Son las cinco de la tarde cuando Giorgia Meloni publica un video en sus redes sociales. Tiene un papel en la mano procedente de la Fiscalía de Roma y explica de inmediato de qué se trata: “He recibido una notificación de investigación”. Los jueces de la capital italiana están investigando si hay delitos de encubrimiento y malversación en la gestión de la repatriación del general libio Osama Almasri, liberado y devuelto a su país en un avión del Estado a pesar de una orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional. Junto a la primera ministra, también han recibido una notificación de investigación el ministro de Justicia, Carlo Nordio; el ministro del Interior, Matteo Piantedosi; y el subsecretario de la presidencia, Alfredo Mantovano, autoridad delegada para los servicios secretos.
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La escena de un supuesto criminal —jefe de la policía judicial libia y del centro de detención de Mitiga— acusado de crímenes atroces en las cárceles de migrantes, descendiendo de un avión del Estado italiano en el aeropuerto de Trípoli y recibido con celebración por sus milicianos, se había convertido en un asunto muy embarazoso para el gobierno italiano. Este episodio generó incomodidad no solo a nivel nacional. Repatriar rápidamente a Libia al general fue una decisión política para evitar tensiones con las autoridades norteafricanas.
Con esta decisión de los jueces, el asunto se convierte, en cambio, en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre política y magistratura, retrotrayendo el reloj a los tiempos de los gobiernos de Silvio Berlusconi.
En el video con el que Giorgia Meloni anuncia la investigación, pasa rápidamente al ataque: “No me dejo intimidar. El fiscal de la República, Lo Voi, es el mismo que llevó a cabo el juicio fallido contra Matteo Salvini por secuestro de personas”. La primera ministra también lanzó críticas hacia la Corte Penal Internacional: “La orden de arresto llegó cuando esta persona estaba a punto de entrar en territorio italiano, después de haber permanecido tranquilamente durante 12 días en otros tres Estados europeos”. La derecha sospecha que la Corte Penal quiso poner en dificultades al gobierno italiano tras las polémicas surgidas entre Roma y La Haya por la solicitud de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
La noticia llega en pleno enfrentamiento entre la magistratura y el gobierno por la reforma de la justicia. El sábado pasado, en la inauguración del año judicial, los magistrados protestaron visiblemente mostrando una copia de la constitución, contra el proyecto del ejecutivo de separar las carreras de fiscales y jueces. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, cree que no es casualidad: “Esta investigación parece una venganza”. La oposición de centroizquierda criticó duramente la decisión del gobierno, pero el ex primer ministro Matteo Renzi, líder del partido centrista Italia Viva, advierte sobre los riesgos: “La decisión de repatriar al criminal libio es políticamente errónea, pero tengo la impresión de que Meloni pretende aprovechar esta notificación de investigación para alimentar su habitual victimismo”.