El grupo Vilalta, con sede en Vila-seca y especializado en la comercialización de carburantes, ha entrado en concurso de acreedores, incapaz de hacer frente a sus pagos.
Según fuentes del mercado, el pasivo se sitúa en unos 22 millones de euros y los principales acreedores son varias entidades financieras, Repsol y Hacienda. Vilalta había intentado reestructurar su deuda en el 2023, con un plan que tiró adelante pero que fracasó porque no consiguió pagar a los acreedores a causa de la venta fallida de varios activos inmobiliarios que prometía.
El año pasado, Vilalta intentó acordar con los acreedores un segundo plan pero también fracasó por falta de adhesiones, de modo que la empresa se vio abocada a presentar concurso. El grupo familiar intenta ahora pactar un convenio que permita aplazar los pagos de la deuda y recuperar la viabilidad. Tiene activos inmobiliarios (un centenar) valorados en unos 30 millones. Si no consigue este convenio se abrirá la fase de liquidación.
La situación ha sido provocada por un plan de diversificación demasiado ambicioso
Con más de 60 años de historia, Vilalta llegó a facturar casi 100 millones en 2022, controlando una decena de estaciones de servicio (en Tarragona y Pontevedra) y vendiendo carburantes al por mayor.
Todo se truncó en el 2023, cuando colapsó un ambicioso plan de crecimiento que contemplaba la entrada en el sector de las placas solares, redes de cargadores para el vehículo eléctrico, la producción y venta de electricidad y un centro de suministro de hidrocarburos (nitrógeno). Estaba prevista una inversión de 14 millones que fue imposible de acometer por falta de recursos propios. Eso provocó un endeudamiento insostenible y en 2023 la Agencia Tributaria inició embargos para cobrar las deudas, provocando la paralización de la división al por mayor y de varias gasolineras. A causa de ello, los ingresos cayeron hasta situarse en unos 20 millones en 2023 y en 30 millones en 2024. La plantilla también se ha visto reducida, al pasar de 115 a 56 empleados.
