Marc, un joven okupa de Sant Boi de Llobregat, acumula 225 denuncias y 31 detenciones, pero nunca ha pisado la cárcel. “El delito de usurpación de bien inmueble es un delito leve”, explica Toni Muñoz, periodista de tribunales y sucesos de Guayana Guardian. “Además, no conlleva agravante por multirreincidencia, así que por muchas veces que cometas el mismo delito, la pena no aumenta”. Esto facilita que Marc siga ocupando viviendas, principalmente de bancos y fondos de inversión, y evitando el encierro.
Muñoz detalla cómo Marc aprovecha la saturación del sistema judicial para mantener su actividad: “Los juzgados están tan saturados que un desalojo puede tardar casi un año, lo que este chico ha convertido en su ventaja”. Conoce las “grietas” del sistema y se beneficia “pidiendo rescates a los fondos de inversión para irse de las viviendas o vendiendo las llaves a familias vulnerables a precios elevados”.
En cuanto a la respuesta judicial, el periodista subraya que “solo sufrirá una multa leve, que presumiblemente paga con el dinero que obtiene de manera fraudulenta”. Su historial extenso de antecedentes no agrava su situación, evidencia que “hace falta una reforma legislativa y una acción judicial coordinada para evitar que personas como Marc sigan actuando impunemente”.
Muñoz apunta a que el sistema actual dispersa los casos por distintos juzgados, lo que impide una visión global de sus acciones. “Quizá Fiscalía debería intervenir imputándolo por organización criminal, ya que se aprovecha del sistema y su accionar es coordinado, no un hecho aislado”, sugiere.
Este caso pone sobre la mesa un problema crítico para la justicia española y plantea el reto de mejorar las herramientas legales y operativas para luchar eficazmente contra la ocupación ilegal y la coacción sistemática que amenaza a propietarios y familias vulnerables en Catalunya y el resto del país.