El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados, ha confirmado el departamento en un comunicado.
Se trata del segundo expediente de este tipo que se ha abierto desde el ministerio a través de la Dirección General de Consumo. El primero se incoó a finales de marzo a Alquiler Seguro por estas mismas posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas.
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El expediente se enmarca en la misma investigación que está llevando a cabo Consumo desde el mes de octubre a diferentes inmobiliarias de ámbito nacional, centrados en la gestión del alquiler inmobiliario. Esta investigación se abrió a partir de denuncias del Sindicato de Inquilinas- CECU y de asociaciones de consumidores como Facua y OCU, y, según Consumo, sigue en marcha respecto a otras empresas inmobiliarias por éstas u otras prácticas ilegales.
A este respecto, Facua ha aplaudido en rueda de prensa la apertura de este segundo expediente contra una inmobiliaria pero ha pedido, según ha expresado su portavoz, Rubén Sánchez, una “modificación legal” para que se pueda saber el nombre del posible sancionado desde que se inicia el expediente, dado que la Ley de Consumo actual no permite dar identidades hasta que no hay sanción. Sánchez ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace públicos los nombres de los expedientados cuando investiga cárteles en el mercado, lo que da transparencia a los consumidores y que el ministerio podría hacer lo mismo.
Las principales prácticas denunciadas se basan en infracciones como obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino. A este respecto, desde Consumo se señala que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
Facua emplaza a las CCAA a “dar un giro en la política en consumo” con mayores multas
El portavoz de Facua ha valorado que el Ministerio de Pablo Bustinduy “por fin se toma en serio la protección de los consumidores” y ha emplazado a las comunidades autónomas, incluida Andalucía, y a los ayuntamientos a “dar un giro de 180 grados en la política de consumo con multas más elevadas a las empresas infractoras”.
En este sentido, Rubén Sánchez ha precisado que el Ministerio solo tiene competencias en empresas de ámbito nacional, mientras que las comunidades y los ayuntamientos las tienen en las que operan en su territorio; y ha lamentado que no haya trascendido ninguna multa impuesta por las regiones o los municipios a inmobiliarias por cobros ilegales a los inquilinos.
Las multas pueden superar el millón de euros
Las multas pueden oscilar entre los 100.000 euros por graves (o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito, pudiendo superar esta cantidad) hasta un millón de euros o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Los dos procedimientos sancionadores abiertos a las agencias inmobiliarias se unen a los expedientes que la Dirección General de Consumo, recordó el ministerio, mantiene abiertos en el sector de los pisos turísticos. Por un lado, el departamento ha expedientado a Airbnb por no retirar miles de anuncios de alojamientos que incluyen publicidad ilícita y, por otro lado, al expediente sancionador abierto contra empresas que administran viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo “información falsa o errónea”. En este sentido, cabe destacar que este Ministerio ha ordenado el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos a la plataforma Airbnb.
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El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy quiere destacar que “la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley”. “Todas las iniciativas anteriormente mencionadas se enmarcan en el objetivo de proteger el derecho de acceso a la vivienda como acción prioritaria del Ministerio”, afirmaron.
