Bélgica ya ha embargado 482 millones a España por los impagos de las renovables
Primas a las fotovoltaicas
La justicia belga no ceja en su política en contra de los intereses españoles, pese a que la Comisión Europea ha prohibido a España el pago de esas indemnizaciones
Planta fotovoltaica
La justicia belga ha vuelto a fallar en contra de los intereses españoles en un nuevo contencioso por la retirada retroactiva de las primas a las renovables que ejecutó el Gobierno de Mariano Rajoy. En esta ocasión, los magistrados belgas han autorizado el embargo de 30,8 millones de euros a favor del fondo OperaFund, con lo que ya ascienden a 482 el total de millones españoles inmovilizados solo en ese país a diferentes afectados.
Bélgica hace así caso omiso a las advertencias de la Unión Europea, que consideran que estas cuantías podrían ser consideradas ayudas de estado, y que los litigios entre Estados miembros deben dirimirse en al derecho y jurisprudencia de la Unión. Una posición que el pasado 10 de marzo llevó a Bruselas a impedir el pagó de 101 millones de euros al fondo Antin Infrastructure Services y ordenó a España “que se asegure de que no se produzca ningún pago, ejecución o ejecución del laudo arbitral”.
Europa ha pedido a España en otras ocasiones que no pague
Una jurisprudencia que podría ser aplicable al caso de OperaFund ya que este fondo obtuvo en 2019 una resolución vinculante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que España está adherida, pero que según Bruselas sus decisiones no son aplicables cuando se trata de casos que afectan a dos países de la Unión Europea. Aquel laudo, reconocía el derecho a ser indemnizado por el cambio legal que se había producido en España en 2013, en relación con las inversiones en energías renovables realizadas en 2008.
Ante la decisión del Gobierno español de no abonar dicha indemnización, OperaFund, emprendió las acciones legales necesarias para asegurar el pago por otras vías, recurriendo a tribunales de diversas jurisdicciones para embargar bienes y créditos del Estado. El monto adeudado en este caso asciende a 29,3 millones de euros, cifra a la que hay que sumar 7,5 millones en concepto de intereses de demora.
Enaire sufre los daños colaterales
En este contexto, el equipo jurídico del fondo, con el asesoramiento del despacho Cuatrecasas, presentó una demanda ante los tribunales de Bélgica solicitando la intervención de los pagos que el organismo europeo de navegación aérea, Eurocontrol, realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo, Enaire, cuya sede y cuentas operativas se encuentran bajo jurisdicción belga, repitiendo así la estrategia de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, que el pasado mes de septiembre consiguió el bloqueo de 207 millones de euros en concepto de indemnización.
Como entonces, los tribunales belgas han dado luz verde a esta petición, al considerar que el embargo constituye una vía legítima para garantizar la compensación de los afectados por el impago. Como consecuencia de esta decisión de la magistratura belga, se han bloqueado 482,4 millones de euros que, en lugar de transferirse a Enaire, quedan ahora inmovilizados, a la espera de un posible recurso y con vistas a ser transferidos a los acreedores para resarcir las deudas existentes con los acreedores. También como entonces, los fondos han quedado consignados a la espera de que el proceso judicial continúe.
Volumen del conflicto
A diciembre de 2025, el importe total pendiente de pago con las 27 empresas afectadas por los recortes ascendía a 1.754,7 millones de euros, cifra a la que se suman 297,6 millones en intereses de demora y 238,7 millones adicionales en costas, honorarios legales y otros sobrecostes derivados de la estrategia de impagos seguida por el Estado español. En total, 2.292 millones de euros.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, de los 10.635 millones reclamados al Estado en 51 arbitrajes, principalmente presentados en el Ciadi, España apenas ha perdido un 7%. Los datos públicos, apunta a que del total de la deuda pendiente, la mayoría debe decantarse en última instancia contra los fondos en base la mencionada jurisprudencia que enarbola la Comisión Europea.