El Gobierno central y las comunidades autónomas del PP han enfrentado hoy sus modelos de vivienda, muy diferentes. El escenario ha sido la presentación del próximo Plan Estatal de Vivienda, el marco central de la financiación de las políticas públicas del ramo que avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes y que estará en vigor entre el 2026 y el 2030. Todas las autonomías de régimen común han estado presentes defendiendo sus posiciones. El Ejecutivo ha contado con el apoyo cerrado de Catalunya. Sin embargo, los representantes de las comunidades del PP han expresado críticas, con distintos matices, al plan que prevé aprobar el Consejo de Ministros antes de final de año.
El Gobierno propone triplicar las aportaciones que han estado vigentes hasta ahora, alcanzando una financiación de 7.000 millones en vivienda en los próximos cinco años. Pero, a cambio, plantea que las comunidades autónomas también aumenten sus fondos y blinden su parque público de vivienda de forma permanente. Sin esa protección de las viviendas, los territorios no recibirán fondos estatales.
El plan es apoyado de forma clara por Catalunya y Asturias, de signo socialista. También por Euskadi y Navarra, cuyos consejeros de vivienda han estado presentes en la reunión, aunque no participan de este régimen de financiación. En el resto de territorios hay dudas u oposición.
La división ha sido patente en la Conferencia Sectorial, que se ha prolongado durante casi cuatro horas. Las once comunidades del PP han criticado el plan presentado por el Gobierno, aunque con distinta intensidad, por estar impregnado, según han denunciado, de “ideología e intervencionismo”. La intervención más dura, según varios de los presentes, ha sido la de Extremadura, cuyo consejero del ramo se ha mostrado contrario a prácticamente todo, incluida la permanencia del parque público con el paso de los años. Madrid, con el consejero de Presidencia presente, ha seguido su estela.
El Gobierno ofrece a las once comunidades del PP una financiación para vivienda de 5.089 millones hasta el 2030 con la citada condición: los inmuebles que se financien deberán estar protegidos de forma permanente, de forma que nunca puedan liberalizarse. Este blindaje tendrá que estar contemplado en la escritura. Las autonomías que quieran financiar viviendas protegidas que con el paso de los años puedan privatizarse se arriesgan a perder los fondos estatales.
Lee tambiénLas comunidades del PP rechazan el plan de vivienda que quiere aprobar el Gobierno
La financiación para vivienda deberá concretarse en convenios sellados entre el Gobierno y las respectivas comunidades autónomas. Andalucía es la que más fondos se arriesga a perder, 1.197 millones, si no blinda el parque público apoyado económicamente por el Estado. Le sigue Madrid, con 1.113 millones, y Comunidad Valenciana, con una partida de 798 millones. Los gobiernos autonómicos que no firmen los acuerdos bilaterales no recibirán los fondos estatales.
Otra condición para recibir la financiación del Estado es que las distintas comunidades autónomas aumenten también sus ayudas para construir vivienda pública. Así, de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda para los próximos cinco años, el ministerio plantea destinar un 40%, 2.800 millones, a impulsar el parque público blindado de forma permanente, tanto en promoción como en compra directa de vivienda. Otro 30% iría destinado a la rehabilitación del parque actual, de los más envejecidos de la UE, y otro 30%, a ayudas a la demanda, como un refuerzo del actual bono alquiler joven, que alcanzaría los 300 euros mensuales, o ayudas de hasta 30.000 euros para el alquiler con opción a compra.
La financiación para vivienda deberá concretarse en convenios sellados entre el Gobierno y las comunidades autónomas
Catalunya secunda sin fisuras el Plan Estatal de Vivienda planteado por el Gobierno y, por tanto, recibirá los fondos estatales. En total, 1.015 millones en el próximo periodo, lo que implica prácticamente la financiación del periodo 2022-2025, que ha sido de 542 millones.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado durante la Conferencia Sectorial celebrada en la capital que la Ley de Vivienda en vigor le posibilita poder condicionar los fondos estatales al blindaje del parque público, algo que no había ocurrido hasta ahora.
Las comunidades del PP han expresado en bloque críticas al Plan Estatal, aunque con distintos matices. Algunas de ellas, como Madrid y Extremadura, han avanzado que no están dispuestas a firmar el documento planteado por Vivienda. Andalucía ha explicado que presentará alegaciones. El ministerio, por su parte, ha agradecido el tono de la conversación y ha emplazado a los territorios a una nueva reunión de carácter técnico que se celebrará en las próximas semanas. El Plan Estatal de Vivienda se aprueba en Consejo de Ministros y no requiere pasar por el Parlamento.
