Santos Cerdán pasará las navidades en familia. Tras cuatro meses y medio encarcelado, quien hasta antes de verano fuera el hombre de confianza de Pedro Sánchez, salió ayer del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). Pasadas las siete de la tarde aseguró ante los medios de comunicación que lo estaban esperando que se “están diciendo muchas mentiras y manipulaciones sobre mi persona” y se mostró “confiado en que la verdad se imponga”. Su puesta en libertad coincidió con la petición de 24 años de cárcel de la Fiscalía para su antecesor en la secretaría de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Cerdán, anoche al salir de la cárcel
“Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia”.
El exsecretario de organización del PSOE abandonaba la prisión acompañado de su abogado, después de que a las 11 de la mañana, el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, acordara su libertad tras cuatro meses y medio. Fue el 30 de junio cuando Cerdán entraba en el alto tribunal para declarar como investigado y salió en furgón policial directo a la prisión.
Santos Cerdán, junto a su abogado, Jacobo Teijelo, saliendo anoche de Soto del Real
Anticorrupción pide 19 años y medio de cárclel para Koldo García por los mismos delitos
Desde entonces, el magistrado ha negado en varias ocasiones su libertad bajo el mismo argumento utilizado para su encarcelamiento. De la investigación se desprendía que Cerdán, secretario de organización del PSOE hasta su imputación, era la cabeza pensante de la trama formada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Cerdán era quien negociaría las comisiones con empresas, principalmente Acciona, y luego repartiría las ‘mordidas’. Según la investigación, necesitaba al Ministerio de Transportes (MITMA) para sus negocios. Y por esa razón, él era el único que sabía quienes eran los corruptores. Hasta que no se les localizara y registrara, Cerdán debía quedar encarcelado.
Dicho y hecho. El viernes pasado, la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil registraba varias sedes de Acciona. El lunes, el juez citaba como investigados a tres exaltos cargos de la compañía. Con los presuntos responsables de estas comisiones identificados y citados y con los papeles y demás dispositivos incautados, la razón de ser de la prisión de Cerdán había desaparecido.
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El último paso antes de la libertad, fue la del instructor el martes de levantar el secreto parcial de la pieza que afectaba directamente a Cerdán puesto que define la manera de cómo podía haber cobrado en especie parte de las comisiones. Su libertad no significa que hayan disminuido los indicios contra él sino todo lo contrario. El magistrado sostiene que se han robustecido pero no hay riesgo de destrucción de pruebas, razón por la que se le encarceló.
Con este levantamiento, se conoció el último informe de la UCO, fechado el 11 de noviembre, con el papel de cada uno de los responsables de Acciona investigados, las relaciones con Cerdán y como se le pagó. La tesis de los agentes es que la manera de pagar a Cerdán fue a través de una empresa navarra, Servinabar, creada en 2015 por su actual administrador único, Antxón Alonso, y Koldo García. Para aquel entonces, García y Cerdán ya trabajaban juntos en Navarra, cuando éste era un alto cargo del PSN.
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El ‘modus operandi’ dibujado por la UCO es que Acciona, una gran empresa, se presentaba a ciertos concursos públicos en unión temporal de empresas (UTE) con Servinabar. Del precio de la licitación, la navarra obtenía el 2%. Calcula que la trama, liderada por Cerdán, Ábalos y García, se habría embolsado 6,7 millones de euros al cobrar el 2% o el 2,19% de las obras que lograba adjudicar a la empresa Acciona. Los agentes relatan varios encuentros entre Alonso y diversos directivos de Acciona que dieron sus frutos en mayo del 2017 “con la firma de un contrato entre Acciona y Sevinabar para asesorar en el proyecto Mina Muga con un precio estipulado de 2,8 millones de euros”. Servinabar habría ingresado 10 millones de euros entre 2015 y 2025 “lo que supone el 75% de los ingresos totales percibidos por la sociedad”
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha salido pasadas las 19:15 horas de Soto del Real
El pago a Cerdán, según los agentes, era vía contratos familiares. Servinabar contrató a la mujer de exdirigente socialista, a su hermana y a su cuñado. Además, el propio Cerdán firmó un contrato privado con Alonso mediante el cual adquiría el 45% de las participaciones de la compañía. Ese contrato no se elevó a notario y Cerdán sostiene que finalmente lo desechó cuando decidió que no abandonaba la política.
La tesis de los agentes es que la forma de pagar a Cerdán fue a través de la empresa navarra, Servinabar
Sin embargo, Cerdán o su entorno familiar utilizó la tarjeta de la empresa para gastos particulares como restaurantes y compras varias. Y lo hicieron justo hasta el día antes de la detención de Koldo García en febrero del 2024. Arrestado García, la máquina del dinero se frenó en seco. Hasta unos meses después de aquella detención no se investigaría a Ábalos y Cerdán llegó mucho más tarde, en junio de este año. Sin embargo, por lo que parece de estos movimientos, el arresto de uno de los miembros de la trama activó las alarmas al resto de la organización, como lo define el propio juez.
Otra manera de presuntamente cobrar las comisiones sería con el pago a través de la empresa navarra del piso donde Cerdán estuvo viviendo en Madrid desde que llegó a finales del 2017 cuando Sánchez fue elegido secretario general del PSOE.
La trama se habría embolsado 6,7 millones de euros al cobrar sobre el 2% de adjudicaciones
Este modus operandi es similar al que disecciona la Fiscalía Anticorrupción en el escrito de acusación contra Ábalos presentado en el día de ayer. El caso Koldo consta de varias piezas. Puente concluyó hace unos días la primera, la relativa a los contratos de mascarillas adjudicados desde Transportes a la empresa de Víctor de Aldama, quien ha reconocido que pagó mordidas a cambio de tener ventajas tanto dentro del MITMA como el otras administraciones gracias al cargo de Ábalos de ministro y de secretario de Organización del PSOE. El fiscal explica que Ábalos, Aldama y García idearon un convenio criminal para el pago de las mordidas. Lo primero que hicieron fue firmar entre Ábalos y Aldama un contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso en pleno centro de Madrid de 750.000 euros. Según explica el fiscal, nunca existió la pretensión real de compra si no que era un seguro para que Aldama pagase las comisiones. Es decir, mientras que el empresario cumpliese con su acuerdo, Ábalos no ejecutaría ese contrato, como así fue.
Dentro de ese convenio, Aldama pagó 10.000 euros mensuales a García, que se lo daba en metálico. Para agraciarse con Ábalos para conseguir mejoras para sus empresas, Aldama también pagó el alquiler de la pareja sentimental del ministro, Jésica Rodríguez, desde octubre del 2018, llegándose a pagar un total de 82.200 euros. Los contratos a Aldama ascendieron a 54 millones de euros.
Por todo ello, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, pide para Ábalos 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
Para su exasesor, Koldo García, pide 19 años y medio de cárcel por los mismo delitos aunque rebaja alguna de las penas al ser su cargo de menor responsabilidad; y para Aldama, siete años. Además, les pide una multa de 3,7 millones de euros. Y con todo ello, Luzón ha pedido al juez Puente que convoque una vista para pedir un cambio de medidas cautelares y endurecerlas, lo que podía ser incluso el envío a prisión. Al estar cada vez más cerca el juicio, el riesgo de fuga se incrementa.
