El príncipe Enrique perdió la última batalla legal por su protección policial en el Reino Unido el pasado mes de mayo, pero la decisión judicial se encuentra de nuevo bajo revisión gubernamental, según ha revelado este lunes la prensa británica. El Ministerio del Interior ha ordenado una evaluación de los riesgos de la seguridad del príncipe y su familia durante sus estancias en el Reino Unido, algo que sigue postergando la larga controversia sobre el financiamiento de la seguridad del duque de Sussex tras su renuncia.
Según informó una fuente cercana al príncipe el pasado octubre, Enrique escribió a la nueva ministra del Interior, Shabana Mahmood, poco después de su nombramiento (septiembre de 2025) y presentó una solicitud formal de evaluación de riesgos al Ravec (un comité ejecutivo para la protección de la realeza y las figuras públicas, supervisado por el Ministerio del Interior).
El asunto de la seguridad de los Sussex es uno de los últimos cabos sueltos tras el Megxit. El duque de Sussex no se rinde y sigue peleando contra el fallo que negó el derecho automático para él, su esposa Meghan y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, a contar con guardaespaldas financiados por el contribuyente británico y organizados por la policía durante sus estancias en el Reino Unido.
El príncipe Enrique y Meghan Markle en una imagen de archivo.
Después del último revés judicial al caso, pasado mes de mayo, fue cuando Enrique ofreció unas reveladoras declaraciones sobre su relación con el resto de la familia real británica. Aseguró que quiere “reconciliarse” con el resto de los Windsor. “Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más”, añadió el duque de Sussex.
También, como crítica a la resolución judicial sobre su seguridad en el Reino Unido, dijo que “la sentencia significa que los royals no podemos vivir fuera de la familia real”. “No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. Él no me habla por este tema de la seguridad”, dijo en la entrevista a la BBC desde California.
En febrero del 2024, Enrique perdió el caso inicial contra la decisión de Ravec (un comité ejecutivo para la protección de la realeza y las figuras públicas) de reducir su seguridad y el resultado del mes de mayo fue consecuencia de una apelación del príncipe. Si bien el príncipe ha lidiado con múltiples casos judiciales contra la prensa sensacionalista británica en varias tandas de juicios, esta lucha en particular por su seguridad la creía crucial para su futuro y el de su familia.
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Cuando el duque de Sussex emprendió acciones legales contra la decisión de Ravec, lo hizo en dos sentidos. Por un lado, intentó hacer valer su derecho a la protección oficial cuando visitase territorio británico, algo que de momento no le ha reconocido ningún tribunal. Y, por otro, si esta vía no fuese posible, quería poder realizar pagos privados de su bolsillo al ministerio de interior británico para que su seguridad y la de su familia siguiese a cargo de los servicios del Estado en sus visitas al Reino Unido, pero otro juez ya desestimó esa causa en mayo del año pasado.
En el segundo caso, el príncipe buscaba el visto bueno para pagar su propia protección en el Reino Unido, pero que de la organización de esa seguridad se hiciera cargo el Estado. Ante requerimientos del juez, la Policía Metropolitana de Londres insistió en que sus oficiales no son “armas de alquiler” para los ricos y famosos, y alegaron que permitir que Enrique pague por la protección oficial sentaría un “precedente inaceptable”. También coincidían en que sería “incorrecto que un cuerpo policial ponga a los oficiales en peligro tras el pago de una tarifa por parte de un particular”.