El Gobierno ha pactado con la Comisión Europea una revisión de 160 hitos y la supresión de 100 de ellos, como parte del plan de medidas y reformas comprometidas con Bruselas para lograr recibir antes del 31 de agosto del año que viene todas las ayudas del Plan de Recuperación. Los retoques permitirán, al menos en parte, convertir aspectos dependientes de una ley en normas de rango inferior, lo que evitará el paso por el Congreso. Un alivio frente a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
Este esfuerzo reformista aparece recogido en la adenda al Plan de Recuperación aprobada este martes por el Consejo de Ministros. La idea, ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es hacerse con la totalidad de los casi 80.000 millones de euros en transferencias directas a las que España tiene derecho en virtud del cumplimiento de hitos. Eso se sumará a los 22.800 millones de créditos solicitados, apenas una cuarta parte de los reservados por la UE. La suma que resume esta gran llegada de recursos, entre ayudas directas y créditos, sería de 103.000 millones de euros.
Dos pagos antes de agosto del año que viene
La adenda “supone un elemento de simplificación sin perder la ambición en cuanto a la agenda de inversiones y reformas”, ha afirmado el ministro. Fuentes del Gobierno señalan que la previsión es que el Consejo Europeo apruebe este mes la adenda y que el Gobierno pueda solicitar los dos pagos pendientes de ayudas directas por 24.700 millones el año que viene, en enero y ante de que en agosto venza el programa.
El problema es que la debilidad parlamentaria del Gobierno limita su capacidad para impulsar muchas de las reformas. Por ese motivo, una parte de las negociaciones con Bruselas han consistido en reducir la cantidad de medidas que deben pasar por el Parlamento a través de las nueve leyes previstas en la adenda anterior.
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Hasta que la UE no apruebe la adenda no se conocerá cuántas normas deben remitirse al Congreso. Sin embargo, Cuerpo sí ha adelantado que ya no será necesario aprobar la ley del Suelo, bloqueada desde hace tiempo, al haberse sustituido sus hitos por la creación de la nueva empresa pública Casa 47. Para cumplir con Bruselas, tampoco tendrá que presentar la ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, también atascada en el Congreso.
En cambio, el ministro sí ha reconocido la necesidad de tramitar en el Parlamento la reforma de la fiscalidad del diésel, que no prosperó a comienzos de este año y que debe aprobarse antes de enero. “El diésel sigue siendo parte de los hitos asociados al plan de recuperación”, ha afirmado Cuerpo. “Estamos en el plazo adicional de cumplimiento de este hito, que finaliza a finales de enero”.
España, ha asegurado, “es el segundo país en número de hitos alcanzados, con 260”. Ha cumplido, según ha indicado, el 80% de los objetivos planteados ante la Comisión Europea.
Unos 300 millones para supercomputación
La nueva adenda también define algunas nuevas inversiones. Se han incluido 300 millones para los programas de supercomputación y otros 2.500 millones de euros relacionados con descarbonización y transición ecológica.
Hay un elemento nuevo en la adenda que permitirá al Gobierno prolongar la inercia de los fondos europeos más allá del 2026. Se ha incluido, ha asegurado Cuerpo, “una inyección de capital de 13.000 millones en la capacidad de financiación del ICO para que pueda responder a las necesidades de financiación de la economía más allá del 2026”.
