Bruselas investiga a Google por penalizar a medios de comunicación en las búsquedas

Las grandes tecnológicas

La Comisión Europea analiza si las degradaciones de ciertos sitios webs afectan a la libertad de los editores

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El logo de Google en las oficinas de la empresa en Londres, en una imagen de archivo

Carlos Jasso / Reuters

Dos meses después de la multa de casi 3.000 millones de euros por sus prácticas abusivas en su sistema de publicidad online, la Comisión Europea vuelve a la carga contra Google. Bruselas ha abierto una nueva investigación para evaluar si Google aplica “condiciones justas, razonables y no discriminatorias de acceso” a los sitios web de los editores en la Búsqueda de Google, tal y como obliga la Ley de Mercados Digitales (DMA). Es decir, si penaliza o no ciertos sitios web de información en los resultados de su motor de búsqueda.

La compañía estadounidense ha puesto en marcha medidas para luchar contra las supuestas técnicas de manipulación utilizadas por algunos sitios web para mejorar su posicionamiento en los resultados de su motor de búsqueda. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que hay indicios de que Google, con estas políticas, “está degradando los sitios web de los medios de comunicación y otros editores y el contenido de los resultados de búsqueda de Google cuando dichos sitios web incluyen contenido de socios comerciales”.

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Esto lleva a que, según fuentes del Ejecutivo comunitario, el buscador termine incluso indentificando a estos sitios webs como spam, lo que los termina eliminando de sus listas de búsqueda. La penalización podría perjudicar a estos medios de comunicación afectados, ya que reduce el tráfico de sus sitios webs y por lo tanto, también disminuye sus ingresos publicitarios. “Esta política parece afectar directamente a una forma común y legítima para que los editores moneticen sus sitios web y contenido”, sostiene la Comisión en un comunicado. 

Por lo tanto, la Comisión está investigando si las degradaciones de Alphabet (la matriz de Google) de los sitios web y el contenido de los editores en el motor de búsqueda de Google “pueden afectar a la libertad de los editores para realizar negocios legítimos, innovar y cooperar con proveedores de contenido externos”. Según apuntan fuentes europeas, los medios de comunicación en general corren el riesgo de sufrir una financiación insuficiente “para hacer frente a todo tipo de amenazas que se ciernen sobre ellos, lo que pone en peligro también el pluralismo de los medios de comunicación en general y, si se quiere, la democracia”. 

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“Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus resultados de búsqueda”, ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de Competencia, Teresa Ribera. “Investigaremos para garantizar que los editores de noticias no pierdan ingresos importantes en un momento difícil para la industria, y para garantizar que Google cumpla con la Ley de Mercados Digitales”, ha prometido.

La investigación llevará tiempo, por lo menos un plazo de doce meses, según calcula el Ejecutivo comunitario. En el caso de que encuentre pruebas de este incumplimiento, le pedirá a Alphabet, la matriz de Google, que adopte ciertas medidas para resolver las preocupaciones comunitarias. De no hacerlo, se arriesga a multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa en todo el mundo —unos 337.000 millones de euros en el 2024—, que pueden llegar hasta el 20 % en caso de reincidencia. La Comisión puede incluso obligar a Google a vender parte de la empresa.

Bruselas insiste así en su convicción en regular los grandes guardianes digitales, incluyendo a los gigantes estadounidenses, pese al enfado del presidente de EE.UU., Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca ya reaccionó con furia en la multa de Google en septiembre, que consideró “muy injusta” y advirtió que no iba a permitir sanciones a empresas estadounidenses. Entonces, la Comisión sostuvo que Google ha infringido las normas antimonopolio de la UE al distorsionar la competencia en el sector de la tecnología publicitaria en lo que fue la segunda multa más alta que había impuesto el Ejecutivo comunitario. La empresa californiana también ostenta la primera, de 4.124 millones de euros por aplicar restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos que utilizan su sistema operativo Android.

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