Mientras Pedro Sánchez no consiga aprobar unos presupuestos generales del Estado seguirá siendo un presidente de investidura, pero no de gobierno. En lo que va de legislatura apenas ha logrado sacar adelante un par de leyes. Todas las decisiones de ingresos y gastos, incluidos los del rearme, han tenido que se aprobados por la puerta de atrás.
El gobierno de coalición progresista debería entender que los presupuestos de un país no son un simple instrumento de gestión. Se trata de la base de nuestra democracia, que nació para determinar las necesidades más acuciantes que tenía la comunidad y decidir de dónde se obtienen los recursos necesarios para poder hacerlos frente. Por esta razón, determinar los gastos y los ingresos del Estado es el debate parlamentario y político más importante, el que da sentido a la constitución del Parlamento. Pero llevamos dos años sin presentar los presupuestos y la intención del ejecutivo parece ser que es terminar su mandato sin lograrlo, al margen del Parlamento. Esta sería una grave adulteración de nuestra democracia, que no hay que olvidar, se trata de una democracia parlamentaria.
La relevancia de los presupuestos
Determinar los gastos y los ingresos del Estado es el debate parlamentario y político más importante, el que da sentido a la constitución del Parlamento
A Pedro Sánchez ya se lo ha recriminado el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la última sesión parlamentaria y le respondió: “Cumpliré con mis obligaciones presupuestarias”. Si no lo hace pasará a la historia por la puerta de atrás. Sánchez probablemente no quedará como un gran presidente a pesar de haber sacado a Franco del Valle de los Caídos, haber pacificado a los independentistas catalanes y haber tenido buenos datos macroeconómicos. En términos históricos nada de eso es suficiente. Sin embargo, aún puede salvar los muebles. Por eso está dispuesto a pagar lo que le pidan sus socios de investidura para aprobar los presupuestos del 2026.
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En primer lugar, aplicar la amnistía al dirigente de Junts Carles Puigdemont, para lo que cuenta con la estimable colaboración del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y del bloque progresista. Espera poder conseguirlo antes de las vacaciones de verano para poder empezar en septiembre un nuevo curso político. En realidad, sería como empezar una nueva legislatura porque hasta ahora poco o nada se ha hecho. En segundo lugar, quiere poner en marcha un nuevo sistema de financiación para Catalunya. Y para terminar, acordará una consulta popular sobre la autodeterminación de este territorio, similar a lo que se está haciendo sobre la opa del BBVA sobre el Sabadell. Es difícil, pero puede conseguirlo, de lo contrario no le quedaría más remedio que convocar elecciones anticipadas. Pero a Sánchez le encanta encestar los triples para salvar el partido en el último minuto. Ya lo ha hecho en más de una ocasión y ahora lo necesita más que nunca. Solo así se podría presentar a los próximos comicios con la promesa de mantener el gobierno de coalición progresista “para frenar a la ultraderecha” hasta el 2031.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Evitar por todos los medios la alternancia en el poder es la idea fuerza de su política. Y lo intentará, aunque tenga que volver a repetir esta especie de Frente Popular que tan malos resultados está dando para la convivencia, la gobernabilidad del Estado y la preparación de España para un nuevo escenario. Sánchez sigue sin aceptar que el origen de sus problemas es el modelo de gobernanza que eligió cuando impidió al PP gobernar a pesar de que ganó las elecciones. Su desmedida ambición personal por ocupar el gobierno obliga al PSOE a aceptar planteamientos y políticas de la extrema izquierda o de los independentistas vascos y catalanes que le ha desdibujado como un partido socialdemócrata.