Talgo ha confirmado este viernes que el consorcio vasco liderado por Clerbil -vehículo inversor de José Antonio Jainaga, propietario de Sidenor-, Finkatuz -fondo de inversión del Gobierno vasco- y las fundaciones BBK y Vital han cerrado la oferta, lanzada el pasado mes de febrero, por el 29,76% del capital de Talgo que hasta ahora estaba en manos del vehículo de inversión Pegasus, participado por el fondo de invesión Trilantic y algunos accionistas minoritarios de la compañía.
La transacción ha quedado fijada a un precio fijo de 4,25 euros por acción, lo que representa un total de 156.675.604 euros por la totalidad de las 36.864.848 acciones objeto de la Compraventa. La cuantía está muy lejos de los 5 euros por acción que Trilantic ha intentado conseguir desde que el Gobierno vetara la opa lanzada el consorcio húngaro Ganz-Mavag que valoró en esa cuantía la acciones de Talgo.
La operación pendiente de la aprobación de junta de accionistas de Talgo
Según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el total de las 33.856.141 acciones de Talgo pertenecientes a Pegasus, ser parte entre los cuatro nuevos accionistas. De los cuales, Clerbil, Finkatze y la fundación bancaria BBK, ostentarán 10.534.569 acciones, es decir un 8.50% del total cada uno de ellos mientras que la Fundación Bancaria Vital, ha adquirido 5.261.141 acciones, el 4,2% del total. La transacción se espera que esté finalizada antes del 31 de enero de 2026.
Tras el anuncio de este viernes, el siguiente paso en el proceso será la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de Talgo que deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía, imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo.
Sin participación directa de la SEPI
Con este acuerdo queda por el momento la entrada la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, pese a que el pasado mes de julio fue autorizada por el Consejo de Ministros para participar en la operación de rescate de Talgo, adquiriendo un 7,9% de la compañía a través de una inversión de 75 millones de euros, 45 de los cuales iban a ir destinados a una ampliación de capital y los 30 millones restantes en deuda convertible en acciones.
La participación del Estado español se hacía necesaria debido a la escasez de fondos disponibles por el consorcio vasco, pero se ha complicado en las últimas semanas cuando se ha conocido que José Antonio Jainaga está siendo investigado por la Audiencia Nacional por vender acero y armas a Israel saltándose el veto del Gorbierno y que el próximo miércoles está citado a declarar acusado de delitos de contrabando y participación en genocidio.
El apoyo del Gobierno está por definir en este nuevo contexto ya que su papel era esencial en la ampliación de capital de 150 millones de euros que han exigido los bancos acreedores de Talgo para mantener sus líneas de crédito y financiación.
