Las claves de la subida del SMI a 1.221 euros al mes
Laboral
Los detalles sobre el aumento, en qué nómina se cobrará, a quién afecta y qué pasa con la absorción de los pluses
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han firmado esta mañana la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año. Un aumento que se aplicará de forma retroactiva desde el uno de enero, cuando el Consejo de Ministros adopte formalmente la decisión. Relatamos a continuación las claves de esta subida, de quiénes son sus beneficiarios y de las medidas que la acompañan.
¿Qué es el SMI?
Empecemos por el principio. El salario mínimo interprofesional es la cuantía mínima legal que recibe un trabajador por una jornada completa. Sin distinción de sector o profesión. Es el sueldo mínimo, y que en caso de jornadas parciales, se prorratea.
¿Cuánto sube en 2026?
El SMI este año aumenta un 3,1%, hasta los 1.221 euros a jornada completa por catorce pagas. Supone un salario anual de 17.094 euros a jornada completa. Entrando en el detalle, son 57,82 euros por jornada legal para las personas trabajadoras con contratos de trabajo de duración determinada cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días; y 9,55 euros por hora efectivamente trabajada en el caso de empleadas del hogar.
¿Cuando se aplicará?
Depende de cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, pero en cualquier caso se cobrará retroactivamente desde el uno de enero. Si los trámites se agilizan, el incremento podría ya llegar en las nóminas de febrero
¿Paga IRPF?
No. De nuevo el incremento del salario mínimo no supondrá pasar a cotizar por este impuesto, para de esta manera garantizar que el aumento sea neto, y no quede reducido por la fiscalidad. Se hará vía deduccciones. Es decir, que en las retenciones mensuales sí que se cobrará, pero al final del ejercicio se devolverán las cantidades.
¿Cuantos trabajadores cobran el SMI?
Son cerca de 2,5 millones de trabajadores, según la estimación del Gobierno, la mayoría mujeres y con presencia importante de jóvenes. Un estudio de CC.OO. Rebaja el total de perceptores a 1,66 millones de asalariados, aunque reconoce que es una estimación conservadora. El sindicato extrapola el porcentaje de beneficiarios que trabajan a jornada completa a los que lo hacen a tiempo parcial, cuando es razonable suponer que este porcentaje debería ser més elevado.
¿Quién cobra el SMI?
Son principalmente mujeres, población joven, con nacionalidad extranjera y contrato temporal. Los sectores donde hay más beneficarios del SMI son agricultura, hosteler´ñia y comercio. Por territorios, los mayores porcentajes se registran en Canarias, Extremadura, Murcia y Andalucía. Uno de cada cinco trabajadores lo cobra en las mencionadada Canarias y Extremadura.
En concreto, el 61% de asalariados a jornada completa que reciben el SMI son mujeres, y el 34% tiene menos de 35 años, lo que supone una participación de los jóvenes muy superior a la que tienen en el conjunto de la población asalariada. Son datos de un estudio de CC.OO.
¿Cuanto ha subido el SMI en los últimos años?
Son ocho años consecutivos de incremento con lo que ha pasado de los 736 euros del 2018 a los 1.221 de este año. Supone una subida acumulada del 66%. El objetivo es situar el SMI en el 60% del salario medio.
¿La subida del SMI puede absorver algunos pluses?
De momento, sí, de acuerdo con la interpretación que han hecho los tribunales de la legislación actual. Sin embargo, el Gobierno se ha comprometido a tramitar, de forma separada al incremento del SMI, una norma que prohíba o limite la absorción de estos pluses. Se argumenta que no es lógico que un plus de peligrosidad o toxicidad desaparezca a causa del aumento del SMI.
¿La patronal se ha sumado al acuerdo?
No, la CEOE, una vez más, se ha mostrado contraria a este incremento y no lo ha firmado. En realidad, solo en una ocasión, en el 2020, la patronal se sumó al consenso. Desde entonces, cada nueva subida se ha hecho solo con el apoyo de los sindicatos. Es una decisión que se toma por acuerdo del Consejo de Ministros y la única obligación que tiene el Gobierno es la de consultar a los agentes sociales. Pero, a partir de ahí, la decisión es suya.