“Barcelona pierde competitividad para congresos si elimina los apartamentos turísticos legales”
Alojamiento turístico
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Apartur, alerta en una campaña publicitaria de que la supresión de los pisos turísticos anunciada por el Ayuntamiento para 2028 supondría para la ciudad perder 50.000 camas, el 40% de la oferta de alojamiento para congresos y grandes eventos

La campaña difundida en espacios exteriores estratégicos como la estación de Sants y el aeropuerto de El Prat lanza el mensaje de que sin una oferta alojativa suficiente y diversa, Barcelona pierde competitividad frente a otras ciudades
Una campaña publicitaria en catalán, castellano e inglés en espacios exteriores estratégicos como la estación de Sants y el aeropuerto de El Prat, así como en medios de comunicación generalistas, económicos y publicaciones dirigidas a pasajeros de aerolíneas y trenes de alta velocidad –incluida la revista oficial del Mobile World Congress–lanza un mensaje muy directo al visitante: “¿Vienes a Barcelona para un congreso? Prepárate para dormir en un stand”.
Detrás del impactante mensaje está la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), que busca poner sobre la mesa una advertencia que va más allá de la provocación publicitaria y se centra en los datos: la decisión anunciada por el alcalde Jaume Collboni de eliminar los alquileres turísticos legales en 2028 dejaría a la ciudad sin una parte sustancial de su capacidad, 50.000 camas, para absorber picos de demanda vinculados a grandes citas internacionales afectando directamente a su posicionamiento como capital europea de congresos y eventos.
Ecosistema en riesgo
Barcelona acogió en 2023 a 15,6 millones de turistas, de los cuales casi tres millones se alojaron en viviendas de uso turístico (VUT). Los cerca de 10.000 pisos turísticos con licencia —una cifra congelada por el Ayuntamiento desde hace más de una década— generaron ese mismo año 11,7 millones de pernoctaciones y una estancia media de cuatro noches. Así lo confirman los datos del Observatorio del Turismo en Barcelona recogidos en un informe elaborado por PwC sobre el impacto que tendría la eliminación de los pisos turísticos en la capital catalana.
Barcelona ocupa el cuarto lugar del mundo en el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). Cada año organiza más de 2.000 congresos y eventos, con 734.000 delegados, el 85% internacionales, batiendo récord histórico en 2024, según datos del Barcelona Convention Bureau (BCB).
En el marco del MWC, Apartur advierte que la eliminación de las licencias de los apartamentos turísticos en 2028 como tiene previsto el ayuntamiento colapsará la capacidad de alojamiento de la ciudad.
El sector destaca que Barcelona dispone hoy de 152.320 plazas de alojamiento turístico, de las cuales 58.124 corresponden a viviendas de uso turístico, que representan cerca del 40% de la oferta total, pese a ser solo el 1% del parque residencial de la ciudad. Según el informe de PwC, basado en datos del propio ayuntamiento, si en 2028 desaparecen estas licencias, Barcelona pasaría a ofrecer 94.196 plazas, cifra insuficiente para absorber la demanda en momentos de grandes eventos.
Barcelona no puede permitirse perder el 40% de su capacidad de alojamiento si quiere seguir siendo una capital europea de congresos, ferias y grandes eventos”
Un claro ejemplo. Durante el Mobile World Congress, se estima que la ciudad en su totalidad necesita 146.328 plazas de alojamiento en su día de máxima afluencia, ya que según los datos de asistencia de los organizadores hay unos 77.265 congresistas que vienen de fuera y necesitan alojamiento. Por lo tanto, sin pisos turísticos faltarían más de 50.000 plazas en la ciudad para acoger a todos sus visitantes en ese momento.
“Si Barcelona deja de ser capaz de alojar a miles de congresistas, profesionales y visitantes durante grandes eventos, simplemente dejará de ser elegida como sede. Es así de directo. La capacidad alojativa es un criterio clave en la toma de decisiones internacionales, y debilitarla es renunciar voluntariamente al liderazgo que la ciudad ha construido durante décadas”, advierte Enrique Alcántara, presidente de Apartur.
Más allá del alojamiento, el informe de PwC analiza el impacto económico de las VUT en el conjunto de la economía barcelonesa. El sector contribuye con 1.928 millones de euros al PIB de la ciudad, lo que equivale al 1,9% del PIB municipal y al 14% del PIB turístico.

En términos de empleo, la actividad vinculada a las VUT sostiene más de 40.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, el 3,5% de los afiliados a la Seguridad Social en Barcelona y el 26,9% de los trabajadores del sector turístico de la ciudad. Los sectores más beneficiados son la restauración, el transporte, el comercio al por menor, el ocio y la cultura.
“Las viviendas de uso turístico legales dinamizan la economía local, distribuyendo el gasto de los visitantes por toda la ciudad y beneficiando a restaurantes, comercios, transporte y ocio, especialmente en momentos clave para la ciudad como la celebración de grandes congresos”, subraya la directora general de Apartur, Marian Muro. “Eliminarlas no solo pondría en riesgo la capacidad de alojamiento de Barcelona, sino que también debilitaría un motor clave de la actividad económica urbana. Barcelona no puede permitirse perder el 40% de su capacidad alojativa”.
Europa: regular, no prohibir
El debate barcelonés se inscribe ahora en un contexto europeo que, paradójicamente según Apartur, va en sentido contrario a la decisión del consistorio que dirige el socialista Jaume Collboni. En diciembre de 2025, la Comisión Europea anunció, en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible, su voluntad de impulsar una regulación común de los alquileres turísticos basada en la proporcionalidad de las medidas, la evidencia empírica y el respeto al derecho comunitario. La propuesta legislativa se presentará en el último trimestre de 2026.
Desde Bruselas se reconoce explícitamente que las viviendas de uso turístico no deben ser eliminadas, sino reguladas de forma equilibrada y con base en datos objetivos. Una posición que contrasta directamente con la prohibición general anunciada por el Ayuntamiento de Barcelona, que Apartur califica de “medida generalizada y extrema” que no distingue entre oferta legal e ilegal y que, a su juicio, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad que marca la normativa europea.
“Llevamos más de una década defendiendo exactamente este enfoque”, señala Marian Muro. “Barcelona fue pionera en Europa en la regulación de las viviendas de uso turístico, con licencias limitadas, control administrativo y colaboración público-privada. El resultado ha sido un sector ordenado y estable que representa apenas el 1% del parque total de viviendas de la ciudad, con 10.000 licencias que se han mantenido estables, sin capacidad para influir en los precios, que sí que han seguido creciendo.”
La eliminación de los alquileres turísticos legales no es una solución estructural: es una decisión que puede generar un problema mayor”
Mientras Barcelona debate si eliminar su sector de alquileres turísticos, otras ciudades españolas y europeas refuerzan su capacidad alojativa y su atractivo como sedes de grandes eventos. Madrid, Lisboa, Ámsterdam, Berlín o Milán compiten activamente por los mismos congresos y ferias internacionales.
“La eliminación de los alquileres turísticos legales no es una solución estructural: es una decisión que puede generar un problema mayor. Supone retirar más de 50.000 camas justo cuando Barcelona compite con otras ciudades por atraer congresos, ferias y eventos internacionales que generan empleo, inversión y prestigio global”, insiste Enrique Alcántara.
Apartur advierte de que la eliminación de las VUT “supondría la pérdida de actividad económica, empleo y competitividad de la ciudad, afectando su posicionamiento internacional, sin resolver los problemas de fondo del mercado de la vivienda, ya que nada garantiza que esos pisos vayan a pasar al mercado residencial”. Una ecuación que, para la patronal, solo tiene perdedores: los pequeños propietarios y ahorradores particulares, los trabajadores del sector, los visitantes y congresistas que perderían opciones de alojamiento, y la propia ciudad, que vería reducida su capacidad de captación de eventos que generan riqueza y proyección global.
