El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha expresado este lunes su confianza en que se hallen “mecanismos” que permitan a la compañía mantener su actividad en Venezuela, después de que la Administración Trump haya decidido revocar los permisos de exportación a las petroleras asociadas a la estatal PDVSA bajo amenaza de imponer aranceles generales a sus países de origen.
“Seguimos con un diálogo abierto y fluido. Estamos en una relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que podamos seguir con la actividad en este país”, ha afirmado Imaz durante las jornadas Wake Up Spain organizadas por El Español e Invertia. “Buscaremos mecanismos para seguir con la actividad en este país”, ha insistido.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz
Las acciones de Repsol caen más del 2,5% este lunes tras el anuncio de Washington acerca del petróleo venezolano y en un clima de pesimismo generalizado en torno a la imposición de nuevos aranceles este miércoles. La compañía, que lleva 32 años operando en Venezuela, cifra en sus informes anuales en 504 millones de euros su exposición patrimonial en el país.
Imaz ha precisado que la actividad petrolera apenas representa el 15% de la actividad en Venezuela, frente a cerca del 85% asociado a la producción de gas, que en buena parte se utiliza para cubrir las necesidades internas del propio país.
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“Hemos pasado allí muchas vicisitudes en los últimos diez o quince años, pero siempre hemos tenido una cosa clara: cumplimos con la legislación internacional y hemos estado en todo momento muy cerca de la Administración americana, con total transparencia y colaboración”, ha afirmado el directivo.
Repsol tiene en Venezuela el 50% del campo de gas Cardón IV --el otro 50% es de la italiana Eni--, en aguas del golfo de Venezuela, así como el 40% de Petroquiriquire, que es una empresa mixta con PDVSA que incluye los activos de gas y petróleo de Mene Grande, Quiriquire, Barúa Motatán, La Ceiba y Tomoporo.
La compañía explica que, como parte de las sanciones ya impuestas por Estados Unidos a Venezuela, cuenta con una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos que le permite actualmente desarrollar proyectos de petróleo y gas en Venezuela.
Hasta finales de mayo para cesar las exportaciones
A los controles que Washington ejerce sobre el régimen de Nicolás Maduro se suman las deudas del Gobierno venezolano con la petrolera española, que justifican su participación en proyectos en los últimos años.
La orden ejecutiva de Trump que revoca los permisos no solo a Repsol, sino a petrolera como la americana Chevron, la italiana Eni o la india Reliance Industries, da hasta finales de mayo a las empresas para que abandonen la actividad.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes en declaraciones a Telecinco que “el Gobierno defenderá sus intereses” frente a la nueva medida de la Administración estadounidense y ha asegurado que los “primeros pasos” serán de “tranquilidad, discreción y diálogo”.
