El Ejecutivo ha logrado que el órgano ejecutivo de la UE apruebe la eliminación de 17 modificaciones de carácter legal, como requisito para obtener la totalidad de los fondos comunitarios del Plan de Recuperación, si bien aún requerirá la aprobación del Parlamento en relación con ciertas normativas esenciales. Esta será la exigencia para poder percibir los aproximadamente 24.700 millones de euros restantes en subvenciones directas de Europa antes de que concluya agosto de 2026.
Durante una presentación al Congreso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, detalló que las normativas en espera de aprobación comprenden la que rige a los grupos de interés o lobbies, la del mercado de valores, y la concerniente a la reforma fiscal, la cual contempla la armonización del impuesto al diésel con el de la gasolina. Dicha regulación ya había enfrentado un revés en su proceso legislativo hace aproximadamente un año. Adicionalmente, se necesita la ley de movilidad sostenible, que ya cuenta con aprobación, y la de desperdicio de alimentos. Asimismo, el nuevo ente de evaluación precisa de un proceso parlamentario.
El Ejecutivo tiene como objetivo obtener la totalidad de los fondos y, tras la aprobación de la adenda por parte de la Comisión hoy, pretende solicitar los dos pagos finales, uno a finales de enero y el otro antes de que concluya el plazo en agosto de 2026. No obstante, enfrentará obstáculos para implementar las reformas debido a la ruptura del pacto de investidura con Junts y a la oposición del PP a respaldar sus iniciativas. Durante su intervención en el Congreso, el propio portavoz de Economía del PP, Juan Bravo, inquirió al Cuerpo sobre las reformas legislativas pendientes, manifestando desconocimiento sobre su contenido.
Cinco normativas serán reemplazadas por regulaciones de tango de menor jerarquía.
El titular de Economía detalló que, de las 17 reformas que fueron retiradas de la adenda luego de las negociaciones con Bruselas, cinco serán reemplazadas por regulaciones de menor jerarquía, lo cual posibilitará evitar el Congreso.
La legislación sobre el suelo será reemplazada por la instauración de la Calle 47, y la normativa de cohesión, equidad y universalidad del sistema de salud será modificada para establecer una agencia nacional de salud pública.
La legislación relativa al estatuto sanitario, la diversidad familiar y la reorganización de las prestaciones no contributivas será reemplazada por nuevas disposiciones. En lo que respecta a las prestaciones no contributivas, se implementará un estímulo para fomentar el empleo dentro del ingreso mínimo vital.
Las normativas sobre cine y pesca ya no requerirán validación.
Existen normativas, como las relativas al cine o a la pesca, que ya no precisan el visto bueno del Congreso para asegurar la totalidad de los recursos. No obstante, Cuerpo ha sostenido que el Ejecutivo continuará buscando la ratificación de las mismas. “La agenda reformista no se detiene”, afirmó.
A medida que el Gobierno se esfuerza por avanzar en las reformas más recientes, también se enfrenta al desafío de implementar aquellas que ya han sido sancionadas. El Partido Popular señala que existe el riesgo de perder más de 1.000 millones de euros en fondos de la Unión Europea debido a acciones como la insuficiente estabilización del empleo para los trabajadores interinos.
Cuerpo ha detallado que el Ejecutivo prevé conseguir la aprobación de la Comisión Europea para la nueva adenda este miércoles. “Encaramos la recta final del despliegue de los fondos del Plan de Recuperación”, indicó. La meta es conseguir los 80.000 millones asignados a España dentro del Plan de Recuperación, además de una suma superior a los 22.000 millones en forma de préstamos.
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El ministro también ha señalado que “el ritmo de ejecución mensual de los fondos se está acelerando, con unos 2.100 millones al mes estos últimos dos meses, por encima del promedio anterior”. En cuanto a subvenciones directas, España ya ha obtenido 55.000 millones de euros de la UE financiados por los NextGeneration.
