La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) detecta dos problemas de fondo en el sistema de pensiones. Por un lado, su falta de equidad, beneficiando a las carreras cortas respecto a las largas, y por otro, su insostenibilidad estructural, que tendría que corregirse con una serie de reformas, una de las cuales podría ser revalorizar las pensiones por debajo del IPC.
Son elementos destacados del informe presentado hoy bajo el título “Una visión actuarial del sistema de pensiones español”. Arrancando con la falta de equidad del sistema, lo que aparece es un mejor trato del sistema de pensiones hacia las carreras cortas frente a las largas, hacia la modalidad ordinaria y demorada frente a la anticipada, y también hacia las bases reguladoras altas frente a las bajas. Es un cálculo que se hace después de descontar los complementos de solidaridad y la influencia de la distinta esperanza de vida de hombres y mujeres,
La inequidad a favor de las carreras cortas viene determinada porque actualmente no se asigna un porcentaje constante por año cotizado, sino que varía, con mayor porcentaje en los primeros 15 años. También se señala que tener en cuenta toda la vida laboral para calcular la base reguladora, y no los últimos 25 años, reduciría la desigualdad contributiva actual a favor de las bases altas frente a las altas.
Por lo que respecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones, el diagnóstico de Fedea es negativo, al establecer que el exceso de pensiones sobre cotizaciones está en el entorno del 12%. Un cálculo que realiza a partir del factor de equidad actuarial contributivo, que mide la relación entre lo que se cobra de pensión y lo que se ha cotizado. La insostenibilidad es aún más evidente si la comparación se realiza con el crecimiento económico que estima el Ageing Report para el futuro, en este caso el exceso de pensiones sobre cotizaciones sería del 25%.
A partir de esta constatación, Fedea elabora una lista de potenciales medidas que podrían corregir esta insostenibilidad estructural del sistema, aunque, como reconoce la misma fundación, son difíciles de aplicar.
Una de las que se plantea es plantea revalorizar las pensiones por debajo del IPC, que califica como la más eficaz porque afecta a todas las pensiones, aunque añade que también es “la menos popular y políticamente viable”. Sería dar marcha atrás en la última reforma de las pensiones que estableció esta indexación con los precios que asegura a los pensionistas que no pierden poder adquisitivo. Como alternativa intermedia, propone vincularla a momentos bajos del ciclo económico y solo para las pensiones altas. En el ejemplo que incorporan supondría que en los últimos 40 años esta restricción en la subida de la franja alta de las pensiones se hubiera aplicado dos veces, durante la crisis inmobiliaria (2010-16) y la de la pandemia (2020-21).
Otras medidas que se plantean son aumentar la edad de jubilación, (que ahora está fijada en 67 años en el 2027) y aumentándola a los 68 años en 2047 y a los 68,5 años en 2061; incrementar el periodo de cálculo de la base reguladora hasta incluir toda la vida laboral; o incrementar el tipo de cotización.
El estudio de Fedea ha sido elaborado por J. E. Devesa, I. Domínguez Fabián, B. Encinas y R. Meneu, de las universidades de Valencia y Extremadura y de Polibienesta.
