Representantes de entidades defensoras de los derechos humanos, asociaciones vecinales y de consumidores, sindicatos y movimientos sociales se han concentrado este martes frente al Congreso de los Diputados para reclamar a los grupos parlamentarios que se pongan de acuerdo para ampliar la moratoria antidesahucios, que llega a su fin este 31 de diciembre.
Más de 60.000 hogares vulnerables se han beneficiado de esta medida desde que se implementó en 2020, según los cálculos del Observatori Desca, una de las asociaciones convocantes. Esta moratoria antidesahucios forma parte del paquete de medidas del escudo social aprobado por el Gobierno en el 2020 durante la pandemia de la covid y prolongado desde entonces. Incluye la suspensión de los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Los representantes de estas entidades empezarán a reunirse con los grupos parlamentarios la semana que viene. “Si no se prorroga esta medida, a partir del 31 de diciembre nos enfrentaremos a una emergencia habitacional sin precedentes, con una ola masiva de desahucios sin alternativa habitacional”, señala la plataforma.
La renovación de la medida requiere la aprobación parlamentaria
El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha recordado durante un encuentro de la Fundación Alternativas que para poder ampliar la medida es necesaria la aprobación del Congreso y que “en este momento poner de acuerdo a todo el arco parlamentario es complejo”. Si bien se ha mostrado prudente sobre la posibilidad de alcanzar esa mayoría necesaria, ha recordado que el Gobierno ha logrado hasta ahora ampliar la medida.
Durante la tarde del martes, se ha reunido también con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una de las asociaciones convocantes de la concentración, para abordar esta y otras propuestas de vivienda.
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Mientras, en el Congreso, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha presionado también al PSOE para que, “de manera urgente”, prorrogue esta suspensión y la haga permanente.
La ampliación de la moratoria es una propuesta de mínimos, señalan las asociaciones, que reclaman que se amplíe el tiempo suficiente para implementar un “verdadero plan de actuación” que asegure el mantenimiento en la vivienda o el realojo digno de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes.
“Llevamos años estirando el chicle de la renovación y pedimos medidas más estructurales. El derecho a la vivienda no puede ser un juego de cromos entre partidos”, recalca Diana Virgós, del Observatori Desca.