La fórmula que debería guiar la acción climática global esconde un sesgo que favorece a quienes más han contaminado y penaliza a los más vulnerables. Economías históricamente responsables —como China, Estados Unidos o Canadá—, han podido retrasar recortes drásticos, mientras que países con menor responsabilidad histórica y recursos limitados cargan con una parte desproporcionada del esfuerzo.
Es la sentencia de un estudio internacional liderado por Yann Robiou du Pont, investigador en la Universidad de Utrecht especializado en justicia climática. La investigación, publicada en Nature Communications, cuestiona cómo se han repartido hasta ahora los compromisos bajo el Acuerdo de París, señalando que los métodos tradicionales de reparto justo —conocidos como “fair share”—, refuerzan la inactividad pasada y amplían la brecha de ambición global para 2030.
Responsabilidad histórica como criterio para repartir las emisiones
Si el planeta solo dispone de un presupuesto limitado de gases de efecto invernadero para no superar los 1,5 °C de calentamiento, ese cupo debería repartirse entre países siguiendo criterios de equidad. El informe apela a la responsabilidad histórica, la capacidad económica y las necesidades de desarrollo de cada país. El fallo está, según el equipo, en que la mayoría de los estudios anteriores han partido de las emisiones actuales de cada Estado para proyectar su descenso. “Esto recompensa inherentemente la inacción pasada”, advierten los autores.
Este efecto tiene nombre en la literatura científica: “grandfathering”, que resulta en heredar ventajas por haber contaminado antes. Asimismo, los países que más han emitido en el pasado aparecen con encargos más indulgentes de lo que dictaría una lógica estrictamente justa. “Los objetivos de emisiones de los países del G7, Rusia y China son responsables de la mayor parte de la brecha de ambición global para 2030”.
En verde, países con planes compatibles con limitar el calentamiento a 1,5 °C; en amarillo y naranja, promesas alineadas con 2–3 °C; en rojo, objetivos que llevarían a más de 4 °C
Para corregir este sesgo, los investigadores proponen asignaciones “discontinuas”, es decir, trayectorias de reducción que no parten de la situación actual de cada país, sino de un nivel recalculado únicamente con criterios de equidad. De este modo, algunos Estados se encontrarían de golpe con metas muy por debajo de sus emisiones reales y deberían compensar la diferencia mediante recortes acelerados o aportando financiación internacional.
Metas abruptas para algunos países con altas emisiones
El estudio plantea dos modelos distintos de repartir el esfuerzo climático. En el primero, los países ricos deben asumir la mayor parte de las emisiones negativas —es decir, invertir más en tecnologías todavía incipientes para capturar CO₂ de la atmósfera—, mientras que las emisiones positivas (las que siguen generándose al quemar combustibles fósiles o por la agricultura) se distribuyen en función de la responsabilidad acumulada desde 1950. En otras palabras, quien más ha contribuido al problema en el pasado recibe menos margen para seguir contaminando.
En la segunda opción, se da la vuelta al criterio. Los derechos para seguir emitiendo en el presente se reparten según la riqueza de cada país —los más pobres pueden emitir más porque necesitan crecer—, y la carga de limpiar el CO₂ mediante emisiones negativas recae sobre quienes más han calentado el planeta a lo largo del tiempo.
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La investigación también examina implicaciones legales. Cada vez más tribunales recurren a estas evaluaciones para resolver litigios climáticos. La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso KlimaSeniorinnen contra Suiza es un ejemplo: declaró que la inacción climática vulnera derechos fundamentales. Los sesgos en estas evaluaciones tienen impacto real, ya que pueden dar forma a decisiones judiciales, influir en compromisos políticos e informar la opinión pública. “Esto fortalece y subraya el papel creciente de los tribunales en la aplicación de la justicia climática”, afirma Robiou du Pont en un comunicado oficial.
Más que una corrección técnica, este método plantea un dilema ético: si la acción climática fuese un banquete, algunos países han comido de sobra durante décadas y ahora reclaman con el mismo apetito que los demás. El nuevo enfoque exige reconocer esa deuda histórica y contribuir proporcionalmente, ya sea con recortes nacionales rápidos o con financiación internacional.
Aunque este estudio no ofrece una solución mágica, llega en un momento crucial. Este 2025, los países deben presentar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para 2035. Aplicar este método implicaría “una escala más rápida de medidas de mitigación junto con un apoyo internacional inmediato”, concluyen los autores.