Andorra podría convertirse en breve en un país asociado de Europa. Sobre la mesa del Consejo de la Unión Europea se encuentra desde hace meses el documento fruto de las negociaciones que desde hace más de nueve años mantienen representantes del Principado con técnicos de la Comisión Europea. Los 27 Estados miembro deben darle ahora su visto bueno. Pero no son los únicos. También los andorranos a través de un referéndum vinculante decidirán si les conviene o no estrechar lazos con la Unión Europea. Ese es el compromiso del Gobierno. El debate a favor o en contra está hoy más candente que nunca, ahora que el proceso encara la recta final. Y todas las opciones están abiertas.
Primer acuerdo aduanero Andorra pasó a ser tratada como un estado miembro de la UE en cuanto al comercio de productos manufacturados, pero no para los agrícolas
El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea supone un cambio de paradigma en las relaciones de Andorra con Europa, con la que hasta ahora se han mantenido acuerdos sectoriales limitados, como el aduanero de 1990 o los convenios bilaterales en seguridad social con España, Francia y Portugal. El acuerdo supondrá la incorporación plena de Andorra a los cuatro pilares del mercado único europeo –libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas– con todas las oportunidades y obligaciones que eso implica. “Nos pone en plano de igualdad en el mercado europeo y tendrá un efecto espejo en nuestro mercado interno, estableciendo reglas comunes para atraer iniciativas empresariales y nuevos sectores que nos ayuden a diversificar nuestra economía”, explica Landry Riba, secretario de Estado andorrano para las Relaciones con la UE. Riba señala esa “diversificación” como el objetivo principal que busca Andorra con el acuerdo. “Se trata de apoyar nuestra economía en una equivalencia jurídica con las normas de la UE, creando un ecosistema que permita exportar bienes y servicios desde Andorra, pero también que empresarios andorranos puedan establecerse fuera”, añade.
En 1990 se firmo el primer acuerdo aduanero por el cual Andorra pasó a ser tratada como un estado miembro de la UE en cuanto al comercio de productos manufacturados, pero no para los agrícolas
En el ámbito más ciudadano, por ejemplo, el Acuerdo de Asociación con la UE supondría grosso modo eliminar los obstáculos para temas como trabajar, estudiar, jubilarse, recibir atención sanitaria estando de viaje por el Viejo Continente o establecerse en cualquier país de la UE con los mismos derechos y obligaciones que un ciudadano europeo.
También supone un importante cambio a nivel burocrático, ya que Andorra incorporaría directivas y reglamentos europeos sobre consumo, medio ambiente, sanidad, seguridad alimentaria, competencia y protección de datos, entre otros.
La inmigración, uno de los temas que más preocupa, creció en 2024 del orden de un 2,8%, que en cifras absolutas es de 2.514 personas
Precisamente la carga burocrática que supondría estrechar lazos con la UE es uno de los temas que suscita más recelos a una parte importante del tejido empresarial del país. Según un reciente estudio de la Cambra de Comerç andorrana realizado a 862 empresas, el 38% de las empresas considera que el principal riesgo del Acuerdo de Asociación es el incremento de la regulación y la burocracia, seguido de los costes de adaptarse a normativas europeas (37%) y del aumento de la competencia exterior (30,5%). A nivel general, el 42,6% no percibe beneficios directos del acuerdo mientras un 31,6% dice no tener conocimientos suficientes para opinar. Sólo un 25,8% señala ventajas, destacando el acceso al mercado común (16,3%) y la armonización normativa (10,3%) como principales beneficios.
También a nivel político las opiniones están divididas. “Es necesario un acercamiento gradual de Andorra con la UE, pero el Acuerdo de Asociación, tal y como ha sido negociado, agudiza más la crisis del modelo de crecimiento que actualmente está viviendo nuestro país”, valora Cerni Escalé, líder de Concòrdia, el principal partido de la oposición. La formación que dirige ha encargado varios informes sobre las repercusiones del proceso, uno de ellos a cargo del doctor en Ciencias Económicas Miquel Puig, quien en varias ocasiones ha puesto en tela de juicio el objetivo de diversificación económica que esgrime el Gobierno andorrano con este acuerdo. “Es un mantra que escucho mucho en Andorra, pero que no se sostiene ni en la teoría económica ni en la experiencia histórica. Cuando un país se abre, no se diversifica, se especializa”, sostiene. “La apertura al exterior lleva a reforzar aquello en lo que ya eres competitivo, mientras el resto de actividades tienden a desaparecer ante la competencia internacional”, explica Puig quien, como estrategia económica de futuro, insta a las instituciones a apostar y reforzar los dos pilares que ya funciona en el país, como son el turismo –9,6 millones de personas visitaron Andorra en 2024– y el sistema financiero.
El Mirador Solar de Tristaina, situado en Ordino Arcalís
Concòrdia ha llevado la voz cantante de los detractores del Acuerdo de Asociación poniendo énfasis en la afectación que tendrá en aspectos cruciales como el precio de la vivienda o la inmigración. “Andorra es un país de alta inmigración registrada en los últimos años. En 2024 creció más de un 2% y si miramos los tres últimos años, el porcentaje se eleva al 10%. Hablamos de uno de los mayores cambios migratorios que hay per cápita en Europa”.
Dinamarca acaba de asumir la presidencia del Consejo de la UE y será bajo su mandato cuando se dirima el tema
“Se ha creado la percepción de que Andorra quedará totalmente abierta a cualquier flujo migratorio procedente de la Unión Europea. Y eso no es así”, contrapone el secretario de Estado andorrano para las Relaciones con la UE. Y aclara que el acuerdo prevé un sistema de circulación asimétrico, que beneficia principalmente a los andorranos en su relación con la UE. A la inversa, pero, es decir, los ciudadanos de la UE que quieran residir en Andorra, seguirán sujetos a cuotas de inmigración. “El Gobierno fijará unos mínimos y, cuando se alcance ese tope, podrá decidir parar la concesión de nuevas residencias. La decisión será nuestra”, insiste Riba.
También subraya que el acuerdo mantiene el sistema de verificación de antecedentes penales para garantizar la seguridad, otra de las preocupaciones latentes. “Ni la inmigración será ilimitada ni existirá un riesgo para el nivel de seguridad ciudadana. De hecho, el modelo pactado con la UE es más restrictivo que el actual”, afirma.
Para el gobierno andorrano la diversificación de la economía es el principal beneficio
Mientras el país se debate entre el sí y el no, el Acuerdo de Asociación sigue sobre la mesa del Consejo de la Unión Europea, que justo acaba de cambiar de presidencia, desde el 1 de julio en manos de Dinamarca. Será bajo la presidencia danesa que se deberá dirimir una cuestión crucial: si se trata de un acuerdo exclusivo de la Unión Europea –que solo requeriría la aprobación del Parlamento Europeo– o bien de un acuerdo mixto, que obligaría a un proceso más largo, pasando por los parlamentos de los 27 Estados miembro. “Nuestra preferencia es clara: queremos un acuerdo exclusivo. Así lo hemos trasladado porque entendemos que se ajusta mejor a las competencias comunitarias y agilizaría la ratificación”, afirma Landry Riba.
El país accedería a la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas en el mercado único
El Gobierno andorrano ya ha anunciado que no convocará el referéndum al que se ha comprometido hasta que el Consejo mueva ficha y autorice finalmente la firma del texto, lo que activaría la secuencia definitiva: firma formal del Acuerdo de Asociación por parte de la Comisión, Andorra (y también San Marino) y aprobación, si procede, en el Parlamento Europeo. “No queremos someter a la ciudadanía a una consulta con incertidumbres. Primero hay que tener la certeza de que Europa ya ha dado su paso”, asegura Riba. ¿Y en caso de la población diga no? “Continuaremos como un tercer país con acuerdos sectoriales”, afirma el representante gubernamental andorrano.
