La justicia no da respiro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si el martes se confirmó el procesamiento de su hermano por prevaricación y tráfico de influencias, ayer fue el juez Juan Carlos Peinado en otro movimiento contra su mujer, Begoña Gómez. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha realizado una maniobra para que sea un jurado popular, es decir nueve ciudadanos madrileños, los que digan si Gómez es culpable o inocente. A Peinado le queda un año para su jubilación y quiere dejar atada la causa contra la esposa de Sánchez antes de abandonar el poder judicial. Durante el tiempo que lleva instruyendo la causa, ha acumulado contra Gómez la imputación de cinco delitos. Sin embargo, ha optado por desgajar uno de ellos, el de malversación de caudales públicos por la contratación por parte de Presidencia del Gobierno de su asesor, Cristina Álvarez, y así garantizarse que puede ir ante un jurado popular. La ley del jurado establece la competencia sólo para once delitos, y uno de ellos es este.