El Gobierno ya tiene acordado con Bruselas un nuevo escenario de hitos y objetivos para que España pueda acceder a todas las ayudas directas del Plan de Recuperación que le faltan por recibir. Lo que hay en juego es la forma de captar y ejecutar los cerca de 24.700 millones de euros de fondos no reembolsables pendientes antes de que en agosto del año que viene venza la oportunidad. Comienza la recta final de los NextGeneration, en la que el Gobierno debe realizar un sprint burocrático y reformador si quiere captar todas las subvenciones.
Tras varias semanas de intensas negociaciones con la Comisión Europea, el Ministerio de Economía ya tiene concretada la última de las adendas al plan de recuperación, la séptima. La anterior, en septiembre, estaba relacionada con la dana. El nuevo documento, que se analiza hoy para su aprobación en el Consejo de Ministros, recoge una actualización y ampliación del Plan de Recuperación.
El Gobierno aprobará vía real decreto algunas medidas sin necesidad de acudir al Congreso
El Gobierno se ha puesto como objetivo llegar al cien por cien de las ayudas directas que la UE le tiene reservadas, por importe de 79.854 millones de euros. Hasta la fecha se han obtenido 55.092 millones, casi el 70% del total. Son transferencias que no requieren devolución y que suponen una gran oportunidad para la modernización del país. Eso sí, cada reembolso sigue condicionado a verificaciones técnicas desde Bruselas que ya han provocado retrasos.
La materialización de las ayudas depende ahora de dos cosas: que dé tiempo a ejecutarlas y que el Gobierno apruebe en un entorno de debilidad parlamentaria las reformas comprometidas. Sobre el primer aspecto, uno de los objetivos de la adenda es dar continuidad a los proyectos de inversión más allá de agosto del 2026, que es cuando finaliza el plazo de ejecución. Hay hasta diciembre del 2026 para recibir el último desembolso.
Para ello, se amplían hitos, se simplifican procedimientos, se agilizan trámites y se reducen cargas administrativas, en línea con la nueva estrategia de la Comisión Europea. Hay 337 hitos pendientes cuya simplificación se lleva semanas negociando.
La idea es que la nueva adenda sirva de base para solicitar uno o dos desembolsos más antes de que se acaben los fondos. España lleva retraso en estas peticiones. Conforme al calendario inicial, tendría que haber recibido el 94% del dinero antes de fin de año.
La contrapartida de las ayudas consiste en la adopción de reformas, que es el elemento más espinoso para el Gobierno. En la nueva negociación, Bruselas se ha abierto a que una parte de las medidas pendientes, hasta ahora incluidas en nueve leyes, se conviertan en normas de rango inferior que no tengan que pasar necesariamente por el Congreso. Pueden prosperar en forma de reales decretos u órdenes ministeriales que el Gobierno aún debe concretar. Hay en cambio leyes como la de Industria o la de Transparencia, que regula los lobbies, que van a seguir obligando al Gobierno a enfrentarse al Parlamento.
El uso de reales decretos es uno de los elementos que reducen la presión para la adopción de las reformas. La clave está puesta en conseguir el mismo impacto, sin que las medidas aparezcan necesariamente en una ley. De los hitos pendientes, ya se ha identificado una parte importante que pueden prosperar con disposiciones de un rango menor.
Las negociaciones con Bruselas también han sido intensas porque, al tiempo que se analizan las reformas pendientes, el Ejecutivo comunitario reevalúa la marcha de las aprobadas. Hay también una reasignación de hitos en torno a las reformas que no han podido llevarse a cabo, como la que atañe a la fiscalidad del diésel.
El Gobierno ha decidido centrar los esfuerzos en las ayudas directas y renunciar en buena parte a la otra gran herramienta de los fondos europeos, consistente en préstamos, de los que tiene derecho a recibir 83.160 millones de euros. España solo tomará el 25% de esta cifra, al lograr financiarse ahora a un coste inferior al de la Comisión Europea, lo que, según indica el Ministerio de Economía, elimina la ventaja de los créditos comunitarios. La deuda comunitaria a veinte años tiene un interés del 3,84%, frente al 3,77% logrado por España. El Gobierno entiende que la buena marcha de la economía y la confianza de los inversores garantiza al país un buen acceso a los mercados financieros.
