El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha marcado un antes y un después en la lucha mundial contra el cambio climático con una resolución que refuerza la obligación jurídica de los Estados para proteger el clima. Antonio Cerrillo, periodista especializado en medio ambiente de La Vanguardia, subraya el cambio de paradigma: “La idea de esta resolución radica en que ahora en el marco jurídico vamos a tener que acostumbrarnos a hablar de una idea nueva, que es la justicia climática”. Para Cerrillo, esta decisión implica que la protección del clima deja de ser solo una cuestión de acción política o empresarial y pasa a formar parte del cuerpo jurídico internacional.
La resolución introduce una novedad clave: la justicia climática se convierte en una exigencia jurídica y no solo en una aspiración ética. Cerrillo explica que el derecho a un clima estable y limpio “va a formar parte, seguramente, del cuerpo jurídico en el futuro”. La opinión consultiva del tribunal responde a una demanda presentada por la Asamblea General de la ONU, bajo impulso de países vulnerables como Vanuatu, y obliga a los Estados a adoptar medidas “ambiciosas y eficaces” que trascienden los compromisos voluntarios del Acuerdo de París.
Según Cerrillo, hasta ahora el Acuerdo de París no consiguió convertir sus compromisos en obligaciones de cumplimiento efectivo, ya que “se utilizó una terminología muy en verbos en potencial… siempre se invocaba al derecho nacional”. Sin embargo, “la justicia va más allá de lo que es ese acuerdo jurídico o diplomático y dice que la acción de los países es obligada a que actúen en favor de reducir estas emisiones”. Esta decisión traslada el deber de acción en materia climática del terreno político al judicial y da herramientas para exigir el cumplimiento de los compromisos medioambientales ante los tribunales.
El impacto de la resolución se dejará sentir especialmente en el ámbito empresarial y en los futuros litigios climáticos. “Vamos a notar esto, ¿qué efecto práctico va a tener? En el mundo existen miles de litigios presentados por diversas ONG's contra empresas petroleras… este argumento va a tener una fuerza enorme”, señala Cerrillo. Las empresas contaminantes y los Gobiernos estarán ahora sometidos a una “acción real y efectiva”, más allá del ecopostureo o el lavado de imagen ambiental.
En definitiva, la resolución del Tribunal de La Haya inaugura una “nueva era de responsabilidad climática”, donde la protección del clima se convierte en un derecho colectivo y en una obligación jurídica ineludible. Cerrillo concluye que esta decisión “va a reforzar un derecho a favor del medio ambiente muy potente” y que posibilitará reclamaciones judiciales por daños, marcando un camino inédito en la defensa de un planeta sano para las generaciones futuras.