Las redes sociales se han convertido en un auténtico polvorín donde uno de cada dos mensajes publicados contiene odio, insultos o descalificaciones, según un estudio de la Universidad de Navarra. Este fenómeno, que muchos hemos normalizado, supone un reto para la convivencia y muestra la delgada línea entre la libertad de expresión y el delito. Como señala la catedrática en Derecho Constitucional Mar Aguilera, “no todo lo que se publica puede ser libre, existen límites: la incitación a la violencia y la dignidad humana”.
El discurso de odio está dirigido con frecuencia a colectivos vulnerables, como mujeres, inmigrantes o miembros del colectivo LGTBI, y en algunos casos se deshumaniza a estos grupos, lo que puede derivar en delitos graves. Aguilera destaca que “cuando se deshumaniza a personas vulnerables, como menores o víctimas de genocidio, esos insultos pueden llegar a considerarse delitos de odio”. Además, la experta puntualiza que “el contexto y la intención detrás del mensaje son claves para determinar si es delito o simplemente parte del debate público”.
Las plataformas sociales cuentan con mecanismos para retirar contenidos ofensivos, pero su volumen y viralidad lo hacen complicado. “Sí se puede obligar a eliminar difamaciones o acusaciones sin pruebas, y puede haber responsabilidades civiles o penales, pero controlar todo es muy difícil”, explica Aguilera. Los algoritmos que fomentan contenidos polémicos también contribuyen a difundir mensajes tóxicos, aunque existen vías para promover publicaciones responsables y ajustadas al interés público.
Por otra parte, la responsabilidad también recae en políticos y usuarios. La profesora subraya que “si un político insulta, quizá debemos replantearnos apoyar a esa persona y exigir códigos de conducta”. Para combatir esta lacra, la solución pasa, en su opinión, por la educación y campañas que fomenten una comunicación respetuosa y consciente: “Los niños aprenden a no insultar, pero los adultos a veces parecen enloquecidos en las redes, y esto tiene consecuencias reales”.
Finalmente, Aguilera recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero nunca debe amparar la violencia o la discriminación. “El reto es mantener un debate vivo y crítico, sin que el odio destruya el respeto y la convivencia que sustentan nuestra sociedad”, concluye la experta.