Son un colectivo de 3,4 millones de trabajadores que, a diferencia de los asalariados, disponen de un mayor margen de libertad de actuación, pero que lo pagan sobradamente asumiendo riesgos y con una protección social disminuida. Son los autónomos, sobre los que hay una percepción generalizada de que sufren una discriminación, aunque no sobre lo que hay que hacer para corregirla.
En los últimos días, ha quedado patente que, para muchos, una amenaza viene de la mano de la propuesta de la Seguridad Social de aumento de las cuotas para los próximos tres años. La protesta ha estallado por la derecha y por la izquierda, en el campo laboral y en el político cuando la negociación solo acaba de arrancar. Sin embargo, para otros, el castigo viene de mucho más atrás (precisamente es lo que esta propuesta intenta solucionar), procede de reducidas prestaciones sociales y exiguas pensiones en el futuro, a cambio, eso sí, de pagar cotizaciones también mínimas en el presente.
La propuesta de incremento de las cuotas ha provocado de forma inmediata una fuerte oposición y ha situado al autónomo ante un dilema y dos incógnitas. El dilema es cómo sobrevive en el presente de trabajador en activo sin hipotecar su futuro de pensionista; y las incógnitas, si se llevará a cabo la subida de cuotas, que en realidad es la aplicación de acuerdos anteriores establecidos por consenso; y finalmente, si van a conseguir que les mejoren de forma significativa el cese de actividad, el paro de los autónomos.
El castigo del autónomo: 650 euros menos de pensión al mes
El dilema lo arrastran desde siempre. Cómo evitar que la pensión media de jubilación de un autónomo sea muy inferior a la de un asalariado. Ahora mismo, hay 656 euros mensuales de diferencia, los que van de los 1.666 euros de la pensión del régimen general a los 1.010 euros de los trabajadores por cuenta propia. Evitarlo comporta aumentar las cotizaciones para hacerlas corresponder gradualmente con las retribuciones netas. Claro que esto duele.
La comparativa 2022-2025: de 961 a 1.144 euros de jubilación
Duele, pero compensa, argumentan en la Seguridad Social. Lo justifican analizando los efectos de la primera parte de la reforma ya realizada, la comparativa entre 2022, es decir, con el sistema antiguo, y 2025, ya con las primeras modificaciones.
Un ejemplo sería el de un autónomo en la zona media de la tabla, con ingresos entre 1.700 y 1.850 euros al mes, con dos hijos. La parte dolorosa es que en 2025 paga más cuota (350 euros frente a los 294 euros de 2022). A cambio, mejora prestaciones (por incapacidad tamporal, 858 euros frente a 720; por nacimiento y cuidados, 1.144 frente a 961 euros; y por cese de actividad (801 euros frente a 672). Y también hay diferencia en la pensión de jubilación. Se pasa de 961 euros al mes a 1.144 euros. (Es un cálculo hecho contando que se mantuviera siempre este nivel de cotización y una carrera de cotización completa.)
Es cierto que hay una mayor recompensa, pero también lo es que el aumento de cotización duele especialmente en los tramos más bajos de ingresos, porque son los más vulnerables. Son muchos trabajadores en esta zona, 1,38 millones, el 40% del total, y con el añadido de que en los últimos años su cuota bajó y ahora repuntará de nuevo.
Sin embargo, la propuesta castiga mucho más a los tramos superiores, donde se concentran medio millón de autónomos. Los que superan los 6.000 euros al mes, que serían en su mayoría socios o administradores de una sociedad, pasarían a pagar 796 euros al mes el año que viene, un aumento del 35%, y 1.208 euros el 2028, una subida del 104%. Es el “sablazo”, según la terminología del presidente de ATA, Lorenzo Amor.
¿La aplicación de lo acordado en el 2022 por consenso o un 'sablazo'?
Después del dilema entre presente y futuro, vienen las incógnitas. Una es si, vista la oposición desplegada, se va a llevar a cabo el incremento de cuotas. En teoría, la polémica actual podría sorprender porque la decisión de partida, la de ligar cotización con rendimientos, ya se tomó en 2022, por acuerdo del Gobierno con todos los agentes sociales, y se trasladó a un real decreto ley. Además, se incluyó como uno de los hitos del plan de recuperación que permitió acceso a los fondos europeos, especificando claramente el objetivo y el periodo de transición.
Un trabajador en un restaurante
En la práctica, la polémica sorprende menos. Aunque venga pactado del pasado más o menos inmediato, subir cuotas, y de forma significativa, es un ejercicio difícil cuando hay limitados incentivos inmediatos y los más apreciables lo son a muy largo plazo. Además, políticamente, es un mina para el adversario.
La segunda incógnita es el nivel de mejoras de las prestaciones sociales que se aplicará, especialmente en el cese de actividad, y aquí la propuesta, aunque conlleva mejoras, se queda corta, según las asociaciones de autónomos. La misma Seguridad Social reconoce que requisitos legales demasiado estrictos impiden disfrutar de este paro de los autónomos a muchos trabajadores. Actualmente, estos requisitos provocan que más del 50% de las solicitudes de acceso a este subsidio de desempleo de los autónomos se denieguen.
Las quejas vienen porque no se reconoce automáticamente este cese de actividad cuando el cierre es definitivo, y también porque se exige la doble condición de pérdida de ingresos y endeudamiento. En el caso de los autónomos personas físicas sin asalariados, es una discriminación respecto al asalariado “al que no se le exige estar en la ruina para cobrar el parado”, argumentan en UATAE, la organización ligada a CC.OO.
Ante tanta crítica, en la Seguridad Social indican que es una propuesta de salida, por tanto, negociable, aunque subrayan que el ritmo de implementación es graduable, pero el objetivo final, la cotización por rendimientos netos, se debe alzanzar el uno de enero del 2032.
