La tormenta judicial que amenaza al empresario vasco José Antonio Jainaga, propietario de Sidenor, que el próximo miércoles debe comparecer ante la justicia acusado de delitos de contrabando y complicidad por genocidio por sus negocios con Israel, no solo no le ha apartado de su objetivo de hacerse con la propiedad de Talgo, sino que ha acelerado la operación.
Ayer, el consorcio empresarial formado por Clerbil, vehículo inversor de José Antonio Jainaga; Finkatuz, el fondo de inversión del Gobierno vasco; y las fundaciones BBK y Vital anunciaron el cierre de la oferta lanzada el 4 de febrero para adquirir el 29,76% del capital de Talgo que hasta ahora estaba en manos del vehículo de inversión Pegaso. Esta sociedad instrumental está participada por el fondo de inversión Trilantic y algunos accionistas minoritarios de la compañía, entre ellos algunos miembros de la familia Oriol, fundadores de Talgo. Una operación que se esperaba para finales de año.
Preico de la acción 4,25 euros, 10 céntimos más que lo anunciado en febrero
La transacción ha quedado fijada a un precio fijo de 4,25 euros por acción, 10 céntimos más que lo anunciado en febrero, lo que representa un total de 156,6 millones de euros. Una cuantía fija que se liga a un posible pago variable que recibirían los socios de Pegaso en caso de que algunos de los actuales compradores revendan su participación por un precio superior en los dos próximos años.
El precio final está muy lejos de los 5 euros por acción que Trilantic ha intentado conseguir desde que e l Gobierno vetara en el verano de 2024 la opa lanzada el consorcio húngaro Ganz-Mavag que valoró en esa cuantía la acciones de Talgo. Pese a ello, la solución accionarial del fabricante de trenes español disparó ayer su valor en bolsa con una revalorización de 9,8%; lo que demuestra que el mercado valora más la estabilidad de la empresa que las posibles consecuencias judiciales de su nuevo socio de referencia.
Entre otras cosas, porque el peso de Sidenor en el capital Talgo ha quedado considerablemente reducido respecto a lo que se presumía cuando su nombre saltó a escena, en lo que el Gobierno de Pedro Sánchez identificó como la solución española para Talgo.
Nueva estructura financiera para completar la operación
El grupo industrial vasco resultó tener menos pulmón financiero del necesario para abordar la operación y ha sido necesario conformar un conjunto de alianzas para dar forma a esta solución española con una importante implicación del Gobierno vasco, muy interesado en no dejar manos extranjeras un bastión importante de su industria autóctona. Según la información remitida ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Jainaga, a través de Clerbil, será propietario de 10.534.569 acciones, un 8,50% de la participación de Pegasus, el mismo porcentaje que ha adquirido el Gobierno vasco a través de su fondo de inversión Finkatze y la Fundación bancaria BBK. Vital, la otra fundación de la antigua caja vasca, ha adquirido 5.261.141 de acciones, el 4,2% del total.
La transacción se espera que esté finalizada antes del 31 de enero de 2026. Para ello, el siguiente paso en el proceso, según ha explicado Talgo, es la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas que debe “ratificar una nueva estructura de financiación de la compañía, imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo”.
Porque el final de los problemas de Talgo no acaba con la solución de sus problemas societarios. Los bancos acreedores han exigido una ampliación de capital de 150 millones de euros para mantener sus líneas de crédito y financiación y cubrir, entre otras cosas, el impacto que supuso la multa de 116,6 millones de euros que Renfe impuso a Talgo el año pasado por el retraso en la entrega de los trenes Avril.
La SEPI, invertirá 75 millones de euros si la deriva judicial de Jainaga no lo impide
Esa ampliación será parte de una nueva estructura financiera que en la que el Estado tiene una destacada participación, con la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI). Que el pasado mes de julio recibió autorización del Consejo de Ministros para adquirir un 7,9% de Talgo a través de una inversión de 75 millones de euros, 45 de los cuales deben contribuir a una ampliación de capital, en la que deben participar Jainaga y sus socios vascos, y los 30 millones restantes en deuda convertible en acciones.
La nueva Talgo también deberá aprobar una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos: financiación de 650 millones con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a tres años, con extensión automática durante dos años más.
A ello se suman la materialización de una acuerdo con Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), de capital público, para suscribir ciertos acuerdos de financiación e instrumentos de cobertura.
En principio, está implicación de Estado sería indirecta, pero está por ver que impacto y que derivadas tiene la situación judicial de José Antonio Jainaga para poder decir que el futuro de Talgo está encaminado o por el contrario, que la participación del Estado debe ser revisada.
