Los tribunales internacionales siguen identificando intereses españoles en el exterior con el objeto de aplicar embargos ante los impagos de los laudos que condenaron al país tras los recortes a las renovables hace más de una década. El último caso vuelve a afectar a la actividad de Enaire, el gestor español de la navegación aérea, en este caso en Bélgica.
La justicia belga ha confirmado a los acreedores el importe que se embargará a España en el caso Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, tras una decisión judicial comunicada en julio. El importe rondará los 200 millones y se obtendrá a costa de la intervención de los pagos mensuales que realiza el organismo europeo de control aéreo, Eurocontrol, a Enaire.
La cifra que ha quedado bloqueada asciende a 207,3 millones de euros, frente a los algo menos de 80 millones que los acreedores esperaban aflorar. De este importe, 197 millones corresponden a pagos que esperaba recibir Enaire, frente a otros 10 millones de otras obligaciones menores.
La justicia británica ya bloqueó parte de los dividendos de Aena por Luton
El año pasado, la justicia británica ya embargó de forma cautelar el 26% de los dividendos que recibe Aena por el aeropuerto británico de Luton. Es la proporción que corresponde a Enaire por su participación del 51% en la compañía presidida por Maurici Lucena.
Según fuentes jurídicas, Eurus había invertido cientos de millones de euros en España para desarrollar parques eólicos y fotovoltaicos en Galicia, Asturias y otras comunidades autónomas.
La empresa denunció a España ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, y obtuvo un laudo a favor en el que se le reconocía el derecho a recibir 106,2 millones de euros, más intereses de demora que superan los 7 millones de euros.
La indemnización, señalan las fuentes, sigue sin abonarse, por lo que en julio los acreedores reclamaron el embargo de los pagos de Eurocontrol a Enaire.
Este litigio se suma al de otras empresas en países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido. España acumula 26 laudos desfavorables pendientes de pago por importe de casi 1.500 millones de euros. Al esta cifra se suman intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes por 393 millones.
