Múltiples frentes acorralan al mayor al proyecto eólico previsto en España
Investigación abierta
Las entidades cívicas piden paralizar el despliegue del Clúster Maestrazgo
Zona del Maestrazgo turolense cercana al parque eólico Todolella, ya en Castellón
El inicio de las obras del Clúster Maestrazgo, el proyecto eólico más grande de España (que incluye 20 parques con 125 aerogeneradores en Teruel) no tiene un calendario definido. Los plazos de realización son un misterio. Pese a que la empresa promotora cuenta con una declaración de impacto ambiental favorable (el documento decisivo para este despliegue), el horizonte de este macroproyecto se ha oscurecido.
La ofensiva desatada por sus opositores, tanto por la vía administrativa como judicial, arroja ahora grandes incógnitas. Los nubarrones han crecido aún más al conocerse que el juzgado número 1 de Teruel ha iniciado una investigación para esclarecer si la empresa Forestalia, promotora inicial del proyecto, obtuvo la declaración de impacto ambiental de manera fraudulenta.
Mientras tanto, la empresa que ha tomado tomó el relevo a Forestalia, Copenhagen Infrastructure Partners, ha hecho saber que sigue trabajando “para poder iniciar las obras tan pronto como se resuelvan los últimos trámites administrativos”, sin que pueda determinar una fecha.
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Una ofensiva ciudadana, capitaneada por Teruel Existe o la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, ha promovido la presentación ante el Ministerio para la Transición Ecológica de centenares de recursos de alzada contra las decisiones finales que quedan pendientes (las autorizaciones previas, las autorizaciones de construcción y las declaraciones de utilidad pública), en un intento de bloquear el proyecto. Muchos de estos recursos han sido contestados pero muchos otros aún no.
Sin embargo, la batalla principal se ha trasladado al juzgado de Teruel. El expediente dio un vuelco total pasado martes, cuando una investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil condujo a la detención de seis personas (que luego fueron liberadas) en el marco de una vasta operación dirigida a detectar irregularidades en la tramitación de este y otros proyectos eólicos y solares impulsados en su día por la empresa Forestalia.
Un antiguo subdirector general del Ministerio de Transición Ecológica está en el centro de las pesquisas policiales
La Guardia Civil informó de la implicación en esta trama de una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica. Se señala que esta persona pudo influir de manera irregular para que Forestalia obtuviera la declaración de impacto ambiental favorable para el Clúster Maestrazgo. Otras operaciones de esta índole están siendo investigadas. El ex alto cargo detenido era Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica, hoy jubilado, fue nombrado subdirector general de Evaluación Ambiental en 2017 por la entonces ministra Isabel García Tejerina (PP). Con llegada de la vicepresidenta Teresa Rivera, este funcionario de carrera permaneció en su puesto, ya que la ministra solo sustituyó a los altos cargos (director general hacia arriba). En la referida operación también fue arrestado el empresario Fernando Samper, dueño de Forestalia.
La investigación persigue indagar en los posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales. Las autoridades tratan de determinar si durante la tramitación de los parques eólicos y fotovoltaicos se manipularon declaraciones de impacto ambiental (para facilitar la obtención de los permisos necesarios) a cambio de mordidas. En las pesquisas se han esgrimido diversas pruebas que podrían cuestionar la viabilidad de las licencias firmadas. Plataformas cívicas piden paralizar cautelarmente el despliegue del Clúster mientras se aclara la investigación judicial.
Amplia contestación social
La historia del Clúster Maestrazgo (763 MW) ha estado jalonada de polémica. Dotado con máquinas de hasta 6,1 MW de potencia, el complejo aprobado incluye torres de hasta 161 metros de altura, lo que sumado a las aspas hace que los molinos alcancen más de 200 metros de altura. Sus 125 aerogeneradores serían capaces de atender la demanda equivalente al consumo medio de 570.000 hogares al año.
Sin embargo, el plan fue muy contestado socialmente. Un total de 85 molinos están situados en Red Natura 2000 (hábitats de interés comunitario), los expertos alertan sobre el impacto sobre las aves y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos retiró el proyecto para reintroducir esta especie en la comarca por el riesgo de colisiones. La polémica sobre los árboles que deberían ser talados ha sido muy agraria, porque la Administración nunca lo ha aclarado.
Las investigaciones judiciales emprendidas se derivan de las denuncias presentadas por Teruel Existe. Esta organización sostiene que muchos proyectos (eólicos y solares) obtuvieron del Ministerio para la Transición Ecológica declaraciones de impacto ambiental favorable de manera incorrecta y “son constitutivas de un posible delito medioambiental”, según Ernesto Romeo, su portavoz.
“Llevamos años denunciando que lo que ha ocurrido en Aragón con las renovables es el Far West, donde todo estaba permitido, con partidos de gobierno que no hicieron la ordenación territorial para planificar las renovables, con lo cual se extendió una alfombra roja para poder construir en cualquier zona, incluso en las más valiosas”, dice Romeo.
Teruel Existe detalla los indicios de la presunta corrupción en todo el proceso de tramitación
Se esgrime que la declaración de impacto ambiental del Clúster Maestrazgo aprobada por el ministerio tiene “párrafos enteros, pegados y copiados, del propio proyecto de Forestalia”, lo cual es tanto como decir que “la declaración de impacto ambiental la estaba haciendo la propia empresa”. También se apunta que el proyecto de la línea de Matarraña (dentro del frustrado plan para llevar energía verde de Catalunya) obtuvo un “trato preferente”. El expediente de Forestalia se presentó un año más tarde que el Capital Green Energy, pero “Forestalia consiguió la declaración de impacto ambiental favorable dos años antes que esa otra empresa obtuviera, además, una declaración ambiental negativa”.
En el caso del proyecto de la línea de alta tensión que debía comunicar los parques de Aragón con la región de Barcelona (trazado Valmuel-Begues), el gobierno de ERC emitió tres informes sobre biodiversidad negativos para la parte catalana del trazado en 2023 y 2024. Pero eso –incomprensiblemente y para desesperación del gobierno de ERC– no cerró el expediente ministerial de la polémica línea. El archivo ministerial de la MAT Valmuel-Begues se produjo con la llegada del gobierno de Salvador Illa a la Generalitat. Otro elemento cuestionado es el modus operandi del negocio de Forestalia, centrado en conseguir las autorizaciones para luego vender los proyectos.
