El Gobierno se ha propuesto crear un “servicio público de vivienda”. Al igual que existe con la sanidad, con la educación o con los servicios sociales, el objetivo es crear un parque protegido partiendo de cifras ínfimas (un 3,3% del stock actual está protegido). La pieza clave será la empresa pública de vivienda, que nacerá de la actual Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y que ya se está configurando. Sus funciones serán variadas: desarrollo de suelos, promoción (esto no significa que vaya a tener cuadrillas de obreros) o colaboración con empresas.
La nueva empresa pública de vivienda supone, en opinión del Gobierno, un cambio de paradigma. “Hasta ahora la política de vivienda se dirigía al 20% de la población más vulnerable. A partir de ahora nos vamos a dirigir al 60% que está por encima. Es decir, vamos a prestar un servicio a la mayoría de los ciudadanos”, avanza Leire Iglesias, directora general del Sepes. “Queremos ensanchar el parque de vivienda público para llegar a grandes espectros sociales”, plantea.
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Sepes está embarcado en este momento en 35 actuaciones para construir 17.000 viviendas en distintos puntos de España. A ello hay que añadir los activos que se traspasarán desde la Sareb, de forma que en breve la sociedad alcanzará los 3.000 suelos y tendrá capacidad para gestionar miles de inmuebles. También ha adquirido las primeras viviendas a particulares, en la zona afectada por la dana en Valencia.
La futura empresa pública de vivienda tendrá disponible un portal del inquilino, similar a Idealista o Fotocasa. Será una página web donde familias o jóvenes podrán consultar las viviendas disponibles, solicitar su compra o alquiler y gestionar sus contratos. Habrá todo tipo de viviendas, protegidas y no protegidas. Y el objetivo siempre es el mismo: garantizar que a lo largo de la vida útil de la vivienda este activo no pase al mercado libre.
Mendiluce, consejero delegado de Aliseda, propone multiplicar la rehabilitación de pisos
Otro aspecto reseñable de las políticas públicas de vivienda que está impulsando el Gobierno es el alquiler. El colectivo joven es prioritario. La medida estrella es, sin duda, la posibilidad contemplada en la ley de Vivienda de declarar zonas de mercado tensionadas y regulación de distintas modalidades, medida que está siendo muy criticada por el sector privado y por la oposición política. Leire Iglesias defiende, en cambio, que “cada vez es más aceptado por la población que es necesaria la intervención del mercado”.
“Queremos ensanchar el parque público para llegar a más ciudadanos, dice Iglesias, del Sepes
De forma paralela, el Gobierno está a punto de plantear a las comunidades autónomas el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que estará vigente entre el 2026 y el 2030. El ministerio plantea gastar hasta 7.000 millones en los próximos cinco años pero ha condicionado todas las ayudas a que las comunidades autónomas blinden el parque de vivienda protegida de forma permanente. Un dato a destacar es que en el periodo democrático se han construido 2,5 millones de viviendas protegidas; si no se hubieran privatizado el parque público rondaría el 8% del total.
Para intentar caminar hacia una solución a la crisis de acceso a la vivienda, las empresas implicadas también quieren aportar su granito de arena. Una de ellas es Aliseda, cuyo consejero delegado, Eduard Mendiluce, propone tres medidas concretas. La primera es multiplicar el número de rehabilitaciones. España tiene un nivel de rehabilitación diez veces por debajo del europeo (el 0,1% del parque se rehabilita cada año frente al 1% en Europa). Su planteamiento es el siguiente: incrementar el valor de los certificados de ahorro energético (CAE) generados en rehabilitaciones. Estos certificados pueden venderse a las compañías energéticas que necesitan cumplir sus compromisos de descarbonización, lo que podría permitir a comunidades de vecinos autofinanciar obras en sus inmuebles. La propuesta concreta pasa por modificar el factor de ponderación de la fórmula de cálculo definida en la Orden TED/845/2023, incrementándolo de valor “1” a valor “5”.
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La segunda medida que plantea Mendiluce es movilizar el parque de segunda mano y destinarlo a alquiler asequible. Para ello propone regular por ley la cesión voluntaria a comunidades autónomas y ayuntamientos por 25 años del uso de viviendas vacías por parte de propietarios a cambio de un alquiler pagado por la administración.
Por último, el primer directivo de Aliseda defiende impulsar planes de colaboración público-privados a través de una reforma de la ley de Contratos del Sector Público (LCSP). El objetivo es permitir la licitación de contratos en los que el promotor aporte suelo y compromiso de ejecución de obra a cambio de que el mismo promotor o un fondo de inversión adecuado reciba el alquiler y un canon adicional por la administración. Así, los plantes de colaboración público-privados se podrán extender a suelos privados y no sólo desarrollarse en los públicos.
