Varias editoriales catalanas han denunciado que se les ha denegado la subvención a 210 libros por una modificación de la normativa aplicada con carácter retroactivo. El problema arranca cuando el 2 de mayo pasado se aprobó que para optar a las ayudas a la producción editorial en catalán y occitano que ofrece el Institut Català de les Empreses Culturales (ICEC) –un mecanismo de carácter automático una vez imprimidos los libros que sustituyó hace años al llamado apoyo genérico– “los libros tienen que tener impresa alguna de las certificaciones siguientes: FSC, PEFC, la etiqueta ecológica de la Unión Europea (EU Ecolabel) o el sello Llibre Ecoeditat”. Pero si el cambio se aprueba en mayo, se quejan los afectados, no puede ser que perjudique a los libros publicados meses antes, y eso ha hecho que muchos de los títulos que optaban a la ayuda, que daban por concedida, no haya recibido este dinero.
El editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, asegura que ni el Gremi d'Editors de Catalunya ni la Associació d'Editors en Llengua Catalana (Editors.cat) les habían avisado del cambio con claridad, y que además hace años que la mayoría de los libros ya se imprimen con papel ecológico. “Me costaría mucho encontrar un papel que no fuera ecológico, en realidad”, asegura, y recuerda que primero se admitía un certificado del papelero, luego hizo falta que fuera el impresor quien certificara además que no se había roto la cadena de custodia de ese papel, y “ahora nos piden poner un logotipo, y me opongo porque me parece una operación de greenwashing, si certifico que el papel es ecológico, y yo hace muchos años que lo utilizo, no haría falta nada más, porque es un requisito meramente formal que acaba creando todavía más burocracia”. Las editoriales, entre las que además de Fragmenta están Llibres del Sigle, Voliana, Cal Carré, Godall, Salòria, Arola, Quaderns Crema, Viena, Vibop, Sidillà o LaBreu, han dirigido una petición a la Síndica de Greuges, a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya y a los grupos parlamentarios en que piden que se inste al Departament de Cultura a “enmendar de oficio las resoluciones de inadmisión mencionadas dado que implican una aplicación retroactiva de una modificación legal aprobada cuando los editores ya teníamos aproximadamente la mitad de nuestra producción anual impresa”. Moreta, de hecho, asegura que representantes de los grupos parlamentarios de Junts y de ERC se ha puesto en contacto para conocer la cuestión.
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El presidente de Editors.cat, Ilya Pérdigo, entiende las quejas, porque sabe que se puede poner en peligro las cifras de alguna empresa, pero recuerda que de un total 1.500 libros que habían pedido la ayuda solo hay 77 a los que se haya denegado por este único motivo. Además, asegura que la medida no es nueva, sino que se había pactado con anterioridad entre el sector y el ICEC, con el cual mantienen “una relación buena y fluida”.
El director del ICEC, Edgar Garcia, lamenta lo que sucedido, pero da unas fechas que arrancan ya en el 2022, cuando se puso en marcha el Pla C* Cultura pel Clima, “para que los sectores culturales se implicaran en la prevención del cambio climático, y con la representación del sector se vio que había que convertir lo que antes era un mérito en un criterio necesario para obtener la subvención, lo que se decidió en el 2023, pero se dio un año de margen, una moratoria, para aplicarlo”. “El sector sabe hace muchos años que la convocatoria de estas ayudas a libros publicados es de noviembre de un año a octubre del siguiente, el ICEC ha hecho varias formaciones al respecto y me consta que el Gremi y Editors.cat avisaron de los cambios en varias ocasiones, y la mayoría ha hecho el esfuerzo, más de un 82% de los títulos cumplían el requisito, aunque es cierto que hay ocho editoriales a las que les ha afectado todos los títulos”, dice. “Estamos abiertos a hablar, pero al mismo tiempo si volviéramos a cambiar ahora los criterios estaríamos generando un agravio contra los que lo han hecho bien”. Sobre el hecho de que se tenga que mostrar el logotipo del certificado en el propio libro, Garcia niega que se pueda hablar de greenwashing, sino que son los certificadores los que lo piden, por una parte, pero también cree que permite “trasladar el relato positivo al público”. Uno de los que formó parte del equipo que desde el Gremi d’Editors trató con el ICEC los cambios en estas ayudas fue Joan Sala, que esgrime que “estar agremiado también sirve para que no sucedan cosas como esta”.
