Desclasificación de los documentos del 23-F: no era para tanto
Análisis
Especializado en los movimientos golpistas de la Transición, el historiador Roberto Muñoz Bolaños hace balance de lo que realmente han dado a conocer los distintos bloques de la documentación desclasificada
Gutiérrez Mellado es zarandeado por un grupo de guardias civiles en el Congreso el 23 de febrero de 1981
El golpe de Estado del 23-F, ocurrido hace poco más de 45 años, se había ido transformando progresivamente en un holograma transparente en la memoria de los españoles que lo vivieron. Por el contrario, las generaciones más jóvenes simplemente desconocían este acontecimiento. La anunciada desclasificación por el gobierno de Pedro Sánchez de un conjunto de documentos sobre la operación involucionista provocó que volviéramos a recordar la entrada de Antonio Tejero Molina en el Congreso de los Diputados y, sobre todo, que volviese otra vez a discutirse el gran enigma que subyace sobre el golpe de Estado: ¿estaba Juan Carlos I implicado en el mismo?
Esta era la gran cuestión que muchos pensaban que se iba a dilucidar una vez que estos escritos fueran de libre acceso. Sin embargo, no ha sido así. Es más, el hecho de que no hayan sido desclasificados los dos documentos más importantes para conocer el 23-F (el sumario y el acta de la vista oral de la Causa 2/81, incoada para juzgar a los golpistas, donde, por cierto, no existe ningún documento que demuestre la connivencia de Juan Carlos I con estos), unido al hecho de que los 162 documentos desclasificados, en muchos casos ya conocidos, aporten muy poca información sobre lo ocurrido, ha provocado una gran desilusión. Tanto en aquellas personas que esperaban que se les resolviesen todas las dudas que tenían sobre este acontecimiento como en otras que soñaban con demostrar el papel activo del monarca en la puesta en marcha del golpe de Estado.
Los bloques de documentación
No obstante, y más allá de los sentimientos heridos que haya podido provocar esta desclasificación, para alguien que quiera acercarse al tema, estos documentos, articulados en seis bloques, presentan en algunos casos información que puede resultar de cierto interés.
En el primer bloque, que corresponde al Ministerio de Interior, podemos destacar por su carácter íntimo (que no por su valor histórico) las conversaciones de Tejero y su esposa y las que sostuvo con su amigo Juan García Carrés, falangista y antiguo presidente del Sindicato de Actividades Diversas durante el franquismo, en la noche del 24 de febrero.
También merece la pena reseñar dos documentos que aparecen en este bloque. El primero, el interrogatorio al que fue sometido Tejero por el teniente coronel Andrés Cassinello, jefe entonces del Servicio de Información de la Guardia Civil, el 16 de noviembre de 1978, tras la desarticulación de la Operación Galaxia, la primera intentona golpista de la Transición.
El segundo, un escrito titulado “Oficio zona País Vasco que expresa una comunicación del teniente coronel Tejero sobre la posible situación de tensión por la presencia de ETA (1975)”, fechado en diciembre de ese año, y donde se refleja la preocupación del entonces jefe de la 512 Comandancia de la Guardia Civil (Guipúzcoa) por el incremento de las actividades de ETA.
Si bien ambos escritos no están vinculados directamente con el 23-F, son una muestra del progresivo proceso de radicalización del entonces teniente coronel de la Guardia Civil que culminó con el asalto al Congreso de los Diputados y en el que los atentados de la organización terrorista nacionalista vasca jugó un papel fundamental.
Finalmente, y como historiador, debo decir que me ha sorprendido el impacto que otro documento perteneciente a este bloque ha tenido. Me refiero al manuscrito “Panorámica de las Operaciones en marcha”, que había elaborado el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID, ahora CNI) y donde se recogían todas las acciones civiles, cívico-militares y militares puestas en marcha en 1980 para derribar a Suárez.
Una copia de este documento fue entregado al presidente del Gobierno, al vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado, al ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún, al del Interior Juan José Rosó y a Juan Carlos I en noviembre de 1980. He escrito “sorprendido” porque lo que se presenta como una “gran novedad” ya había sido publicada por Joaquín Prieto y José Luis Barbería en su obra El enigma del “elefante”. La conspiración del 23-F en 1991.
El segundo bloque, que corresponde a la documentación custodiada en la Dirección General de Policía, es perfectamente prescindible, ya que no incluye ningún informe específico sobre la situación del orden público durante las horas del golpe de Estado.
No obstante, de este conjunto documental también se ha encontrado otra gran “novedad”: un informe de la policía donde se afirma la preocupación de Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, de que la extrema derecha intentase culpabilizar al rey del golpe. En 1981 y 1982 ese sentimiento era común a todos los partidos nacionales del arco parlamentario, como queda reflejado en la prensa de la época.
El tercer bloque, denominado “Otra documentación del Ministerio del Interior”, tampoco aporta ningún documento reseñable, ya que las tensiones existentes en el seno de la oficialidad española como consecuencia del fracaso del 23-F y las campañas iniciadas a partir de esa fecha contra la figura de Juan Carlos I eran conocidas con anterioridad.
El cuarto bloque, “Ministerio de Defensa. Centro Nacional de Inteligencia (CNI)”, referido a la documentación custodiada del antiguo CESID, sí tiene cierta relevancia, por lo que resulta preciso analizarlo con más profundidad. El primer documento que se debe destacar es el informe del secretario del rey, Sabino Fernández Campo, al coronel Emilio Alonso Mangano, director del CESID, fechado el 14 de diciembre de 1981, ya que permite conocer la posición y preocupación del jefe del Estado ante las tensiones militares existentes en las Fuerzas Armadas.
El segundo, el “Informe Jaúdenes” –ya conocido con anterioridad–, elaborado por el teniente coronel Juan Jaúdenes, adscrito al servicio de inteligencia, con objeto de dilucidar la implicación de agentes del CESID en el golpe de Estado.
El tercero, “Informe sobre la participación de miembros de la AOME (CESID) en los hechos del 23 de febrero de 1981”, que no está firmado, pero que ratifica el contenido del anterior.
El cuarto, una carta del comandante José Luis Cortina Prieto, imputado por su participación en el golpe de Estado, al coronel Manglano, con fecha del 3 de octubre de 1981, y cuyo contenido resulta revelador de la actitud que mantuvo este jefe durante el proceso penal, que terminó con una sentencia absolutoria para él.
El quinto, “Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero”, que incluye una descripción cronológica de la actuación del monarca durante el golpe de Estado. Por su parecido con la declaración sumarial del general Sabino Fernández Campo, debe de tener la misma autoría.
Por último, en este bloque se incluye un documento que, bajo el título “Sobre entrevistas de S. M. El Rey con militares implicados en el 23-F (5 de febrero de 1982)”, ha provocado un gran impacto, ya que recoge un supuesto encuentro entre Juan Carlos I y el teniente general Jaime Milans del Bosch. Sin embargo, no se trata de una información verificada y contrastada, ya que la categoría es B2, y no A1. Es más, la actitud del antiguo capitán general de la III Región Militar durante la vista oral demostró que este encuentro nunca se produjo.
El quinto bloque, titulado “Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa”, también es prescindible, ya que la mayoría de los documentos incluidos son de naturaleza procesal y aparecen recogidos en el sumario de la Causa 2/81.
El sexto y último bloque lleva por título “Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación”. De este grupo, sin duda, la documentación más importante es la que se refiere a la actitud de Estados Unidos durante el golpe de Estado. Si bien parte de su contenido era conocido, recomiendo cotejar el sentido de las declaraciones del secretario de Estado Alexander Haig con el documento “Informe sobre la participación de miembros de la AOME (CESID) en los hechos del 23 de febrero de 1981”, porque puede arrojar luz sobre las mismas.
Esto es todo. No obstante, la atención que ha generado esta desclasificación puede iniciar una dinámica positiva: despertar el interés por el estudio del golpe de Estado del 23-F y de los movimientos involucionistas en el periodo de la Transición, que, hasta ahora, era muy minoritario. Si es así, la decisión del Ejecutivo habrá tenido consecuencias muy positivas.
Roberto Muñoz Bolaños, Universidad del Atlántico Medio. Centro de Educación Superior de Enseñanza e Investigación Educativa (UCJC). Autor de 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición (Espasa, 2021).