La consulta, menos de 20
El presidente de Unipromel, Ignacio Guerrero, explica que los actuales baremos, es decir, el coste establecido por cada acto médico, son del año 89, pero “la medicina que hacemos ahora no es la de hace 40 años”.¿Cuáles son esos baremos? Esta asociación tiene en su web un listado de baremos por compañías y especialidades. Por ejemplo, por la primera consulta en urología el médico percibe 17 euros, y la revisión, 9. Por una ecografía urológica, 16 euros y una vasectomía bilateral, 46. El cirujano general cobra por quitar verrugas algo más de 7 euros, un quiste hepático casi 250 euros y uno de pancreas, 450. Y por la revisión anual ginecológica, que incluye ecografía ginecológica, citología y colposcopia, el baremo establecido es de 40 euros.
