El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a Airbnb a eliminar 65.935 anuncios de alquileres turísticos considerados ilegales por incumplir distintas normativas. El departamento que dirige Pablo Bustinduy anunció en una entrevista concedida a La Vanguardia hace un año que perseguiría la publicidad de viviendas ofertadas para turistas que no cumplan la ley. Consumo ha enviado tres resoluciones en los últimos meses a la filial en Irlanda del portal de alojamientos instando al borrado de dichos anuncios.
El ministerio considera que los anuncios que ha detectado como ilegales vulneran la normativa de las comunidades autónomas. En todos los casos, explica el departamento, se trata de viviendas completas de uso turístico, no de habitaciones individuales.

Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico en Madrid
Los tres requerimientos a Airbnb han sido enviados en los últimos meses, afirma Consumo este lunes. La compañía recurrió los mismos ante la justicia. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado a favor del Gobierno en un primer auto en el que avala las actuaciones para bloquear dichos anuncios ilegales. Esta primera resolución afecta a 5.800 anuncios de alquiler turísticos que Airbnb, según el ministerio, deberá retirar de manera inmediata.
La Dirección General de Consumo argumentó tres motivos para justificar que los casi 66.000 anuncios de viviendas turísticas en Airbnb estarían incumpliendo la normativa autonómica. En primer lugar, los anuncios localizados no incluyen el número de licencia o registro, algo que es obligatorio en varias normativas de autonomías. Las publicaciones en el portal tampoco indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo cual también debe distinguirse, si se trata de profesionales o de particulares (este aspecto es fundamental para conocer si la vivienda que se contrata está protegida para los consumidores). Por último, también se han detectado anuncios que incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades
Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran localizadas en Catalunya, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Euskadi.
El auto afecta a la publicidad de viviendas turísticas en Catalunya, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Euskadi
El Ministerio de Consumo había estudiado sus competencias y había concluido que sí podía actuar sobre los anuncios de las viviendas que pudieran publicitarse en plataformas digitales. El objetivo, según ha declarado en varias ocasiones el ministro Bustinduy, ha sido colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores. Sólo en Madrid, Consumo había detectado más de 15.000 anuncios que incumplían la normativa.
Consumo recuerda que hace unos meses, en diciembre del 2024, abrió un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de vivienda turística por un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia, y que en febrero del 2025 abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador. Estos expedientes, señala el ministerio, “siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas”. Además, el pasado 27 de marzo se abrió también un expediente sancionador a una gran inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas contra inquilinos.