La ofensiva judicial lanzada por los fondos propietarios de Celsa contra el anterior dueño, Francesc Rubiralta, llega al segundo asalto. El Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona celebra a partir del martes un juicio contra el empresario por el pago de una préstamo de más de 20 millones a una sociedad de la familia cuando la multinacional siderúrgica ya se encontraba en problemas financieros.
El expresidente de Celsa acude a los juzgados defendido por el abogado Daniel Irigoyen, del bufete Cortés. Por su parte, los propietarios de la compañía con sede en Castellbisbal, los fondos Strategic Value Partners, Attestor, DWS, Golden Tree y Cross Ocean, han cambiado de representante legal y confían ahora en el despacho Toda & Nel·lo Abogados. Además de esta causa, todavía está pendiente de celebrarse otro juicio por retribuciones excesivas de la anterior cúpula de la empresa.
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Rubiralta logró salir indemne a principios de verano de la primera demanda presentada contra su gestión en la empresa. En aquella ocasión, los fondos presentaron una acción de responsabilidad social por conductas contrarias a su deber como administrador. En concreto, le acusaron de no haber reclamado un crédito intragrupo de 504 millones de euros a las sociedades patrimoniales de su familia en un momento de penurias económicas del negocio. El Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona dictaminó que el hijo del cofundador de Celsa no causó daño directo y real al patrimonio social y apuntó que la reclamación del préstamo resultaba improcedente.
Celsa es propiedad de estos fondos internacionales desde otoño del 2023. Todos ellos entraron en escena en 2022, cuando adquirieron la deuda de la compañía a un grupo de entidades financieras, entre las que estaban CaixaBank y Banco Santander. Un año después, un juez mercantil homologó un plan de reestructuración que apeó a los Rubiralta del control de la empresa.
