El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, por la presunta filtración de correos electrónicos relacionados con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha marcado un punto crítico para la Fiscalía y la política española. Carlota Guindal, periodista de La Vanguardia, expone que la exposición pública durante las seis sesiones celebradas no ha sido favorable para el acusado ni para la institución representada. “La exposición ya de por sí no es buena para él, no es buena para la institución”, afirma, destacando que ahora el Tribunal Supremo deberá valorar la solidez de las pruebas presentadas.
El caso evidencia una fuerte división política que trasciende a los medios, la Fiscalía y las estructuras gubernamentales. Guindal señala que “hay dos bandos, esto perjudica la imagen de la política y el periodismo, y afecta a toda la democracia”. En este contexto, la batalla mediática y judicial por la inocencia o culpabilidad de García-Ortiz refuerza la polarización que vive el país, con consecuencias directas sobre la confianza ciudadana en las instituciones.
La decisión de Álvaro García-Ortiz de no responder a las preguntas de la acusación es vista en el Tribunal Supremo como una táctica que no le perjudica judicialmente. “Lo que dice el fiscal general es que las acusaciones tienen una persecución personal contra él y considera que contestar es entrar en un juego al que no quiere sumarse,” explica Guindal, quien subraya que esta postura refleja la tensión política que rodea al proceso.
Independientemente del resultado final, que se espera para antes de que termine el año, este juicio ha supuesto un golpe a la imagen de la Fiscalía y del propio fiscal general. “La imagen de la Fiscalía ha quedado muy dañada,” asegura Guindal, quien sostiene que “García-Ortiz ha salido perdiendo con toda esta exposición,” dejando la institución en un estado delicado.
Por último, el apoyo expreso del presidente del Gobierno a García-Ortiz coloca al Ejecutivo en una posición complicada. Guindal advierte: “Si saliera condenado, el presidente se queda en una situación muy delicada, porque tendrá que decidir si acusa al Tribunal Supremo o acata la sentencia”. Esta disyuntiva añade un nuevo nivel de incertidumbre política a un proceso judicial ya de por sí complejo y cargado de tensión.