Telefónica y Cellnex han impugnado la adjudicación del contrato para la creación de una red de fibra óptica para la Generalitat a una unión temporal de empresas (UTE) conformada por las catalanas Sirt y Connecta, que usará equipamiento de la china Huawei. Estas multinacionales tecnológicas han presentado un escrito en el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) y han paralizado el proceso hasta que esta organismo resuelva.
El concurso fue licitado en mayo y su fallo se produjo hace un mes. En total, se presentaron cuatro ofertas: además de la alianza de Sirt y Connecta y de la de Telefónica y Cellnex, también concurrieron una alianza entre Masorange y Parlem y Vodafone. La oferta de las empresas locales fue la que obtuvo una mejor puntuación técnica y global, mientras que la alianza entre la multinacional española y el operador de antenas obtuvo las mejores calificaciones técnicas.
Fuentes de la Generalitat señalaron que el contrato cumple con “el marco normativo aplicable” y señalan que el recurso presentado “es una posibilidad contemplada”. “Ahora, el procedimiento continuará siguiendo los procesos y mecanismos establecidos por la ley”, añaden.
El valor estimado del contrato del el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació (CTTI) es de 127 millones de euros, pero su relevancia supera con creces el importe. La red XCAT se encargará de gestionar las comunicaciones dentro de la administración pública catalana. Entre otras infraestructuras más de 6.000 servicios repartidos en el territorio como: los nueve hospitales más grandes de Catalunya y 900 centros de atención primaria, 120 comisarías de los Mossos d'Esquadra, 180 servicios de bomberos y servicios de emergencias médicas, 100 sedes judiciales, 1.200 oficinas de la administración catalana o la propia Generalitat y el Parlament.
La adjudicación a la multinacional china sorprendió al sector de las telecomunicaciones. Principalmente, porque va en dirección contraria de la petición de este verano por parte de la Comisión Europea de restringir o apartar al operador chino de este tipo de contratos estratégicos. En concreto, Bruselas quiere extremar las precauciones sobre el flujo de información que pasa por las manos de una compañía que tiene fuertes vínculos con el gobierno chino.
Pese a las advertencias de la CE, el Gobierno español está desarrollando una agenda de acercamiento comercial al gigante asiático. El ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que cumplen al 100% las exigencias comunitarias, pero apuntan que es necesario tener relaciones con la que es la segunda mayor potencial comercial del mundo. La estrategia del Ejecutivo pasa tanto por atraer inversiones como impulsar los sectores porcino, farmacéutico y del automóvil españoles en un mercado de más de 1.000 millones de consumidores.
