Los negociadores europeos y estadounidenses todavía están trabajando para redactar una declaración conjunta que oficialice el acuerdo comercial al que llegaron el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es imperativo que lo hagan para despejar las dudas que ha generado el pacto por las versiones contradictorias que ofrecen ambas partes.
Las preguntas comenzaron en las declaraciones que hicieron Trump y Von der Leyen tras la reunión en Escocia, con algunos matices que no pasaron inadvertidos. Pero las contradicciones se han agrandado después de que la Casa Blanca publicara un resumen del acuerdo en su página web que contiene algunas afirmaciones opuestas a lo que explicaron el lunes fuentes comunitarias a los periodistas en Bruselas.
El apretón de manos entre Ursula von der Leyen y Donald Trump el pasado domingo
La Casa Blanca quiere menos requisitos para productos porcinos y lácteos; Bruselas habla solo de formularios
Son varios los puntos que no coinciden. Para empezar, la Casa Blanca describe que, como parte del nuevo pacto, EE.UU. y la UE “tienen la intención de colaborar para abordar la simplificación de las barreras no arancelarias que afectan al comercio de productos alimenticios y agrícolas”. Washington incluye en esto la simplificación de los requisitos para los certificados sanitarios de los productos porcinos y lácteos estadounidenses. “Significa básicamente cambiar los tipos de formularios. No estamos modificando nuestras regulaciones”, puntualizó ayer el portavoz de Comercio, Olof Gill.
Lo mismo en el caso de las supuestas barreras para el comercio digital. Según la Casa Blanca, la UE ha confirmado la intención de discutir las barreras digitales “injustificadas”, “que no adoptará ni mantendrá tasas por el uso de la red” y ambos mantendrán aranceles aduaneros cero sobre las transmisiones electrónicas. “Permítanme ser muy claro en este punto. No cambiamos nuestras reglas. No renunciamos a nuestro derecho a regular de forma autónoma el espacio digital”, respondió Gill.
Lee también
Hay más cosas. La Comisión Europea mantiene que de momento los productos farmacéuticos se librarán de los aranceles hasta que EE.UU. complete una investigación pendiente sobre el sector. En cambio, la Administración Trump considera que recibirán un 15% de aranceles, como el resto de las exportaciones europeas, a partir de este viernes.
Un punto conflictivo son los aranceles sobre el acero y el aluminio, algo particularmente interesante para Trump en su afán por reindustrializar el país. Hasta el momento, estos productos sufren los aranceles más altos, del 50%. La Casa Blanca publica que esto seguirá así y que ambas partes “debatirán cómo garantizar las cadenas de suministro”. “Este nuevo régimen arancelario generará decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales y contribuirá a reducir el desequilibrio comercial que existe desde hace tiempo”, cree Washington. En cambio, fuentes comunitarias insistieron en que en lugar de esto habían pactado establecer un sistema de cuotas para terminar con la disputa y solamente se aplicaría el 50% si se superan estas cuotas.
La Comisión no puede garantizar los compromisos de inversión por falta de competencias
Por último, Europa también ha matizado las promesas de inversiones masivas anunciadas a bombo y platillo por Trump. En el caso de las armas –la Casa Blanca habla de compras significativas–, fuentes comunitarias relatan que fue “una expresión de las expectativas de Trump” y recuerdan que en este asunto tan sensible las competencias son de las capitales y no de la Comisión Europea.
Sobre el compromiso para realizar compras de energía por 750.000 millones de dólares durante el segundo mandato de Trump, Bruselas explica que se trata de una cifra basada en las necesidades que tendrá Europa en su camino para dejar de depender de la energía rusa, pero al final son los gobiernos y las empresas quienes deciden estas adquisiciones.
Lo mismo acerca de las inversiones de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Fuentes europeas recuerdan que se trata de la intención de las empresas privadas, no algo que la Comisión pueda garantizar al 100%.
