La extensión de un modelo de financiación similar al propuesto para Catalunya a todas las comunidades autónomas españolas dejaría como perdedoras a las forales, Canarias y Extremadura en beneficio de Valencia, Andalucía, Madrid y Catalunya. Son los cálculos teóricos efectuados por el IVIE en un informe en el que se analizan las consecuencias de romper con el statu quo y la situación de privilegio del País Vasco y Navarra.
La propuesta no pasará por el momento del mundo académico, ya que las líneas generales que se espera que esboce hoy Hacienda (ver información adjunta) pasan de largo de las comunidades forales. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) estima que en un sistema de cupo (similar al pactado para Catalunya entre PSC y ERC), el País Vasco perdería más de un tercio de sus recursos, y Navarra, una cuarta parte. Casi 5.800 millones de euros cada año que irían a parar fundamentalmente a Valencia, Andalucía, Madrid y Catalunya. Esta última recibiría 1.410 millones, un 5% más (ver gráfico).
El modelo foral está recogido en la Constitución y nunca nadie se ha atrevido a cuestionarlo, si bien en los últimos años algunos economistas han apostado por que se las tenga en cuenta a la hora de plantear una reforma del modelo de financiación autonómica. El catedrático de la UPF Guillem López i Casasnovas recuerda que en el informe de expertos para la reforma del modelo del 2017 ya se señaló la necesidad de que las forales participaran de la solidaridad entre comunidades.
Pedro Pascual, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, explica que “una de las debilidades de estos modelos forales es que, se dice, y yo creo que con razón, que no se aporta suficientemente a la nivelación a la solidaridad”. aunque matiza que “algo se aporta”, pero no es fácil de calcular. El trabajo del IVIE basa sus estimaciones en el esfuerzo fiscal que realizan los contribuyentes de cada territorio en relación con su renta per cápita. Pascual defiende que en los modelos vasco y navarro se parte de “las cargas no asumidas” y a partir de ahí se hace una aportación al Estado, por lo que el cálculo es diferente.
Pascual indica también que el modelo foral genera algunas disfunciones por la vía de la inversión del Estado en esos territorios y pone como ejemplo que la alta velocidad aún no ha llegado a Navarra y el País Vasco.
El País Vasco perdería más de un tercio de sus ingresos, pero su modelo está protegido por la Constitución
El IVIE alerta también de que un sistema como el planteado por Catalunya solo para esa comunidad provocaría que se ampliaría a tres el número de comunidades “privilegiadas”. Desde la Generalitat, en cambio, siempre se ha defendido que el modelo pactado entre el PSC y ERC introduce algunos elementos que no lo hacen equiparable al foral porque se especifica literalmente en el texto del acuerdo que “la Generalitat tiene que contribuir a la solidaridad con las otras comunidades con el objetivo que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares”.
Juan Pérez, uno de los economistas coautores del informe del IVIE, afirma que “Catalunya defiende un modelo basado en la capacidad fiscal en el que se tiene en cuenta únicamente la capacidad recaudatoria de cada territorio. Y nosotros lo que decimos es que hay que ir hacia otro criterio. No solo tienes que aportar por lo que recaudas, sino que hay que tener en cuenta tu renta per cápita”. A juicio de Pérez, “hay que tener en cuenta lo rico o lo pobre que eres”. De ahí surge el concepto de esfuerzo fiscal que usa el IVIE.
En primer lugar, el informe estima el cupo que el conjunto de las comunidades tendría que aportar al Estado para garantizar la financiación de los servicios que este presta en cada territorio. En este primer cálculo, a fecha de hoy ya se ve la situación de privilegio, porque el País Vasco aporta el equivalente a un 5,6% de su PIB y Navarra un 7,1%, mientras que en el caso de las comunidades de régimen general el porcentaje calculado es una media del 9,3%.
El segundo paso del modelo propuesto por el IVIE es que solamente se tenga en cuenta para la nivelación una parte de los recursos que recauda cada comunidad (en este caso, el 75%). El modelo respeta también el principio de ordinalidad para que ninguna comunidad salga del modelo peor de lo que entró en el ranking.
Catalunya ganaría un 5% más de recursos si el modelo fuera igual para las 17 comunidades
El cambio de paradigma es aún más claro cuando se analiza la financiación por habitante. En la situación actual, la financiación por persona en el País Vasco es de 5.646 euros, mientras que en Valencia es de 3.112, y en Catalunya, de 3.421. Eso significa que el País Vasco está un 61% por encima de la media y Valencia un 11% por debajo. Le separan mas de 70 puntos. Catalunya se sitúa un 2,3% por debajo. Con el modelo de esfuerzo fiscal propuesto por el IVIE, todas las comunidades se colocarían en torno al 100% y liderarían el ranking Baleares (+6,5%), Madrid (+3,9%) y Catalunya con un 2,9% por encima de la media. Pérez matiza que los cálculos se hacen teniendo en cuenta que todas las comunidades recaudan sin ejercer su capacidad normativa, por lo que no se tiene en cuenta las posibles rebajas de impuestos de comunidades como Madrid.
La incorporación de las forales a la cesta conjunta de la financiación presenta algunas dificultades, ya que el modelo está reconocido por la Constitución. “La Constitución en la disposición adicional primera habla de eso, de los territorios históricos, y garantiza todo esto. Yo creo que debería modificarse la Constitución”, dice Pascual. Y López i Casasnovas plantea que el Estado asumiera la pérdida de ingresos de las forales con algún fondo vertical. El IVIE también propone que, para compensar pérdidas iniciales de las mejor financiadas, el Estado articule un fondo con 8.538 millones de euros, el 0,6% del PIB.
