Artículo publicado originalmente por la agencia Lupa, miembro de la red internacional de verificación IFCN, y traducido al castellano por Verificat.
El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil inicia este martes 2 de septiembre el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal – PL) y siete personas más —el denominado “núcleo crucial” o “núcleo 1”—, acusadas de participar en el intento de golpe de Estado. Es la primera vez que un expresidente brasileño se sienta en el banquillo de los acusados por delitos contra el orden democrático. La acusación se basa en el artículo 359-L del Código Penal de Brasil, que aborda los delitos contra la soberanía nacional.
Las sesiones se prolongarán durante dos semanas, ya que el proceso incluye la lectura del informe (una especie de resumen de los puntos principales del caso), seguido de las alegaciones orales de la acusación, la intervención del fiscal general de la República, Paulo Gonet, y las defensas de los ocho acusados.
A continuación, los miembros del Tribunal Supremo Federal votarán. El primero en hacerlo será Alexandre de Moraes, relator de la acción penal, y después el resto. Esta etapa podrá definir el resultado final, dado que la condena o la absolución se producirá con el voto de la mayoría del STF, es decir, de tres de los cinco miembros del tribunal. No se descarta una solicitud de revisión del proceso. En ese caso, la sesión podría suspenderse y reanudarse posteriormente.
La agencia Lupa ha reunido las principales dudas en torno al juicio y ha conversado con expertos en Derecho para entender los puntos clave. ¡TE LO EXPLICAMOS!
¿Quiénes son los miembros del jurado y cuáles son sus funciones?
La Primera Sala del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil está conformada por cinco miembros: Cristiano Zanin (presidente), Alexandre de Moraes (relator del caso), Cármen Lúcia, Flávio Dino y Luiz Fux.
¿A quién se juzga y de qué se les acusa?
Además del expresidente Jair Bolsonaro, siete miembros del denominado “núcleo crucial” están acusados de delitos como intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho; intento de golpe de Estado; participación en organización criminal armada y daños graves y deterioro del patrimonio protegido.
- Alexandre Ramagem, diputado federal (Partido Liberal – Estado de Río de Janeiro) y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). Acusado de utilizar la “Abin paralela” para vigilar ilegalmente a autoridades (miembros del STF y diputados) y periodistas. A diferencia del resto de acusados, Ramagem solo responde por tres delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolir el Estado democrático de derecho y organización criminal. Las acciones ocurridas después de que asumiera el cargo en la Cámara de Diputados (daños graves y deterioro del patrimonio protegido, en referencia al 8 de enero) fueron suspendidas.
- Almir Garnier, almirante de la Marina y excomandante de la Fuerza (2021-2022). Acusado de apoyar planes golpistas en reuniones en el Palacio de la Alvorada y de poner tropas a disposición.
- Anderson Torres, exministro de Justicia y Seguridad Pública y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal. Se le acusa de difundir desinformación sobre el sistema electoral y de interferir en operaciones de la Policía Federal de Carreteras (PRF) en el noreste del país durante la segunda vuelta de las elecciones. Como jefe de seguridad local durante los ataques del 8 de enero de 2023, se le acusa de negligencia y de haber estado fuera de Brasilia ese día.
- Augusto Heleno, general y exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI). Según la acusación, coordinó acciones para difundir desinformación sobre el sistema electoral. Heleno también habría colaborado con Ramagem en actividades de espionaje ilegal.
- Jair Bolsonaro, expresidente de la República de Brasil. Señalado como líder del intento de golpe de Estado. Según la acusación de la Policía Federal, recibió el borrador del decreto del golpe y solicitó modificaciones.
- Mauro Cid, teniente coronel y exayudante de órdenes de la Presidencia. Considerado el principal articulador del grupo, habría estructurado el núcleo de desinformación y presenciado a Bolsonaro leyendo el borrador del golpe.
- Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa. Acusado de promover críticas sobre las urnas y ofrecer el apoyo de las Fuerzas Armadas al borrador del golpe.
- Walter Braga Netto, general y exministro de la Casa Civil. Detenido desde diciembre de 2024, está acusado de formar parte del plan “Puñal Verde y Amarillo”, que preveía el asesinato del presidente Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB) y del miembro del Tribunal Superior de Justicia Alexandre de Moraes.
¿Cómo será el juicio?
El juicio fue fijado por el presidente de la Primera Sala del STF, Cristiano Zanin, para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre. El procedimiento sigue el reglamento interno de la Corte. El primer día, Alexandre de Moraes deberá presentar el informe. Según Thiago Bottino, coordinador del curso de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), la lectura del informe puede ocupar todo el primer día de la sesión. “Es importante porque el resto de miembros, que no son relatores y no conocen el caso, lo conozcan, lo entiendan, vean cómo se llevó a cabo, cuáles fueron las etapas, qué testigos se escucharon. En definitiva, se trata de un relato más descriptivo de todo lo sucedido durante el proceso”, explica.
Tras la lectura del informe, Zanin dará la palabra a la acusación, a cargo del fiscal general de la República Paulo Gonet. Tradicionalmente, la acusación dispone de hasta una hora, pero dado que hay ocho acusados, el Tribunal puede conceder más tiempo. “A menudo, el Tribunal autoriza un aumento no proporcional, no de ocho horas, sino, por ejemplo, de dos horas”, señala Bottino.
A continuación, será el turno de la defensa. Bottino estima que cada acusado dispondrá de hasta una hora. “Solo a partir del cuarto día tendremos el voto del relator, que suele ser más largo. Y, para el quinto, sexto y, eventualmente, séptimo día, el voto de los otros cuatro miembros que integran el tribunal”. Después del voto de Moraes, la votación continuará en el siguiente orden: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin.
La condena o la absolución de los ocho acusados dependerá del voto mayoritario de los cinco ministros del tribunal, es decir, como mínimo tres votos a favor.
También existe la posibilidad de que se solicite un aplazamiento en caso de que algún magistrado requiera más tiempo para analizar el proceso. En ese caso, el juicio podría suspenderse hasta 90 días. “Mientras el juicio no concluya, cualquiera de los miembros puede revisar su posición basándose en los argumentos que presente uno de sus colegas”, destaca Bottino.
Una vez concluida la votación, se redacta y publica el resultado, que sigue sujeto a recursos como los recursos de aclaración, destinados a esclarecer posibles omisiones o contradicciones.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
En noviembre de 2024, la Policía Federal (PF) concluyó la investigación que revelaba la existencia de una organización criminal que actuó de forma coordinada en 2022 para mantener a Bolsonaro en el poder. El informe, de más de 800 páginas, acusó a Jair Bolsonaro y a 36 personas más de delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal. El documento contenía el “borrador del golpe”, un decreto que buscaba instaurar el estado de sitio para otorgar poderes extraordinarios a Bolsonaro.
En febrero de este año, la Fiscalía General de la República (PGR), bajo el mandato de Paulo Gonet, denunció a Bolsonaro y a 33 personas más por delitos de organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños graves y deterioro del patrimonio histórico.
En marzo, el Supremo recibió la denuncia de la Fiscalía General y convirtió en acusados al expresidente y a siete exmiembros de su Gobierno, el denominado “núcleo crucial” o “núcleo 1”. La Primera Sala, integrada por los ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, aceptó por unanimidad la Acción Penal (AP) 2688, dando inicio al proceso. Entre mayo y junio, el Tribunal Supremo Federal escuchó a los ocho acusados del “núcleo 1”, incluido Jair Bolsonaro.
En julio, la Policía Federal identificó que el expresidente y su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), buscaron el apoyo de autoridades estadounidenses en un intento de coaccionar y obstruir el proceso. Ante esto, Moraes impuso medidas cautelares restrictivas a Bolsonaro. A principios de agosto, el magistrado ordenó el arresto domiciliario del expresidente por incumplimiento de dichas medidas.
El 15 de agosto, el presidente de la Primera Sala de la Corte, Cristiano Zanin, fijó la fecha de inicio del juicio del “núcleo crucial”.
Las pruebas contra Bolsonaro
El conjunto de pruebas contra Jair Bolsonaro es amplio y detallado. En una entrevista con Lupa, Fernando Hideo, penalista y profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de São Bernardo do Campo (FDSBC), afirmó que la acusación no se basaba en hipótesis o suposiciones, sino en un “conjunto de pruebas amplio y sólido, fruto de una de las investigaciones más complejas jamás llevadas a cabo por la Policía Federal”.
“Existen documentos, testimonios, registros y actos de ejecución que demuestran la intencionalidad y la estructuración de una organización criminal destinada a romper el orden constitucional”, concluye Hideo.
Entre los elementos reunidos hay manuscritos y agendas con anotaciones como “estado de sitio”, “convencer a los comandantes” y “desacreditar el sistema”, además del borrador del golpe presentado a los comandantes militares. El “estado de sitio” es una medida extrema que otorga al presidente de la República poderes excepcionales, lo que permite incluso la suspensión de las garantías constitucionales.
“Se encontró un discurso escrito, requisado al PL y en el móvil de Mauro Cid, en el que Bolsonaro afirmaba que ‘la legalidad no siempre es suficiente’, lo que demuestra que el golpe ya tenía incluso las palabras preparadas para su anuncio”, dice Hideo. La PGR confirmó la existencia de un documento en la oficina de Bolsonaro en la sede del Partido Liberal, que consistía en un discurso posterior al golpe.
Según el informe de más de 500 páginas firmado por Gonet, Bolsonaro tenía pleno conocimiento y participó en la planificación del golpe de Estado. “El discurso encontrado en la sala de Jair Messias Bolsonaro refuerza el dominio que tenía sobre las acciones de la organización criminal, especialmente, sobre cuál sería el resultado de los planes trazados: su permanencia autoritaria en el poder, mediante el uso de la fuerza”, destaca en la página 127.
El informe también señala que Bolsonaro tenía conocimiento del plan “Puñal Verde y Amarillo”. Para Hideo, el plan mostraba el extremo grado de disposición criminal para asesinar a Lula, Alckmin y Alexandre de Moraes.
La Fiscalía General sostiene, además, que el intento de golpe de Estado se gestó durante años mediante la difusión de desinformación sobre el sistema electoral y discursos de odio. “En el ejercicio del cargo más alto de la República, [Jair Bolsonaro] instrumentalizó el aparato estatal y operó, de forma dolosa, un esquema persistente de ataque a las instituciones públicas y al proceso sucesorio”, escribió Gonet en el informe.
¿Qué puede pasar al final del juicio?
“Una vez finalizado el juicio, con independencia del resultado, tanto la acusación como la defensa pueden presentar recursos de aclaración”, explica Thiago Bottino. Es decir, incluso en caso de condena, el ingreso a prisión no es inmediato. En esta etapa, en la que se publica la decisión, las partes (defensa y acusación) tienen hasta 48 horas para solicitar ajustes o aclaraciones sobre los documentos ya presentados.
Bottino explica que los recursos de aclaración sirven para corregir contradicciones o lagunas en la decisión. “La Primera Sala analiza estos recursos para que la decisión sea más clara y completa”.
Lenio Streck, profesor y doctor en Derecho de la Universidad del Valle del Río de los Sinos (Unisinos), observa que los recursos de aclaración pueden solicitarse incluso en casos con marcados 5-0 o 4-1. “Si el resultado es 5-0, solo se contemplan recursos de aclaración, un recurso más restringido que solicita al tribunal que aclare lo que han dicho sus miembros”, detalla.
Si el resultado de la votación es más ajustado, hay otro recurso que puede presentarse. “Si algún acusado obtiene dos votos a favor de la absolución, podrá presentarse otro recurso de mayor alcance: los embargos infringentes, que llevan el juicio al Pleno del STF, es decir, a los 11 ministros”, explica Hideo, complementando el análisis de Streck.
“Siempre puede haber una solicitud de revisión, pero todo indica que no se producirá, ya que el relator ha puesto todos los informes a disposición de los miembros del Tribunal. El encarcelamiento del condenado solo se produce después del juicio de los recursos de infracción o de declaración e infracción, si procede”, añade Streck.
Tras el análisis de los recursos, se publica la sentencia, lo que convierte la decisión en definitiva. “Si la decisión, por ejemplo, es absolutoria [que declara inocente al acusado], se suspenden todas las medidas cautelares; si es condenatoria, se aplican las penas definidas en el juicio”, concluye Bottino.
“En caso de condena, si la mayoría de los jueces votan a favor de la responsabilidad penal de los acusados, las penas pueden superar los veinte años de prisión, dada la gravedad de los delitos y el papel destacado y de liderazgo de los acusados del núcleo 1”, afirma el penalista Fernando Hideo.
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