El presidente Donald Trump pidió esta noche del miércoles al Tribunal Supremo que acepte y resuelva rápido, por la vía expeditiva, el recurso con el que busca que anule la decisión de un juzgado inferior que decretó ilegales la mayoría de sus aranceles.
La presentación del caso al alto tribunal se produjo a los cinco días de que la corte de apelación sentenciara por siete votos a cuatro que Trump se excedió en su poder, asumiendo competencias del congreso, al implementar gravámenes a la gran mayoría de las importaciones a Estados Unidos.
Estos impuestos siguen vigentes porque los jueces dieron de plazo hasta el 14 de octubre para su anulación, precisamente para que el gobierno tuviera margen para acudir al Supremo.
La decisión de la apelación supuso poner en cuestión un pilar central de la agenda económica de La Casa Blanca, con la que, a costa de una guerra comercial global, pretende subsanar el déficit de sus arcas.
Trump requirió al Supremo que escuche los argumentos de su administración a principios de noviembre y que tome una decisión sobre la legalidad de la disputa de forma casi inmediata, según la documentación a la que tuvo acceso la cadena NBC.
Por lo general, la mayor instancia judicial del país no acostumbra a resolver hasta el verano, justo antes de cerrar el curso.
En una declaración adjunta a la solicitud de Trump, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, consideró que la decisión del tribunal inferior “socava gravemente la capacidad del presidente para realizar su diplomacia en un mundo real y para proteger la seguridad nacional y económica de Estados Unidos”.
En la petición firmada por Trump también se indicó que “retrasar la decisión hasta junio del 2026 puede dar como resultado un escenario en el que de 750.000 millones de dólares a un billón en aranceles ya habrán sido recaudadas y desmantelarlos podrían causar una significativa disrupción”.
El presidente recurrió a la ley de emergencia económica internacional (IEEPA), para imponer severos aranceles, mal denominados recíprocos, a los socios comerciales, declarando que el déficit de EE.UU en los tratos con otras naciones suponía una emergencias. En su tono de alarma desmesurada e hiperbólica, Trump ha llegado a decir que el país no sobrevivirá sin estos gravámenes.
Pero la corte de apelación, ratificando la sentencia original, respondió que “el poder de fijar aranceles corresponde al Congreso” y no se lo puede atribuir la autoridad presidencial. Los jueces remarcaron que así lo establece la Constitución.
