Finalmente el MNAC ha pedido al Ministerio de Cultura que se implique en el conflicto de las pinturas murales de Sijena. En concreto, le ha solicitado la elaboración de un informe pericial por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de España, la máxima autoridad en conservación, para que, dadas las discrepancias de criterio entre los técnicos catalanes y aragoneses, sea este organismo quien decida “sobre la manera en que deben desarrollarse las muy complejas y variadas operaciones técnicas necesarias para la ejecución de la sentencia”. En concreto, y según la carta enviada al ministerio que preside Ernest Urtasun, el objeto de la pericial solicitada es que el mencionado organismo realice, en el marco de sus funciones y competencias, un proyecto de conservación referido al cambio de ubicación del conjunto pictórico expuesto en la sala 16 del MNAC, para asegurar la preservación del patrimonio cultural, en base a la metodología de gestión de riesgos”.
El presidente del Patronato del MNAC Joan Oliveras i Bagués hizo llegar su petición al Ministerio de Cultura el pasado viernes y este lunes se lo ha comunicado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca. Los responsables del museo catalán recuerdan que la ejecución de la sentencia es difícil y que, dado que se trata de una obra catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), el Estado debería intervenir. Pese a que el Ministerio de Cultura forma parte del Patronato del museo junto a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.
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En su escrito al juzgado, el museo recuerda asimismo que también el presidente de la Diputación General de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado públicamente la intervención del Ministerio de Cultura para garantizar el correcto cumplimiento de la sentencia condenatoria por parte del MNAC. “El hecho de que se trate de manifestaciones realizadas fuera de los cauces del proceso judicial no las priva de valor en tanto que expresión de un deseo de la parte ejecutante susceptible de valoración judicial con arreglo a los criterios de prudencia y sana crítica”, señalan.
