La circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que se propone la nueva metodología para el cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) para las inversiones en redes eléctricas en el período 2026-2031 ha llegado esta semana al Consejo de Estado para su preceptiva evaluación, como trámite previo necesario para su aprobación final. La sorpresa es que el documento no cuenta con el apoyo de los 10 miembros del pleno del regulador, sino que va acompañado de los votos particulares contrarios a la mayoría de dos consejeros, en concreto de los dos cuya formación y experiencia laboral está más ligada al sector eléctrico, según la documentación a la que ha podido acceder Guyana Guardian.
La nueva regulación propuesta por la CNMC plantea sustituir progresivamente el esquema actual —que diferencia entre inversiones (CAPEX) y gastos operativos (OPEX)— por un modelo llamado TOTEX, que agrupa ambos tipos de costes. Este cambio se aplicaría por fases: un primer periodo continuista entre el 2026 y el 2028, y una transición completa al TOTEX entre el 2029 y el 2031. A esto se suma una nueva retribución para las inversiones de las empresas eléctricas del 6,58% para los próximos seis años, algo por encima del 6,46% que se había propuesto en una primera versión, pero muy por debajo del 7,5% que reclamaban las eléctricas.
Los dos votos particulares señalan trato discriminatorio entre REE y las eléctricas
La CNMC sostiene que el TOTEX es el modelo más adecuado para impulsar la electrificación de la economía, ya que incentiva que las distribuidoras utilicen soluciones eficientes —incluidos mecanismos de flexibilidad y redes inteligentes— en lugar de centrarse únicamente en nuevas infraestructuras. Esta metodología también busca contener costes para evitar que las facturas de los consumidores se disparen, ya que son ellos los que pagan todas estas inversiones, vía peajes del sistema.
Además, en los últimos años del periodo regulatorio, la propuesta de la CNMC es vincular la retribución a las distribuidoras al crecimiento de la demanda eléctrica: cuanto más aumente la potencia conectada, mayor será la retribución por las inversiones consideradas “sostenibles”.
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Los votos particulares van firmados por María Jesús Martín y Josep María Salas, los dos únicos consejeros de los 10 que forman el pleno cuya formación y carreras están ligadas al sector eléctrico. Ambos confluyen en que la tasa de retribución no es acorde con el riesgo que plantea para las empresas de distribución la nueva metodología, aunque sus argumentos no son exactamente iguales.
Josep María Salas plantea su disensión en base a “una única consideración y tiene como objetivo garantizar un tratamiento congruente y no discriminatorio entre la actividad de transporte y de distribución eléctrica”, según consta en el documento.
Es decir, Salas considera que hay un trato diferente para las inversiones en la red de transporte (que son las que efectúa Red Eléctrica) y las de distribución (que son las que realizan eléctricas como Iberdrola o Endesa, entre otras).
Trato diferente a REE frente a las eléctricas
El consejero cuestiona que la circular aplica el mismo parámetro de riesgo (el conocido coeficiente beta) a dos actividades que, en opinión del consejero, afrontan niveles de incertidumbre claramente distintos en el próximo periodo regulatorio.
La cuestión es que mientras que la retribución para el transporte eléctrico (el que hace Red Eléctrica) es continuista, y por tanto sin riesgo en los primeros años de transición, no ocurre lo mismo con la distribución, que debe afrontar un nuevo esquema de cálculo basado en el modelo TOTEX, que combina inversiones y costes operativos en un único bloque. Este cambio, unido a que parte de la retribución dependerá del crecimiento de la demanda eléctrica, introduce lo que Salas describe como “un incremento de riesgo no despreciable” para las distribuidoras. “Esta realidad es fruto de una decisión tomada desde la discrecionalidad regulatoria que le compete al regulador”, asegura el consejero que pide un retorno financiero adecuado al riesgo al que se somete a las eléctricas.
Incentivar la inversión sin disparar la factura
El voto particular de María Jesús Martín va en la misma línea. La consejera celebra el espíritu del nuevo modelo operativo definido por la CNMC, ya que liga las nuevas inversiones a la demanda para evitar que un exceso de inversión dispare la factura eléctrica de los consumidores, que son los que pagan la retribución a través de los peajes. Pero, su principal desacuerdo es la forma elegida para aplicar los ajustes de eficiencia operativos del nuevo modelo, ya que “puede generar efectos indeseados tanto para las eléctricas como para los consumidores”. Esto se debe a que, según explica Martín en su crítica, la CNMC propone un ajuste de los márgenes de eficiencia ligados a la operación, que en su opinión son “excesivos” y pueden tener el efecto contrario al que pretende la CNCM.
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Es decir, que a las eléctricas se les reduce en exceso la remuneración por esa operación que podría desincentivarlas a impulsar ese uso eficiente de la red actual, introducir gestión eficiente de la demanda e incluso abordar nuevas inversiones claves para la transición energética. Martín asegura que, al introducir por primera vez un modelo TOTEX en España, “la CNMC debería haber modulado los ajustes para equilibrar la protección al consumidor con incentivos adecuados para las distribuidoras”.
Está por ver si el Consejo de Estado hará suyas alguna de estas dos sugerencias antes de dar su visto bueno a la Circular antes de devolverla al Gobierno, que tiene la capacidad de realizar cambios en la recta final de la tramitación que debe estar aprobada antes de finales de año.
