El Gobierno plantea seis medidas fiscales en vivienda pero choca con sus socios
Crisis habitacional
Los cambios en el IRPF, el IVA y el nuevo impuesto a extranjeros carecen de apoyos
Anuncios de alquiler y compraventa en una inmobiliaria del centro de Madrid
El Gobierno está planteando hasta seis medidas fiscales para impulsar su política de vivienda, pero no logra ahormar una mayoría en el Parlamento. El Ministerio de Vivienda propone, con el visto bueno del de Hacienda, modular determinados impuestos, a la baja o al alza, así como crear un nuevo tributo para intentar dinamizar el mercado de alquiler y frenar disfunciones en el de compraventa. Incentivar y desincentivar los comportamientos en el sector inmobiliario con ajustes en política fiscal es el objetivo.
La vivienda es el principal problema del país, pero la citada ausencia de una mayoría parlamentaria estable impide avanzar en medidas cuyo efecto sería positivo, según avalan distintos organismos y expertos en los que se apoya el Gobierno. Es el caso del sistema de incentivos y penalizaciones en el IRPF en función de si un propietario de vivienda sube o baja el alquiler. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) concluyó en un informe publicado en el 2020 sobre beneficios fiscales (“spending review”) que la reducción del 60% en el impuesto sobre la renta vigente entonces había generado “un significativo aumento de la oferta de alquiler declarado”. Esta bonificación se modificó en el 2024, de forma que la deducción en el rendimiento neto podría variar entre el 90% y el 50% dependiendo de la rebaja del alquiler que aplique el propietario del inmueble al inquilino.
La Autoridad Fiscal concluyó que los incentivos en la renta aumentan la oferta de alquiler declarado
El Gobierno quiere ahora dar una vuelta de tuerca a la medida y está negociando con sus socios parlamentarios una propuesta para reducir la bonificación en el IRPF a los propietarios de vivienda que eleven el precio del alquiler cuando firmen un nuevo contrato con un inquilino, según confirmaron ayer fuentes de Vivienda y Hacienda. Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una deducción de hasta el 100% en el IRPF si, de forma voluntaria, el casero no sube el precio del arrendamiento.
El desincentivo fiscal a propietarios de inmuebles que eleven los precios ha topado con la negativa de Sumar. El socio minoritario de la coalición rechazó ayer la medida, que considera un “regalo” fiscal a los caseros, y planteó la prórroga automática de los contratos de alquiler. Esta es “la única propuesta sobre la mesa con un impacto real y no cosmético en el mercado del alquiler”, defendió Sumar.
Reducir el IRPF a propietarios de vivienda tiene un elevado coste fiscal, que el Ministerio de Hacienda asume cada año. En el 2023, último ejercicio con datos oficiales disponibles, la reducción del 60% en la base imponible por arrendamientos de viviendas tuvo un coste en la cuota estatal del IRPF de 716 millones de euros y 2.033.555 propietarios de vivienda se beneficiaron de la medida fiscal, según la memoria de los Presupuestos Generales de este año (prorrogados hasta hoy). El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, ha realizado una estimación del coste de la misma reducción del 60% en la base imponible por arrendamientos de viviendas teniendo en cuenta también las cuotas autonómicas. Así, el impacto en los ingresos públicos se eleva a 1.200 millones. Gestha advierte que la medida disminuye la progresividad del IRPF, ya que reduce el tipo medio impositivo de la renta general, concentrando el mayor impacto recaudatorio en las rentas medias y medias-altas.
El Gobierno tampoco puede avanzar en una de las medidas fiscales más importantes en materia de vivienda: la subida del IVA de los pisos turísticos al 21% para frenar su proliferación. Se trata de una iniciativa bloqueada, en este caso, por los socios conservadores de investidura. Vivienda quiere que los pisos turísticos tributen como una actividad económica.
Más de dos millones de caseros se beneficiaron de la reducción del 60% en el IRPF vigente en el 2023
Otra medida fiscal que causó polémica y que lleva paralizada más de un año es el nuevo impuesto del 100% a las compras de vivienda por extracomunitarios no residentes. El anuncio causó un gran revuelo, pero no ha podido materializarse por el mismo motivo, la debilidad parlamentaria.
Las socimis también son objetivo del Gobierno. Vivienda plantea una modificación de la fiscalidad de estos vehículos, que pasarían de tributar al 15% en el impuesto sobre sociedades al 25%, salvo que gestionen pisos destinados al alquiler a precios asequibles. El Gobierno también ha propuesto un aumento de la tributación por vivienda vacía con el objetivo de incentivar su salida al mercado del alquiler. Ambas iniciativas tampoco han tenido el consenso parlamentario necesario.
Por último, una sexta medida promovida por el Gobierno en materia fiscal y de vivienda se encuentra en este momento en el aire. Se trata de las bonificaciones por obras de rehabilitación de vivienda habitual. La medida se encuentra dentro del escudo social, de forma que si el decreto acaba decayendo de nuevo en el Congreso las ayudas también se extinguirían.
Casa 47 decidirá sobre los alquileres públicos
El Ministerio de Vivienda aseguró ayer que el contrato para gestionar los alquileres públicos de Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda, que ha sido licitado es “de apoyo operativo y administrativo” y será la propia sociedad dirigida por Leire Iglesias la que fije condiciones y precios, y la que reciba las rentas, mientras que al gestor se le pagará por sus servicios, pero “en ningún caso” tomará decisiones sobre el modelo. Hasta 12 compañías inmobiliarias se han presentado al concurso público: Alquiler Seguro, Serveo, Savills, Servihabitat, Solvia o Hipoges, entre otras. Algunas son controladas por fondos de inversión extranjeros, lo que había causado cierta polémica. Vivienda explicó que estas empresas darán apoyo al proceso, ya que no existe ninguna infraestructura pública capaz de asumir, entre otras, la puesta a punto de 40.000 inmuebles procedentes de la Sareb, su mantenimiento y la puesta en disposición de la ciudadanía en los plazos que requiere el problema de la vivienda.