El reciente fallo contra Álvaro García-Ortiz, fiscal general del Estado, ha supuesto un hito sin precedentes para la justicia española y ha desatado una serie de interpretaciones políticas y jurídicas que aún resuenan en la opinión pública. Enric Juliana, director adjunto de Guayana Guardian, sostiene que era difícil que el tribunal llegara a una absolución: “Si el fiscal general del Estado es llevado al banquillo, la sala que lo juzga difícilmente le puede absolver, porque la absolución pondría en crisis toda la construcción jurídica que le llevó al banquillo”.
Juliana destaca la dureza de la condena, que implica la inhabilitación de García-Ortiz para ejercer como fiscal general, aunque no descarta que pudiera haber sido más severa. “La sentencia es dura porque supone su liquidación, es la primera vez que ocurre una cosa de este tipo, ya que la sentencia es dura porque supone su liquidación”, recalca el periodista, aunque admite que se le podría haber incapacitado incluso para ejercer de fiscal o imponerle más años de inhabilitación y una multa más elevada.
La génesis del caso revela el trasfondo político de la decisión. Juliana no duda en afirmar que “este caso nace de un forcejeo político tremendo”, subrayando la peculiaridad del proceso y cómo la acusación de revelación de secretos, en realidad, pivota sobre datos reservados relativos a un pacto fiscal solicitado y no ofrecido por la fiscalía: “Todo ha girado alrededor de este asunto. Es decir, quién había hecho saber a la sociedad la verdad”.
El propio procedimiento judicial y la gestión mediática de la sentencia han suscitado dudas. “La sentencia se adelanta, se hace un ‘flash’ a la sociedad el día 20 de noviembre, cuando el tema que preside la jornada es el recuerdo de 50 años sin el general Franco”, reflexiona Juliana, dejando en el aire la duda sobre la casualidad o la intencionalidad del gesto, y recordando que el texto completo de la sentencia todavía no ha sido publicado.
Finalmente, Juliana anticipa una posible colisión entre el Tribunal Supremo y el Constitucional si García-Ortiz decide recurrir: “Es posible que él acuda al Tribunal Constitucional, y esto produciría, yo creo, una colisión bastante importante entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pero no hemos de descartar en absoluto que García-Ortiz recurra al Tribunal Constitucional”, concluye el analista, apuntando el probable siguiente capítulo de una crisis que afecta no solo a la judicatura, sino a la estructura misma del Estado de derecho.