Donald Trump se convertirá en diez días en el primer presidente en tomar posesión habiendo sido condenado por delitos penales en la historia de Estados Unidos. Después de que el Tribunal Supremo rechazara ayer su petición de emergencia para que paralizara el caso, agotando la vía judicial para evitar la sentencia, el juez Juan Merchan de Manhattan ha emitido esta mañana su veredicto por el caso Stormy Daniels: una “exención incondicional”, lo que en Nueva York significa que la condena emitida por el jurado popular se mantiene, pero el acusado será puesto en libertad “sin encarcelamiento, multa ni supervisión de la libertad condicional”.
Al programar la sesión la semana pasada, el juez ya avanzó que la sentencia no implicaría penas de prisión, pero el veredicto supone igualmente un golpe judicial y simbólico contra Trump, pues lo convertirá en el primer presidente criminal. De las cuatro imputaciones penales que recibió, esta es la única causa contra el republicano que ha llegado hasta el final, después de múltiples aplazamientos tras el fallo del Supremo que le concedió el año pasado inmunidad por los delitos cometidos en “actos oficiales”, así como por su condición de candidato, primero, y de presidente electo, después.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a su juicio por el caso Stormy Daniels en Nueva York, el martes 23 de abril de 2024
“Soy completamente inocente”, ha dicho Trump momentos antes de recibir la sentencia, en una comparecencia virtual, en la que ha calificado el caso como “un tremendo revés para el sistema judicial de Nueva York” y ha lamentado que ha sido tratado “muy, muy injustamente”. Su abogado, Todd Blanche, ha señalado que “la mayoría de los estadounidenses” creen que nunca debería haber sido procesado. En un correo enviado a sus donantes durante la mañana, Trump lo ha calificado como parte de una persecución política “diseñada para sembrar el caos e interrumpir el traspaso pacífico del poder en este momento crucial”. Durante toda la campaña, lo describió como parte de una “caza de brujas” y una “interferencia electoral”.
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El republicano fue condenado en mayo por un jurado popular de Manhattan por 34 delitos de falsificación documental y vulneración de las leyes estatales de financiación de campaña por los pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels, en plena campaña electoral del 2016, para acallar una relación sexual que habían mantenido diez años antes. Hoy ha recibido su sentencia, que el juez Merchan ha justificado asegurando que “nadie está por encima de la ley” y que el presidente electo sigue siendo “un ciudadano”.
Los pagos, realizados a través de su exabogado Michael Cohen, que declaró en el juicio, fueron reembolsados por Trump y falsamente registrados como gastos legales de su empresa. Cada uno de los 34 delitos se refieren a las distintas facturas, registros contables y cheques que falsificó, algo que ocurrió cuando ya era presidente. Los abogados del magnate trataron de evitar la sentencia a base de recursos alegando que el Supremo le había concedido inmunidad, pero los distintos tribunales de apelaciones han considerado que los pagos se realizaron como una actividad privada y no en el ejercicio público de sus funciones, por lo que no están protegidos por la inmunidad presidencial.
Tras el rechazo de la corte de apelaciones de Nueva York, en el último recurso de emergencia ante el Supremo, la defensa de Trump argumentó que, ahora que es el presidente electo, debe estar libre de procesamiento, pues iba a suponer “graves injusticias y daños a la institución de la presidencia y al funcionamiento del gobierno federal”. Sin embargo, la máxima instancia judicial rechazó bloquear o aplazar el caso, con una mayoría de cinco a cuatro jueces, alegando que “la carga que la sentencia impondrá a las responsabilidades del presidente electo es relativamente insustancial”, por lo que, a pesar del daño simbólico a la institución, no le impedirá el normal desempeño de sus funciones como presidente.
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Al tratarse de un caso estatal, el republicano no podrá indultarse a si mismo cuando llegue a la Casa Blanca, pues la autoridad del perdón presidencial tan solo se extiende a los casos federales. Por este motivo, el presidente Joe Biden sí pudo indultar a su hijo en las dos condenas federales que pesaban sobre él y Trump podrá indultar a los condenados por el asalto al Capitolio, entre otros.
Sin embargo, ahora que ha sido sentenciado, Trump si podrá iniciar su apelación formal, algo que ya avanzó que tiene previsto hacer a pesar de no recibir penas de prisión: “Vamos a recurrir de todos modos, por motivos psicológicos, porque francamente es una vergüenza”, dijo en una rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago, en la que dijo que el juez Merchan debería estar “descalificado” y que tan solo está “divirtiéndose con su adversario político”.
El desenlace de este caso penal en Nueva York es muy distinto a los otros tres que le acompañaron durante su campaña electoral y que le permitieron venderse como víctima de una “caza de brujas” orquestada por la administración de Biden y por un supuesto Estado profundo. Tras ganar las elecciones, el fiscal especial Jack Smith, que lideró las imputaciones por el caso del asalto al Capitolio y la retención de documentos clasificados en su residencia tras abandonar la Casa Blanca, retiró las acusaciones argumentando que iba en contra de la doctrina del departamento de Justicia perseguir penalmente a presidentes. Con esta decisión, estaba también reconociendo que los casos no iban a prosperar, pues el departamento dependerá del propio Trump a partir del 20 de enero.
El caso penal de Nueva York es el único que ha llegado a juicio de los cuatro por los que Trump fue imputado
La otra imputación penal que recibió, por tratar de manipular el resultado de las elecciones en el estado clave de Georgia tras los comicios del 2020, se encuentra en un limbo después de que el tribunal de apelaciones de Georgia apartara a la fiscal que presentó la imputación, Fani Wilis, por su relación personal con el ex fiscal especial Nathan Wade. Como su resolución no llegará antes de la toma de posesión de Trump, el republicano puede respirar aliviado, pues su condición de presidente le protegerá de procesamientos a nivel estatal.
Si el Supremo hubiera aceptado aplazar o paralizar el caso de Nueva York, por el que hoy ha recibido sentencia, Trump también se habría podido librar del mal trago ser el primer presidente convicto. Cuando tome posesión, el republicano, que se declara víctima de una persecución política, ya ha prometido que se vengará de todos los que han liderado los casos en su contra, como el fiscal de distrito Alvin Bragg de Nueva York, o el fiscal especial Jack Smith.
La solicitud de emergencia al Supremo había sido presentada por tres de sus elegidos para tres de los cargos más altos del departamento de Justicia, a la espera de su confirmación en el Senado: Todd Blanche y Emil Bove, a quienes nominará como fiscales generales adjuntos, y John Sauer, como procurador general. Este último será el encargado de representar al Gobierno en aquellos casos que se diriman ante el Tribunal Supremo en los próximos cuatro años.
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